Los grupos armados vuelven a acechar a la oposición venezolana

De todas las tácticas y herramientas que ha usado el chavismo para silenciar a la oposición venezolana, hay una de la que no se ha hablado lo suficiente: la violencia física. Solo entre enero y septiembre de 2023, la organización Insight Crime recogió al menos 13 ataques violentos contra líderes opositores y campañas de la oposición en el país. De estos destaca uno en agosto contra simpatizantes de Henrique Capriles que se habían reunido en el estado de Apure.

De todas las tácticas y herramientas que ha usado el chavismo para silenciar a la oposición venezolana, hay una de la que no se ha hablado lo suficiente: la violencia física. Solo entre enero y septiembre de 2023, la organización Insight Crime recogió al menos 13 ataques violentos contra líderes opositores y campañas de la oposición en el país. De estos destaca uno en agosto contra simpatizantes de Henrique Capriles que se habían reunido en el estado de Apure.

El ataque quedó registrado en video y en las imágenes se observa cómo un grupo de personas golpea a Tomas Guanipa, vicepresidente de Asuntos Políticos de Primero Justicia, el partido de Capriles. Era la segunda emboscada hecha por motorizados en un día y el sexto ataque contra la campaña en cuatro meses. Los simpatizantes de Capriles también han sido hostigados en Miranda, Carabobo, Aragua y Anzoátegui.

Ese mismo año, la hoy candidata de la oposición, María Corina Machado, también denunció ser víctima de violencia. Un grupo armado le bloqueó la vía en Guárico para impedir su campaña en el estado del centro del país. Eso ocurrió en julio de 2023. Poco antes, las sedes de campaña de su partido, Vente Venezuela, fueron pintadas con grafitis amenazantes en el estado de Táchira. Machado le comentó a este diario que esto era común y que en las agresiones también participaban fuerzas del estado.

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El miércoles de esta semana, Machado volvió a ser víctima de agresiones físicas. Fue atacada con palos y piedras por parte de colectivos afines al chavismo, según su campaña.

Estos colectivos, cabe destacar, tienen sus orígenes en 2006 y fueron conformados por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que, con la bendición del gobierno, buscan defender los intereses del chavismo a través, si se necesita de una “lucha armada”. Chávez les encomendó directamente ser el “brazo armado” de la revolución bolivariana y, aunque han tenido distanciamientos en público, en privado continuaron trabajando de cerca, según Insight Crime. Han sido denunciados por Human Rights Watch, el Centro Carter, entre otras organizaciones, por sus actividades terroristas.

Días atrás, una diputada de la Asamblea Nacional electa en 2020 por el partido Acción Democrática también fue agredida, según el periodista venezolano Víctor Amaya. Y no solo son los políticos los afectados, cabe destacar: también son los votantes. En 2021, un ataque de un colectivo chavista atacó a balazos un centro de votación en el estado de Zulia, dejando un muerto y dos heridos. Todos estos casos, cada vez más frecuentes, reviven los recuerdos de los últimos ciclos electorales en el país, donde los candidatos han sido intimidados por los colectivos chavistas.

En 2018, por ejemplo, el diputado Teodoro Campo, jefe de seguridad de campaña del entonces candidato Henri Falcón, fue herido de gravedad en un acto político en Caracas. Tres años atrás, en 2015, el dirigente opositor de Acción Democrática (AD), Luis Manuel Díaz, recibió disparos mortales desde un vehículo cuando participaba en un mitin en el estado llanero de Guárico. Hasta entonces iban solo 13 días de campaña, y el dirigente de AD, Leopoldo López, ya había denunciado cinco ataques, dos de ellos armados, contra sus aliados.

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La diferencia que hay entre los anteriores ciclos de violencia política y este que aparece ahora está en los protagonistas. Desde 2020, los colectivos chavistas —cuyas más de 70 células empezaron a intimidar a las campañas de la oposición desde 2007— ya no son los únicos grupos armados que siembran el terror. Según Insight Crime, otros grupos criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua, son los responsables de agresiones como las que sufrió Machado en 2021. Este enfoque se ha venido ampliando desde entonces.

“Con presencia en 19 de los 20 municipios fronterizos de Venezuela con Colombia, el ELN se ha establecido como el guardián de los corredores transfronterizos por los que transitan a diario cargamentos de drogas, mercancías de contrabando y familias migrantes. Esta ventaja geográfica fue una de las principales razones por las que InSight Crime nombró al grupo el actor criminal más poderoso de la región para 2023. En años anteriores, el ELN utilizó la violencia contra civiles y otros actores criminales para controlar la región fronteriza. Pero en 2023, las facciones del grupo”, destaca la Unidad Investigativa de Venezuela de Insight Crime en su informe Elecciones y consolidación criminal.

Ante este escenario, la organización advierte que “a medida que avance el año, es probable que veamos otras formas de coacción electoral, protagonizada por grupos armados híbridos como los colectivos y el ELN”. El cambio en el enfoque de estos grupos criminales, que ahora tienen también un objetivo electoral en Venezuela, no responde a otra cosa que a la permisividad con la que el oficialismo venezolano ha abordado este problema.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha jactado de una serie de “megaoperaciones” como “Relámpago del Catatumbo”, “Mano de Hierro” y “Gran Cacique Guaicaipuro”, que, según el oficialismo, buscan contener la actividad de estos grupos. Sin embargo, según la investigación de Insight Crime, estas han sido totalmente ineficaces, pues no le han logrado arrebatar los negocios a los criminales. Apenas es un “teatro político” con el que se busca crear una narrativa de que sí se está combatiendo a estos grupos.

En palabras de la Unidad Investigativa de Venezuela de Insight Crime, “Maduro depende del ELN tanto limitar las acciones y campañas de la oposición como para sostener el flujo de rentas criminales que controla la guerrilla en territorio venezolano”.

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