El calvario de tener a un hijo colombiano preso en El Salvador de Nayib Bukele

Alejandra Salazar creció y vivió en Bogotá. Sin casa propia, al menos hasta la pandemia, cuando su mamá obtuvo una a su nombre, se mudó a Rivera, Huila, con sus ocho hijos: dos mayores de edad, uno de ellos preso en El Salvador. Él terminó el colegio, pero no entró a la universidad. No pudo. Vivía del rebusque, haciendo un oficio distinto cada día. El último, el de la construcción, lo abandonó antes de decidir buscar oportunidades fuera de Colombia. Un amigo le habló del país de Nayib Bukele, “con oportunidades laborales, bueno para los jóvenes, el más seguro del mundo”. Creyó lo que vio en las redes sociales: la criptomoneda, los dólares, el trabajo.

Alejandra Salazar creció y vivió en Bogotá. Sin casa propia, al menos hasta la pandemia, cuando su mamá obtuvo una a su nombre, se mudó a Rivera, Huila, con sus ocho hijos: dos mayores de edad, uno de ellos preso en El Salvador. Él terminó el colegio, pero no entró a la universidad. No pudo. Vivía del rebusque, haciendo un oficio distinto cada día. El último, el de la construcción, lo abandonó antes de decidir buscar oportunidades fuera de Colombia. Un amigo le habló del país de Nayib Bukele, “con oportunidades laborales, bueno para los jóvenes, el más seguro del mundo”. Creyó lo que vio en las redes sociales: la criptomoneda, los dólares, el trabajo.

Sacó el pasaporte, tomó un avión y despegó el 7 de diciembre de 2022 con una maleta pequeña, con la ilusión más inmediata de trabajar, y una más lejana de comprar una casa y estudiar. Vendía gorras y camisetas por las calles, entre un departamento y otro, hasta que se topó con un policía. Alejandra no sabe lo que pasó, solo que a su hijo le pidieron los papeles, que estaba legalmente en El Salvador y que se lo llevaron a las bartolinas, a las pequeñas celdas dentro de las delegaciones. Desde mayo no escucha su voz. Una videollamada fue su último contacto con él. Ahora, al parecer, está en el penal de Izalco. “Me decía: mami, aquí las cosas no son tan fáciles. En un día bueno de trabajo puedo recoger un poco de dinero, pagar gastos y enviar algo a Colombia, pero aquí hay mucha pobreza. Que mi hermana no se venga, porque no es tan maravilloso”.

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Claudia Marcela Colpas también tiene un hijo preso en El Salvador. Ella, que vive en Pereira en el barrio el Danubio, desde hace más de dos décadas trabaja como aseadora en colegios de la zona. Él, desde los 11 años, la ayudaba a sostener la casa: trabajó como caddie en el club El Comercio; a veces llegaba con $40.000 o $50.000, cuando era un buen día. Tomó la decisión de estudiar los sábados para convertirse en profesor de tenis, pero el coronavirus truncó sus planes. Las canchas las cambió por muebles y madera, como ebanista. A los 18 años decidió irse del país, buscar otro rumbo. “Me dijo: madrecita, apóyeme, quiero viajar, darle un mejor futuro, necesito salir”, y lo quiso hacer hacia Centroamérica, aunque poco o nada sabía de El Salvador.

Cogió rumbo el 25 de enero pasado. Caminaba por las playas, con camisa de manga larga, a pesar del calor, para ocultar sus tatuajes: el del nombre de su hermano menor, varios sobre su papá y la inicial de su mamá: “Aquí joden mucho, no quiero problemas con la ley”. El 14 de febrero, a las 6:30 a.m., la llamó por última vez. Claudia Marcela iba para su trabajo y quedaron en hablar a su regreso, a eso de las 5:30 p.m., pero nunca más volvió a recibir una llamada o un mensaje. Nada. “Él era un reloj. Todas las mañanas se comunicaba conmigo para despedirse. Me quedé esperando que lo hiciera ocho días, que se convirtieron en 15, y más. Lo iba a dar por desaparecido, hasta que nos comunicamos con el Consulado. Nos confirmaron que se encontraba allá, pero primero nos pidieron enviar unos documentos que probaran que quienes lo estábamos buscando desde Colombia éramos su mamá y su hermana. Mandamos su registro civil y mi cédula. Cinco días después nos informaron que mi hijo estaba preso en El Salvador por agrupaciones ilícitas. Ese día empezó mi calvario”.

Apenas en julio pasado el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, hablaba sobre la existencia de una supuesta organización “criminal”, conformada por extranjeros, en su “mayoría colombianos”, dedicada a la estafa y al lavado de dinero. Habló de la detención de 110 personas, “la mayoría de ellas colombianas”, sobre lo cual Bukele dijo: “Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás; algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame”. La Fiscalía allanó las viviendas de algunos de ellos y las autoridades les dieron un ultimátum a quienes estaban de forma irregular: salir del país. Así lo hicieron más de 280 colombianos.

Carlos Rodríguez Bocanegra, embajador en El Salvador, recuerda que, “de tiempo atrás, Colombia ha tenido experiencia en atender a las personas que están privadas de la libertad, incluso retrocediendo un poco, desde la década de los 90, dadas las detenciones por narcotráfico”. A través de una llamada telefónica, entre Bogotá y San Salvador, menciona ese pasado y dice que antes de que empezara a funcionar el régimen de excepción de Bukele ya había colombianos presos allá. Él cree que esa medida es un punto de quiebre, pues “busca contrarrestar el poderío de las bandas criminales, que se denominan pandillas o maras. No conocemos de colombianos detenidos por pertenecer a esos grupos, pero sí se ha venido dando este fenómeno del gota a gota”.

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Ellos, le escucho decir, entran como turistas, con un permiso que no sirve para ninguna actividad lucrativa, y “se han dedicado a este tipo de préstamos, que, según las autoridades salvadoreñas, no tienen autorización. Esto es una primera irregularidad, que no constituye un delito, pero sí una dificultad. Lamentablemente, detrás de esto hay actividades de estafa y de cobros por la vía de la extorsión o de la imposición de algún tipo de violencia. Entonces, son varios los delitos que están enmarcados en esta modalidad criminal, y que han llevado a la captura de 70 colombianos, sindicados de pertenecer a organizaciones criminales; por eso el delito de agrupaciones ilícitas”.

A esta lista, continúa conversando, se suman los cargos por receptación y lesiones personales: “Prestar dinero no es una actividad reglada y autorizada en este país. Si hay colombianos que vienen a prestar dinero, van a estar sometidos al control de las autoridades salvadoreñas. Si además el préstamo se hace con intereses usurarios, también estarán sujetos a sanciones. Si el cobro se hace mediante presiones y violencia, tendrán que responder, y esto no solo pasa aquí, también en Guatemala, México, Perú, Chile, Bolivia y Panamá”.

Para él, lo del gota a gota es la clave. Para Alejandra se trata de “una persecución en contra de los colombianos: siempre nos asocian con el narcotráfico, siempre tendremos que cargar con ese lastre, pero me pregunto cómo unos muchachos que no superan los 29 o 30 años sacan dinero para obtener algo del lavado de activos. Son jóvenes que no tienen recursos para un negocio de esa magnitud”. En algún momento contempló viajar a El Salvador, creyó que iba a poder llegar a la puerta de la cárcel, en el horario de visitas, y ver a su hijo, pero no, “allá las cosas son de otro nivel”. Optó, entonces, por hacer presión desde acá: junto con Claudia Marcela y otros más, con cerca de 18 familias, marchó por las calles de Bogotá, por la carrera séptima, hasta la Plaza de Bolívar. Todos tenían camisetas con las fotos de sus familiares presos. También se plantaron frente a la embajada de El Salvador, donde, a falta de funcionarios, encontraron al Esmad.

A partir del dolor han creado comunidad: Whatsapp y Facebook se han convertido en el punto de encuentro de quienes hasta hace poco no se conocían, pero ahora comparten una misma preocupación. Alejandra Muñoz, en Cartago, Valle del Cauca, con dos hijos pequeños y su esposo preso en El Salvador, me habló sobre Alejandra y Claudia Marcela. Las tres, desde rincones diferentes del país, son parte de ese grupo en redes sociales con el que tratan de hacer algo por sus familiares detenidos a kilómetros de distancia.

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De ellas supe después de hablar con Íngrid Escobar, de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, que ha recibido cerca de 20 casos de colombianos presos por asociaciones ilícitas en El Salvador. “A Nayib Bukele le interesa dar un número de personas capturadas, que justifique la baja de homicidios y, por tanto, el mantenimiento de esta medida de terror, que se llama régimen de excepción, que no es parcializada para delincuentes, sino que se lleva a personas inocentes. Aquí hay una nebulosa: no sabemos si los capturados por ser acusados de pandilleros tienen relación con los más de 100 casos que el ministro de Justicia ha hablado. Lo que pedimos es una correcta investigación. No dudo que existan muchos colombianos inocentes dentro de estas capturas, porque lo hemos visto en salvadoreños. Lo que pedimos es un juicio justo para los nuestros, pero también para personas de Colombia, Guatemala, Nicaragua, Canadá y Estados Unidos. Pedimos una debida defensa y que se respete la vida dentro de los centros penales”.

En 2022 se registraron 12.305 salidas de colombianos de El Salvador, versus 14.659 ingresos, motivados por razones familiares, sociales, económicas, laborales y de turismo, o al menos eso conoce Migración Colombia. Solo en el primer semestre de este año entraron 10.906 colombianos y salieron 9.963. En el fondo, para el embajador Rodríguez Bocanegra, el asunto tiene que ver con la atención que se le da a la migración “segura, ordenada y regular”.

Él lamenta que algunos colombianos migren siendo engañados o porque no se informan debidamente, pero resalta que “El Salvador es un país importante para Colombia”: de los cuatro principales bancos, tres son colombianos (Banco Agrícola, que aquí es Bancolombia, Davivienda y Banco de América Central, del Grupo Aval). También están EPM, el grupo Ethuss y Sura, entre otros más, como Arturo Calle, Vélez, Totto y Juan Valdez. Además, recuerda que solo el año pasado el flujo de inversión de Colombia en El Salvador fue de US$35 millones, y el acumulado fue de US$875.6 millones, desde el 2000. El Salvador es el destino número 14 de la inversión colombiana en el exterior y el tercero en América Central.

En el medio hay cerca de mil colombianos que viven de forma regular allá y otros tantos que deciden migrar con la intención de quedarse un tiempo o de seguir hacia Estados Unidos. Mientras, quienes están detenidos, según el embajador, tienen una defensa técnica, un abogado, y ninguno está en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que Bukele inauguró en enero pasado. La lección de Alejandra Salazar, aunque amarga, la expresa así: “Si queremos migrar, no importa a dónde, primero debemos conocer la historia del lugar para donde vamos, y eso nos faltó a nosotros. Nunca supimos que El Salvador, en algún momento, fue uno de los lugares más peligrosos del mundo. En cambio, en redes sociales vimos que los salvadoreños vivían a cuerpo de rey. De verdad que tienen una propaganda muy bien elaborada para que ese país parezca un pequeño sueño americano”.

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