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No fue una decisión de la noche a la mañana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, venía analizando desde hace varios meses la reapertura de los pasos fronterizos con Colombia. Y no porque él lo necesite, pues si bien su país vive una crisis humanitaria y el gobierno pasa por difíciles momentos, analistas coinciden en que la dictadura parece haberse estabilizado. Es decir, no hay una amenaza que lo obligue a cambiar sus desastrosas políticas.
“En Venezuela ya no hay democracia, pero hay whisky. A pesar de las sanciones internacionales y la crisis de salud pública causada por la pandemia, el régimen poco a poco se consolida. Los años de escasez y desabastecimiento están quedando atrás. Hoy se consigue una amplia gama de productos, incluso los tapabocas y productos para la bioseguridad, algunos con precios elevados que muy pocos venezolanos pueden pagar, pero las leyes de la oferta y la demanda han empezado a hacer caer los precios en una economía prácticamente dolarizada. Incluso en algunas zonas de Venezuela se consigue whisky más barato que en Colombia”, escribía en este diario Ronal Rodríguez, coordinador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, a propósito del balance de los dos años del cierre del paso fronterizo, en 2019.
La frontera fue cerrada al paso de vehículos en agosto de 2015 por orden del gobierno de Nicolás Maduro y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por el mandatario el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria.
Desde entonces la crisis se ha intensificado, aunque Maduro no lo reconozca. La última encuesta sobre pobreza en ese país es demoledora: tres de cada cuatro venezolanos viven en pobreza extrema, en medio de una larga crisis económica complicada por los confinamientos por la pandemia de COVID-19 y la escasez de combustible, según un estudio académico presentado el miércoles de la semana pasada.
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Un 76,6 % de los hogares sufren pobreza extrema, ya que sus ingresos no cubren sus necesidades alimenticias, y un 94,5 %, pobreza, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021, coordinada por la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
“Llegamos a un techo de la pobreza”, mientras la pobreza extrema sí sigue escalando, dijo el sociólogo Luis Pedro España, que estima la población de Venezuela en 28,7 millones de habitantes después de que más de cinco millones emigraran desde 2014. Todo se complicó con la cuarentena y el colapso de la industria petrolera. El estudio señala que la pandemia ha golpeado las remesas: 11 % de los hogares que las tenían en 2020 han dejado de percibirlas y un 22 % ha visto que disminuyen en cantidad y frecuencia.
Y es en medio de esta coyuntura que los gobiernos locales y los gremios comenzaron a trabajar por su lado para lograr una reactivación económica, a pesar de los palos en la rueda que desde las administraciones centrales le ponían al proceso. Es una realidad que ambos países necesitan reactivar la economía, los dos países se necesitan para superar la crisis dejada por la pandemia.
“Los dos lados necesitan una reactivación económica y nuestro principal mercado es Venezuela, Norte de Santander es uno de los departamentos más golpeados por el desempleo y la economía; los dos presidentes debieron aceptar este paso, porque con él se benefician colombianos, venezolanos y no solo el comercio, la seguridad, la presencia de bandas y grupos armados que se aprovechaban del cierre para manejar sus negocios ilícitos”, le explica a este diario Ronal Rodríguez.
¿Cómo fue el proceso?
Todo comenzó en marzo de 2020, cuando se dio una crisis ambiental en Norte de Santander por una gruesa capa de humo que afectó a la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. De acuerdo con Corponor, el fenómeno estaba relacionado con la quema de basuras en el sector de La Mulata, zona rural del lado venezolano en el estado Táchira.
El problema llevó a que los principales gremios económicos y autoridades de Norte de Santander y Táchira se contactaran y establecieran un diálogo que no fue fácil. Fuentes cercanas a este proceso le dijeron a este diario que fueron cerca de 18 encuentros entre autoridades regionales binacionales, que se echaron el proceso al hombro, mientras desde Bogotá y Caracas le siguen poniendo palos a la rueda.
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El diputado y protector de Táchira, Freddy Bernal, aseguró desde el puente internacional Simón Bolívar que dicha reapertura “era un anhelo de millones de seres humanos de lado y lado, y hoy por eso estamos celebrando”. El también candidato a la Gobernación del estado Táchira, en Venezuela, enfatizó que todo ha sido resultado de diálogos entre las delegaciones que se reunieron antes para lograrlo.
“Veníamos avanzando. Primero debíamos tener un cordón de bioseguridad y por eso tenemos puestos de vacunación en Delicias, Guarumito, Boca de Grita, en San Antonio y Ureña. Luego venía el paso de los estudiantes y el tercer paso es el que acaba de darse hoy, que consistió en la remoción de los contenedores”, dijo Bernal.
¿Por qué Maduro accedió?
Ronal Rodríguez explica que, si bien esto beneficia a miles de ciudadanos colombianos y venezolanos, hay un reacomodamiento del gobierno de Maduro. “Hay un certamen electoral en diciembre que puede incluso tener acompañamiento internacional. Abrir las fronteras le permite a la gente de la zona tener acceso a bienes y servicios, a vacunas. El gobierno venezolano se descarga en la necesidad de vacunar a la zona de frontera a connacionales, pues es más fácil que se puedan vacunar en Colombia”, dice Rodríguez.
Aunque la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, asegure que desde hace un mes están vacunando a población colombiana y venezolana en la zona de frontera. Algo que no cuadra, teniendo en cuenta que ese país apenas recibió un cargamento de la vacuna rusa el pasado viernes; antes no tenían dosis disponibles.
“Nosotros no hemos hecho ningún tipo de distinción para beneficiar a los más de 6 millones de hermanos colombianos que vinieron a nuestro país huyendo de la guerra. Lo correcto es la coordinación de los gobiernos para atender la pandemia, dejar la politiquería, esa obsesión de intolerancia política ideológica del gobierno de Iván Duque hacia Venezuela y concentrarnos en cuidar la salud y la vida de nuestra población fronteriza”, manifestó.
Por su parte, Iván Duque le respondió que “Colombia está dispuesta a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo. Pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con ‘chambonadas’ (errores) y ni va a ser de manera súbita”.
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Lo cierto es que la frontera cerrada afectaba a todos: paso de migrantes por las trochas, el aumento de bandas delincuenciales en la zona y otras dinámicas que el cierre de los pasos fronterizas acentuaban. “Con la apertura se les daña el negocio a las bandas (que en algún momento se reacomodarán), tendrán más acceso a bienes y servicio, pues si recordamos lo que pasaba en 2015, el puente Simón Bolívar era uno de los más activos para comerciantes de ambos países, pues miles de colombianos cruzaban a Venezuela a ofrecer productos y servicios”, agrega Rodríguez.
¿Qué sigue? Autoridades locales piden la revisión de la estructura del puente Simón Bolívar, pues desde 2019 fue bloqueado por contenedores repletos de arena, lo cual pudo afectar esa construcción, al ser una estructura diseñada para soportar paso en movimiento y no un peso fijo.
“Esto demuestra que se puede construir, aunque con tiempo y muchos dolores de cabeza, una confianza para resolver los problemas de millones de personas que padecen en el día a día que no tengamos relaciones con nuestro vecino más importante. Hay que reconocer el trabajo de los gobiernos y gremios locales, que lograron una dinámica de confianza”, concluye Rodríguez.
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