Lo que sigue para el Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos

Hasta el próximo martes 23 de febrero todos los actores interesados pueden presentar las observaciones al proyecto de decreto del Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos ETPV, en la página web de la Cancillería.

La estrategia del gobierno colombiano se ha concentrado en la visibilización internacional de la ruta para la acogida e integración de los venezolanos que se encuentran en el país, logrando importantes apoyos de la ONU, ACNUR, la Unión Europea, los Estados Unidos y el Papa Francisco, entre otros.

Actualmente nos encontramos en la etapa de socialización y apropiación por parte de los actores de la sociedad civil, las ONG y la academia presentarán las observaciones a la ruta diseñada por el gobierno.

El camino para la materialización del Estatuto es complejo y no garantiza la integración e inclusión de la población migrante proveniente de Venezuela en Colombia, cómo todas las normas, requiere la edificación de un consenso nacional para convertirse en un instrumento efectivo de acogida.

Después de la aprobación del decreto, le siguen la elaboración de las resoluciones de la Cancillería y de Migración Colombia en las que se desagregarán todas las características de su implementación, así como en las guías, circulares y diálogos interinstitucionales para lograr el propósito de la integración.

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Después todas las instituciones y organizaciones del Estado y los diferentes actores de la sociedad colombiana, incluyendo a los actores privados: las EPS, el sector financiero, las instituciones educativas, las empresas, entre otros, deberán hacer un importante esfuerzo para que todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos acogidos por el estatuto temporal de protección puedan disfrutar plenamente de los derechos y cumplir los deberes y responsabilidades que les otorga el Estado colombiano.

La experiencia acumulada en estos más de cinco años por el Estado colombiano en el manejo migratorio le permite enfrentar los retos de la integración con mayor claridad y conciencia, pero ello no significa que el ETPV sea ya una realidad, por el contrario, es largo el camino por recorrer.

Le recomendamos: Así les fue a los migrantes venezolanos durante la pandemia

Por ejemplo, el Registro Administrativo para Migrantes Venezolanos, el RAMV, fue el ejercicio de identificación y caracterización más importante desarrollado por el gobierno colombiano y en toda la región para la población en condición de irregularidad. Si bien desbordó las expectativas, más venezolanos de los que se esperaba se registraron, aun así, se presentó un alto subregistro.

En la misma dirección el Permiso Especial de Permanencia, el PEP, fue una herramienta impulsada por el gobierno nacional y el instrumento de materialización de la solidaridad del Estado colombiano con los migrantes provenientes de Venezuela, pero en la práctica las EPS, los Bancos y hasta el sector comercial le negaron el acceso a servicios a la población beneficiada por el permiso especial. No por actuaciones de mala fe contra los migrantes, sino porque incluir dicho permiso implicaba inscribir personas que tenían un documento con más dígitos que los usados en el sistema de identificación colombiano.

Le puede interesar: Solo el 2 % de los venezolanos en Colombia puede cubrir sus necesidades básicas

Mucha de la experiencia adquirida por el Estado y sociedad civil deberían facilitar la nueva ruta que se emprende, no obstante, el éxito internacional de la medida es proporcional a la zozobra causada nacionalmente.

Los algunos de actores que defienden la atención, integración e inclusión migratoria ven con desconfianza las generalidades y vaguedad del Estatuto, se preocupan por la capacidad institucional de Migración Colombia para ejecutar la tarea encomendada y el nivel de discrecionalidad con el que podría actuar la entidad.

Del otro lado los adversarios de la integración cuestionan la capacidad económica del Estado colombiano para materializar el estatuto y se preocupan por los compromisos que se adquieren en el largo plazo, más en momentos que enfrentamos la peor crisis socioeconómica de la historia reciente causada por la pandemia.

Y otros, que buscan obtener réditos políticos, no han tardado en ponerse en contra poner los intereses y necesidades de los sectores populares colombianos contra el estatuto, conscientes de que la xenofobia y la aporofobia son fuerzas políticas que mueven electorado.

Los ojos del mundo miran a Colombia como un país decidido a trabajar por la integración y regularización del mayor fenómeno de movilidad humana del mundo: La diáspora venezolana. Pero dicho proceso sólo es posible en la medida que se edifique el consenso nacional para materializar esa integración y regularización, y ello nos incluye a todos, al gobierno, a las diferentes instituciones y organizaciones del Estado nacional, departamental y local, a la sociedad civil organizada, a la cooperación internacional, pero sobre todo a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de nosotros.

Escuche aquí el programa de radio:

Ronal Rodríguez es investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.

Hasta el próximo martes 23 de febrero todos los actores interesados pueden presentar las observaciones al proyecto de decreto del Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos ETPV, en la página web de la Cancillería.

La estrategia del gobierno colombiano se ha concentrado en la visibilización internacional de la ruta para la acogida e integración de los venezolanos que se encuentran en el país, logrando importantes apoyos de la ONU, ACNUR, la Unión Europea, los Estados Unidos y el Papa Francisco, entre otros.

Actualmente nos encontramos en la etapa de socialización y apropiación por parte de los actores de la sociedad civil, las ONG y la academia presentarán las observaciones a la ruta diseñada por el gobierno.

El camino para la materialización del Estatuto es complejo y no garantiza la integración e inclusión de la población migrante proveniente de Venezuela en Colombia, cómo todas las normas, requiere la edificación de un consenso nacional para convertirse en un instrumento efectivo de acogida.

Después de la aprobación del decreto, le siguen la elaboración de las resoluciones de la Cancillería y de Migración Colombia en las que se desagregarán todas las características de su implementación, así como en las guías, circulares y diálogos interinstitucionales para lograr el propósito de la integración.

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Después todas las instituciones y organizaciones del Estado y los diferentes actores de la sociedad colombiana, incluyendo a los actores privados: las EPS, el sector financiero, las instituciones educativas, las empresas, entre otros, deberán hacer un importante esfuerzo para que todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos acogidos por el estatuto temporal de protección puedan disfrutar plenamente de los derechos y cumplir los deberes y responsabilidades que les otorga el Estado colombiano.

La experiencia acumulada en estos más de cinco años por el Estado colombiano en el manejo migratorio le permite enfrentar los retos de la integración con mayor claridad y conciencia, pero ello no significa que el ETPV sea ya una realidad, por el contrario, es largo el camino por recorrer.

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Por ejemplo, el Registro Administrativo para Migrantes Venezolanos, el RAMV, fue el ejercicio de identificación y caracterización más importante desarrollado por el gobierno colombiano y en toda la región para la población en condición de irregularidad. Si bien desbordó las expectativas, más venezolanos de los que se esperaba se registraron, aun así, se presentó un alto subregistro.

En la misma dirección el Permiso Especial de Permanencia, el PEP, fue una herramienta impulsada por el gobierno nacional y el instrumento de materialización de la solidaridad del Estado colombiano con los migrantes provenientes de Venezuela, pero en la práctica las EPS, los Bancos y hasta el sector comercial le negaron el acceso a servicios a la población beneficiada por el permiso especial. No por actuaciones de mala fe contra los migrantes, sino porque incluir dicho permiso implicaba inscribir personas que tenían un documento con más dígitos que los usados en el sistema de identificación colombiano.

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Los algunos de actores que defienden la atención, integración e inclusión migratoria ven con desconfianza las generalidades y vaguedad del Estatuto, se preocupan por la capacidad institucional de Migración Colombia para ejecutar la tarea encomendada y el nivel de discrecionalidad con el que podría actuar la entidad.

Del otro lado los adversarios de la integración cuestionan la capacidad económica del Estado colombiano para materializar el estatuto y se preocupan por los compromisos que se adquieren en el largo plazo, más en momentos que enfrentamos la peor crisis socioeconómica de la historia reciente causada por la pandemia.

Y otros, que buscan obtener réditos políticos, no han tardado en ponerse en contra poner los intereses y necesidades de los sectores populares colombianos contra el estatuto, conscientes de que la xenofobia y la aporofobia son fuerzas políticas que mueven electorado.

Los ojos del mundo miran a Colombia como un país decidido a trabajar por la integración y regularización del mayor fenómeno de movilidad humana del mundo: La diáspora venezolana. Pero dicho proceso sólo es posible en la medida que se edifique el consenso nacional para materializar esa integración y regularización, y ello nos incluye a todos, al gobierno, a las diferentes instituciones y organizaciones del Estado nacional, departamental y local, a la sociedad civil organizada, a la cooperación internacional, pero sobre todo a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de nosotros.

Escuche aquí el programa de radio:

Ronal Rodríguez es investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.