Lo que queda por hacer tras el fallo de La Haya en pleito Nicaragua vs. Colombia

Aunque el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se leyó este jueves en La Haya puso fin a un largo pleito jurídico entre Nicaragua y Colombia, el trabajo parece lejos de terminar. Los asuntos pendientes ―coinciden distintos expertos― pondrán a prueba la capacidad política, técnica, administrativa y diplomática de Colombia, con fines tan importantes como el bienestar de la población del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como la seguridad, la economía, la biodiversidad y el patrimonio cultural de todo el país.

Aunque el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se leyó este jueves en La Haya puso fin a un largo pleito jurídico entre Nicaragua y Colombia, el trabajo parece lejos de terminar. Los asuntos pendientes ―coinciden distintos expertos― pondrán a prueba la capacidad política, técnica, administrativa y diplomática de Colombia, con fines tan importantes como el bienestar de la población del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como la seguridad, la economía, la biodiversidad y el patrimonio cultural de todo el país.

El fallo de la CIJ negó todas las pretensiones de Nicaragua en el caso, que buscaba un reconocimiento de una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas desde su costa. En otras palabras: que el alto tribunal le extendiera el territorio submarino. Esto no ocurrió. No obstante, para el agente defensor de Nicaragua, Carlos Argüello, ese país salió “bien” de la disputa, dado que la corte confirmó los límites fijados en el fallo de 2012 (que ratificó la soberanía colombiana sobre las islas, pero que extendió la zona marítima de Nicaragua), algo que es cierto, pero que no estaba en discusión.

En Colombia, pese a que el presidente Gustavo Petro iba a ir a San Andrés para la lectura del fallo, cita que incumplió, prácticamente todo fue celebración: desde los funcionarios que estuvieron en administraciones pasadas hasta los actuales aplaudieron. “Hoy empieza una nueva historia para #Colombia y nuestra gente #Raizal”, se apresuró a trinar la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay, quien también fue coagente en la recta final del caso, además de ser raizal, nacida en Providencia.

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En su declaración desde San Andrés, el canciller Álvaro Leyva, además de señalar que el presidente siempre “ha estado pendiente” del proceso y la “permanente preocupación” del mandatario por el archipiélago, calificó el fallo de “trascendental”. Estimó que la decisión del máximo tribunal de Naciones Unidas en este caso “hará eco en otras regiones en las que inútilmente se creó tensión, evitando así conflictos que podrían poner en riesgo la seguridad global”. En efecto, el fallo ha sentado un precedente internacional, empezando por el método que la Corte usó para dirimirlo.

Fue en octubre de 2022 cuando muchas personas se sorprendieron de que la CIJ, en pocas palabras, les pidiera a las partes involucradas que dijeran cómo resolverían el caso. Esto, debido a que Colombia no ha ratificado la Convención del Mar, un tratado que habría dado otras luces en el proceso. Para Leyva, las audiencias de diciembre pasado, en las que el equipo de defensa de Colombia respondió a la solicitud de la Corte, “fueron definitorias”. Según él, “permitieron calibrar a nuestros nuevos agentes y dio una segunda oportunidad a nuestros asesores internacionales”.

Una de las primeras decisiones de Gustavo Petro como presidente fue, precisamente, cambiar a los líderes del grupo defensor de Colombia. Salieron Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, quienes venían desde la administración de Juan Manuel Santos. De ellos, aunque es reconocida su amplia trayectoria en distintas ramas del derecho, se señalaba que no eran expertos en derecho internacional. Llegaron, entonces, Eduardo Valencia-Ospina, Carolina Olarte-Bácares (también embajadora en Países Bajos) y la viceministra Elizabeth Taylor Jay.

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No obstante, tanto Santos, su excanciller María Ángela Holguín, como el también expresidente Iván Duque, no tardaron en celebrar el fallo, cuyo proceso, en la mayor parte, fue adelantado por sus equipos, durante sus administraciones. La demanda que se resolvió el jueves había sido presentada en 2013, la segunda que interpuso Nicaragua. La primera fue la de 2001, resuelta en 2012, mientras que el fallo de la última (presentada también en 2013) se conoció en abril de 2022. Fue entonces que la Corte, aunque negó las pretensiones de Nicaragua sobre cómo medir su mar territorial, dijo que Colombia sí había violado la zona marítima del otro país.

Aunque pueda sonar desalentador decir que todo está por hacer después de un litigio de más de 20 años, eso no parece lejos de la realidad. “La delimitación definitiva entre Colombia y Nicaragua no está del todo demarcada porque el fallo de hoy (jueves) sienta criterios, pero no un trazo”, explica Fabián Cárdenas, profesor de la Universidad Javeriana. “Para poder poner fin a esto, para tener un mapa concreto, la Corte dio los criterios para que Colombia y Nicaragua se sienten a negociar el trazo con base en la aplicación de los fallos”.

Uno de los primeros pasos, señala el experto, debería ser que Colombia unifique su criterio. “Si el mensaje ha sido el respeto al derecho internacional, que eso sea tanto para el fallo de 2012, como el del 2022, como el del 2023. Colombia no puede tomar la posición de decir que el fallo que ganamos lo respetamos, pero el de 2012 no. Esa falta de congruencia no es posible”. Recuerda que en el gobierno Santos la postura fue decir que el fallo de 2012 es legalmente inaplicable, algo en lo que insistió Iván Duque. En la práctica, dice Cárdenas, eso “no es tan cierto porque hay aspectos que son claros”, en referencia a los límites de la Zona Económica Exclusiva.

Agregó no solo que Colombia debe cumplir los fallos, primero, para que no haya nuevos litigios, pero también para que se pueda negociar con Nicaragua lo que haya que negociar. En esto coincide Rodolfo Cano, profesor de la Universidad Externado: “Desde lo fronterizo y lo militar, lo que viene para Colombia debe ser una negociación bilateral directa con el gobierno de Nicaragua, que aborde temas fundamentales como la integración, el desarrollo y la seguridad del mar Caribe. Asimismo, en contra del tráfico de estupefacientes y la explotación ilegal de recursos naturales, siempre buscando procurar un buen entendimiento entre los países por el bien de los pobladores y en general del mar Caribe”.

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También coinciden en que en esto la diplomacia es fundamental. “Lo primero será revisar, por parte del canciller Álvaro Leyva y del mismo presidente Gustavo Petro, las actuaciones del embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, con el fin de corregir o rectificar la representación diplomática en un momento tan importante para Colombia”, dice Cano días después de que se desatara la controversia por la participación del embajador Muñoz en una marcha sandinista en Nicaragua.

Finalmente, los expertos concuerdan en que tomar la postura correcta es la única manera de velar por el bienestar de las islas y su gente. “La decadencia que ha tenido la isla económicamente se debe a que el litigio ha afectado eso, porque se decía ‘San Andrés está en litigio, dejemos eso en stand by’, y así se dejó (…) Retomar la diplomacia, técnica y articulada [con las otras entidades del Estado] es fundamental”, señala Cárdenas.

“El siguiente paso debe ser la formulación de una política pública integral que permita el desarrollo y la conformación del territorio insular como parte del territorio nacional, con inversión social y proyectos productivos que verdaderamente promuevan su crecimiento y desarrollo”, concluye Cano.

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