Los días más difíciles para Lula están por venir
El expresidente ocupa desde el sábado en la noche una celda en Curitiba. Antes de comenzar a pagar su condena por corrupción pasiva, criticó a la justicia y la clase política de Brasil. ¿Podrá salir libre pronto?
redacción internacional
El expresidente brasileño más popular de todos los tiempos descansó tranquilo su primera noche en la sala celda de 15 metros cuadrados a la que llegó el sábado. En este lugar, adaptado especialmente para Luiz Inácio Lula da Silva —según dijo su implacable acusador, el juez Sergio Moro—, comenzó a pagar la condena de 12 años que le impusieron por corrupción pasiva. Al parecer, Lula habría reformado su apartamento de playa con un millón de dólares que le habría entregado una de las empresas que formaron parte de la red de corrupción más grande de Brasil.
Antes de entregarse a las autoridades, luego de dos días de negociaciones, el exmandatario criticó duramente a jueces y autoridades de su país. Dijo que los fiscales, el juez Moro y la Policía Federal, además de los medios de comunicación, eran los culpables. “Ellos son los verdaderos criminales, orquestaron una acusación sin pruebas y han creado un clima casi de guerra”, señaló. Los acusó de haber anticipado la muerte de su esposa, Marisa Leticia, quien murió enferma de cáncer en medio de investigaciones por testaferrato y corrupción. Y sentenció: “Nunca les perdonaré que me hayan dejado como un ladrón (...) Yo tal vez esté viviendo el mayor momento de humillación que un ser humano haya podido vivir”.
(En contexto: A Lula se le olvidó que en la política no se tienen amigos)
Pero los peores días no han pasado. Una vez Lula entró a prisión, los jueces comenzaron a mover otros seis casos a los que se lo vincula, la mayoría por corrupción. Se avecina una tormenta para el favorito a ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre. El famoso juez federal decimotercero de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, aceptó que ya está trabajando en otro proceso contra el expresidente: haber recibido de la constructora Odebrecht, también beneficiada de los desvíos en Petrobras, un terreno en la ciudad de São Paulo en el que se erguiría la sede del Instituto Lula.
El Juzgado Décimo Federal de Brasilia tiene cuatro procesos más: en uno fue acusado de haber intentado comprar el silencio de Néstor Cerveró, un ex alto funcionario de Petrobras que está preso por su responsabilidad en el escándalo, para que no lo implicara en las corruptelas. En otro fue imputado por supuestamente facilitar la financiación de obras de Odebrecht en Angola a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En el tercero se le acusó de recibir sobornos mediante un contrato supuestamente ficticio por 2,5 millones de reales (unos US$757.000) que benefició a la empresa de unos de sus hijos, a cambio de prorrogar un decreto que concedía incentivos fiscales a fabricantes de vehículos. Y en el último fue imputado por supuestamente haber favorecido a la empresa aeronáutica sueca Saab en un billonario contrato para la adquisición de 36 cazabombarderos para la Fuerza Aérea Brasileña.
(Lea también: Así es la prisión de Lula)
La Fiscalía investiga otras dos denuncias contra el expresidente que igualmente pueden convertirse en nuevos procesos, en una de las cuales es acusado de liderar una “organización criminal” montada por el Partido de los Trabajadores (PT) para beneficiarse de contratos públicos. En la otra investigación se le acusó de obstrucción a la justicia por la supuesta presión que hizo para que la entonces presidenta Dilma Rousseff, su ahijada política, lo nombrara ministro de la Presidencia en un intento de obtener el fuero privilegiado y transferir todos sus procesos a la Corte Suprema, en donde los trámites son más lentos.
Presión y libertad
A pocos metros de la cárcel del expresidente se levantó un campamento que, según dicen las cerca de mil personas que allí permanecen, durará hasta que Lula “esté libre”. El cuartel fue inaugurado el domingo en la mañana, tras la llegada de caravanas de buses procedentes de ciudades próximas a Curitiba y del estado vecino de Santa Catarina.
El campamento espera la llegada este lunes de más de 30 autobuses de distintas partes de Brasil cargados de seguidores del tornero que se transformó en presidente y mito de la izquierda latinoamericana. Incluso se espera la visita de líderes internacionales. Su objetivo es resistir hasta conquistar la libertad de su líder, porque “en este país todo funciona con presión”, afirma Roberto Baggio, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el estado de Paraná.
Una libertad que podría llegar pronto si, como se anticipa, la Corte Suprema, la misma que lo llevó a prisión, debate un recurso que modifica la norma que autoriza encarcelar a personas condenadas en segunda instancia que aún disponen de recursos judiciales.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, anunció que el próximo miércoles pedirá incluir en la agenda un nuevo debate que podría zanjar las divergencias internas que persisten en la Corte sobre el tema. La jurisprudencia que autoriza el encarcelamiento después de la condena en segunda instancia fue adoptada en 2016.
(Le puede interesar: Brasil, cuando el poder cae)
Si se modificara la jurisprudencia, todos los condenados en segunda instancia actualmente detenidos deberían beneficiarse de la medida e ir a esperar en sus casas el resultado de sus apelaciones ante el STJ o el STF. A menos que se haya decretado contra ellos prisión preventiva por su peligrosidad, por riesgo de fuga o por interferir en los procesos.
Pero nada está claro todavía y todo el entramado legal que rodea el caso de Lula le pueden complicar su futuro. El Partido de los Trabajadores ya piensa en el plan B para las elecciones, pues la discusión en la Corte podría suspenderse por tiempo indefinido si uno de los 11 jueces pide más tiempo para estudiar la cuestión.
“Hay un conflicto dentro del Tribunal Supremo, entre quienes quieren discutir el asunto de manera general y los que se oponen”, dijo a la AFP Thomaz Pereira, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Río de Janeiro. Así que los peores días para Lula aún están por venir.
El expresidente brasileño más popular de todos los tiempos descansó tranquilo su primera noche en la sala celda de 15 metros cuadrados a la que llegó el sábado. En este lugar, adaptado especialmente para Luiz Inácio Lula da Silva —según dijo su implacable acusador, el juez Sergio Moro—, comenzó a pagar la condena de 12 años que le impusieron por corrupción pasiva. Al parecer, Lula habría reformado su apartamento de playa con un millón de dólares que le habría entregado una de las empresas que formaron parte de la red de corrupción más grande de Brasil.
Antes de entregarse a las autoridades, luego de dos días de negociaciones, el exmandatario criticó duramente a jueces y autoridades de su país. Dijo que los fiscales, el juez Moro y la Policía Federal, además de los medios de comunicación, eran los culpables. “Ellos son los verdaderos criminales, orquestaron una acusación sin pruebas y han creado un clima casi de guerra”, señaló. Los acusó de haber anticipado la muerte de su esposa, Marisa Leticia, quien murió enferma de cáncer en medio de investigaciones por testaferrato y corrupción. Y sentenció: “Nunca les perdonaré que me hayan dejado como un ladrón (...) Yo tal vez esté viviendo el mayor momento de humillación que un ser humano haya podido vivir”.
(En contexto: A Lula se le olvidó que en la política no se tienen amigos)
Pero los peores días no han pasado. Una vez Lula entró a prisión, los jueces comenzaron a mover otros seis casos a los que se lo vincula, la mayoría por corrupción. Se avecina una tormenta para el favorito a ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre. El famoso juez federal decimotercero de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, aceptó que ya está trabajando en otro proceso contra el expresidente: haber recibido de la constructora Odebrecht, también beneficiada de los desvíos en Petrobras, un terreno en la ciudad de São Paulo en el que se erguiría la sede del Instituto Lula.
El Juzgado Décimo Federal de Brasilia tiene cuatro procesos más: en uno fue acusado de haber intentado comprar el silencio de Néstor Cerveró, un ex alto funcionario de Petrobras que está preso por su responsabilidad en el escándalo, para que no lo implicara en las corruptelas. En otro fue imputado por supuestamente facilitar la financiación de obras de Odebrecht en Angola a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). En el tercero se le acusó de recibir sobornos mediante un contrato supuestamente ficticio por 2,5 millones de reales (unos US$757.000) que benefició a la empresa de unos de sus hijos, a cambio de prorrogar un decreto que concedía incentivos fiscales a fabricantes de vehículos. Y en el último fue imputado por supuestamente haber favorecido a la empresa aeronáutica sueca Saab en un billonario contrato para la adquisición de 36 cazabombarderos para la Fuerza Aérea Brasileña.
(Lea también: Así es la prisión de Lula)
La Fiscalía investiga otras dos denuncias contra el expresidente que igualmente pueden convertirse en nuevos procesos, en una de las cuales es acusado de liderar una “organización criminal” montada por el Partido de los Trabajadores (PT) para beneficiarse de contratos públicos. En la otra investigación se le acusó de obstrucción a la justicia por la supuesta presión que hizo para que la entonces presidenta Dilma Rousseff, su ahijada política, lo nombrara ministro de la Presidencia en un intento de obtener el fuero privilegiado y transferir todos sus procesos a la Corte Suprema, en donde los trámites son más lentos.
Presión y libertad
A pocos metros de la cárcel del expresidente se levantó un campamento que, según dicen las cerca de mil personas que allí permanecen, durará hasta que Lula “esté libre”. El cuartel fue inaugurado el domingo en la mañana, tras la llegada de caravanas de buses procedentes de ciudades próximas a Curitiba y del estado vecino de Santa Catarina.
El campamento espera la llegada este lunes de más de 30 autobuses de distintas partes de Brasil cargados de seguidores del tornero que se transformó en presidente y mito de la izquierda latinoamericana. Incluso se espera la visita de líderes internacionales. Su objetivo es resistir hasta conquistar la libertad de su líder, porque “en este país todo funciona con presión”, afirma Roberto Baggio, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el estado de Paraná.
Una libertad que podría llegar pronto si, como se anticipa, la Corte Suprema, la misma que lo llevó a prisión, debate un recurso que modifica la norma que autoriza encarcelar a personas condenadas en segunda instancia que aún disponen de recursos judiciales.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, anunció que el próximo miércoles pedirá incluir en la agenda un nuevo debate que podría zanjar las divergencias internas que persisten en la Corte sobre el tema. La jurisprudencia que autoriza el encarcelamiento después de la condena en segunda instancia fue adoptada en 2016.
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Si se modificara la jurisprudencia, todos los condenados en segunda instancia actualmente detenidos deberían beneficiarse de la medida e ir a esperar en sus casas el resultado de sus apelaciones ante el STJ o el STF. A menos que se haya decretado contra ellos prisión preventiva por su peligrosidad, por riesgo de fuga o por interferir en los procesos.
Pero nada está claro todavía y todo el entramado legal que rodea el caso de Lula le pueden complicar su futuro. El Partido de los Trabajadores ya piensa en el plan B para las elecciones, pues la discusión en la Corte podría suspenderse por tiempo indefinido si uno de los 11 jueces pide más tiempo para estudiar la cuestión.
“Hay un conflicto dentro del Tribunal Supremo, entre quienes quieren discutir el asunto de manera general y los que se oponen”, dijo a la AFP Thomaz Pereira, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Río de Janeiro. Así que los peores días para Lula aún están por venir.