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A última hora del lunes 13 de agosto, el expresidente Donald Trump y 18 de sus aliados fueron acusados como parte de una extensa investigación por asociación delictuosa sobre un intento múltiple para anular su estrecha derrota electoral en Georgia en 2020.
Para Trump, quien ahora enfrenta cuatro causas penales separadas, la acusación establece 13 cargos, entre ellos asociación delictuosa, perjurio y presión a funcionarios públicos para que violen su juramento de cargo.
Entre los imputados en la acusación de 41 cargos, que supone la culminación de una investigación de dos años y medio en el condado de Fulton, Georgia, se encuentran el exjefe de Gabinete de Trump en la Casa Blanca, Mark Meadows, y varios abogados, entre ellos Rudy Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis y Sidney Powell.
“Ahora es deber de mi oficina probar estos cargos en la acusación más allá de toda duda razonable en el juicio”, dijo la fiscal de distrito Fani Willis, que supervisó la investigación, en una rueda de prensa tras darse a conocer la acusación. Mencionó que los acusados, incluido Trump, tendrán hasta el mediodía del 25 de agosto para ir a Atlanta y entregarse voluntariamente para ser fichados y procesados.
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De los cuatro casos a los que se enfrenta Trump (una carga procesal de por sí asombrosa para un político que se postula de nuevo a la presidencia), este es el segundo centrado en sus intentos de anular las elecciones de 2020. A pesar de ello, sigue muy por delante de sus competidores en la carrera por la candidatura presidencial republicana de 2024 y está codo con codo con el presidente Joe Biden en una potencial revancha, según una encuesta del New York Times/Siena College realizada a fines de julio.
Esto es lo que sabemos sobre la investigación en el condado de Fulton, que incluye la mayor parte de Atlanta.
¿Por qué se investiga a Trump en Georgia?
Willis comenzó a investigar si Trump y sus asociados violaron las leyes de Georgia poco después de que se dio a conocer una grabación en la que se escuchaba a Trump hablar por teléfono con Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia, el 2 de enero de 2021. Durante la llamada, Trump insistía en que había ganado las elecciones en el estado de Georgia y hacía acusaciones infundadas de fraude, aun cuando varios recuentos confirmaban que había perdido.
Trump le dijo a Raffensperger que quería que “encontrara” 11.780 votos en el estado, uno más de los que necesitaba para ganar Georgia y sus votos del Colegio Electoral.
Con el tiempo, documentos judiciales y otros registros públicos revelaron que Willis, un demócrata, también estaba investigando declaraciones falsas que los abogados de Trump hicieron en audiencias legislativas estatales; una reunión de 16 republicanos pro-Trump que emitieron votos falsos del Colegio Electoral para él; una campaña de intimidación contra un par de trabajadores electorales del condado de Fulton falsamente acusados de fraude, así como una labor exitosa de aliados de Trump en copiar software sensible en una oficina electoral en el condado rural de Coffee, Georgia.
¿Qué leyes podrían haber sido violadas?
La acusación establece varios cargos, entre ellos pedir que un funcionario público viole su juramento, declaraciones y escritos falsos, hacerse pasar por un funcionario público, falsificación y asociación delictuosa para cometer robo informático.
Los 19 acusados se enfrentan a cargos en virtud de la ley estatal de delincuencia organizada, que suele utilizarse para perseguir a los miembros de una “empresa” que ha participado en un patrón de actividad delictiva.
La ley federal contra la delincuencia organizada es más conocida por su uso contra los miembros de la mafia. Pero las leyes federales y estatales contra el crimen organizado se han utilizado en una amplia gama de casos. Los fiscales suelen utilizar estas leyes para asegurarse de que los líderes de una empresa criminal, y no solo los de bajo nivel, rindan cuentas.
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¿Quién más está siendo investigado?
La investigación de Georgia parece ser la respuesta judicial más exhaustiva hasta ahora a la labor que Trump y sus asesores y otros asociados emprendieron para mantenerlo en el poder después de perder las elecciones de 2020.
Giuliani, el exalcalde de Nueva York, como abogado de Trump, hizo numerosas afirmaciones falsas sobre fraude electoral en audiencias legislativas de Georgia.
También se acusa a David Shafer, expresidente del Partido Republicano estatal, quien supervisó la reunión de los falsos electores en diciembre de 2020; más de la mitad de los electores han estado cooperando con la oficina de Willis.
Los abogados que trabajaron para mantener a Trump en el poder (incluidos Eastman, Powell, Ellis y Chesebro) fueron acusados de asociación delictuosa y otros cargos. Meadows, el exjefe de Gabinete de la Casa Blanca, fue citado a declarar el año pasado ante un gran jurado especial que colaboró en la investigación, también fue acusado de asociación delictuosa y de otros cargos.
El Departamento de Justicia no permitió que declarara Jeffrey Clark, un antiguo abogado de alto rango del departamento que trató de intervenir en Georgia en nombre de Trump después de las elecciones de 2020. También fue acusado.
Varias personas cuyos nombres han sido mencionados en relación con la investigación han dicho que no hicieron nada ilegal, incluido Trump, que ha descrito su llamada a Raffensperger como “absolutamente perfecta”.
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¿Qué sigue?
Ahora que la acusación de Georgia se dio a conocer, los acusados tendrán que acudir a Atlanta para ser fichados y procesados. El plazo de Willis significa que tienen hasta el 25 de agosto al mediodía para hacerlo voluntariamente.
Las posibles condenas podrían ser muy elevadas: tan solo la infracción de la ley contra el crimen organizado puede acarrear una pena de entre 5 y 20 años.
También está la cuestión de si podría haber un juicio, dados los problemas judiciales de Trump en otros tribunales. Y dado el número de acusados, las cuestiones previas al juicio, como la selección del jurado, podrían llevar meses.
El lunes, Willis dijo que tenía la intención de juzgar a los 19 acusados juntos y que solicitaría una fecha para el juicio en los próximos seis meses.
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