Los huérfanos del régimen de excepción en El Salvador
Mientras la inmensa mayoría de salvadoreños celebra los resultados de la estrategia impulsada por el presidente Nayib Bukele para recuperar la seguridad, más de 100.000 niños, niñas y adolescentes habrían sido separados abruptamente de sus papás, detenidos por sospecha de pertenecer a las pandillas.
Lissette Lemus*, especial de Connectas para El Espectador
El día en que un grupo de policías llegó a su salón de clases, Margarita, de 11 años, sintió que le temblaba el cuerpo. Su corazón latía fuerte y tuvo miedo, aunque los uniformados iban a hablar sobre prevención de la violencia y a crear lazos de confianza con los alumnos, como forma de alejarlos de las pandillas.
Su experiencia previa con los visitantes fundamentaba su estremecimiento: Ramiro, su padre, fue detenido el 14 de junio de 2022 en una noche en la que, a pocas cuadras, también capturaron a su tía y a otros vecinos. Igual que otras 150 personas, la mujer, de 42 años, murió mientras estaba bajo custodia del Estado, desde que se instauró el régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022. Dejó dos adolescentes huérfanos que ahora están a cargo de Marisol, su tía materna.
Hace 13 meses, tras una matanza de 84 personas en solo tres días, una cifra histórica de homicidios en años recientes en El Salvador, la Asamblea Legislativa, cuya mayoría es afín al presidente Nayib Bukele, aprobó de manera exprés la suspensión de varias garantías constitucionales. Para restablecer el orden público y garantizar la vida de las personas, facultó a las autoridades para interceptar las comunicaciones de cualquier ciudadano y detenerlo hasta por 15 días sin resolver su situación judicial. También suspendió el derecho a un abogado defensor en el momento de la captura.
La mayor parte de la ciudadanía, que vivía bajo el dominio total y el terror de las pandillas, ha celebrado los resultados de la estrategia de seguridad. Por ejemplo, en 2022, los homicidios disminuyeron a 495, frente a los 1.147 ocurridos en 2021, según el Gobierno. Sin embargo, otros cuestionan la arbitrariedad de las capturas. “Nuestros registros dan cuenta de que un alto porcentaje, más del 60 %, son personas que no pertenecen a estructuras de pandillas”, dice Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, organización no gubernamental que asiste a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Esta investigación de Lissette Lemus para El Diario de Hoy —del portal www.elsalvador.com— y CONNECTAS recoge violaciones de los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes que han quedado en condiciones de vulnerabilidad. La separación intempestiva de los padres y la incomunicación los atemorizan, no concilian el sueño ni se concentran en clase o se retiran de la escuela porque los trasladan a otro municipio o porque sus compañeros los matonean.
El Gobierno da cuenta de unas 68.000 capturas, pero no ha especificado cuántos son los menores afectados directa o indirectamente por las medidas. Solo entrega datos de manera discrecional en sus redes sociales y ha puesto bajo reserva toda la información relacionada con el régimen de excepción durante siete años (hasta marzo de 2029). Aun así, algunas organizaciones no gubernamentales hacen sus propias aproximaciones.
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Íngrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, una oenegé creada para apoyar a los denunciantes de capturas supuestamente arbitrarias, sostiene: “Tenemos documentados alrededor de 1.300 casos y estimamos que hay más de 2.500 niñas y niños afectados debido a que han quedado al cuidado solo de uno de los padres, tías, tíos, primos; a veces solamente quedan al cuidado de su hermana mayor o solos. La afectación es verdaderamente grande”.
A su vez, basándose en las últimas Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples de El Salvador —que recopilan información sociodemográfica de la población—, Cristosal estima que, en cada uno de los 68.000 hogares de personas capturadas, probablemente hay entre uno y tres niños y adolescentes. Serían, entonces, más de 100.000 los menores perjudicados por las detenciones.
La abrupta separación
La euforia por la recuperación de la tranquilidad en muchos lugares no cabe en la cotidianidad de miles de familias, sobre todo entre las más pobres, cuyos vecindarios suelen asociarse con sitios peligrosos y, por ende, son blanco de la persecución de las autoridades. Allí, todos pueden ser sospechosos de ser pandilleros o de proteger a un pandillero; desconfían entre sí y viven en la zozobra de no saber si volverán a reunirse con los suyos al final del día, si un vecino los denunciará sin fundamento o si la policía irrumpirá en medio de la noche para llevarse a alguien del hogar.
Así le ocurrió a Carlos, un vecino de Margarita. La noche del 19 de mayo de 2022, los policías llegaron a su casa para detener a Rosa, su esposa, que estaba amamantando a Andrea, de apenas tres años. Los otros dos hijos, de 15 y 10 años, dormían. Todos quedaron al cuidado del padre, un trabajador de la construcción que ahora debe pagarle a una parienta por cuidar a los más pequeños, además de comprar ropa y comida para llevar todos los meses a la cárcel, aunque no lo dejen ver a su mujer.
Él alega que la detención se dio sin orden judicial, que ella no es pandillera y que su oficio era atender una tiendita para contribuir al ingreso familiar. Esa misma noche se llevaron a otras cinco personas del vecindario donde ya son más de 20 los capturados.
A la precariedad económica y a la incertidumbre de no saber en qué condiciones está Rosa, Carlos añade el dolor de oír a Andrea preguntar por qué la mamá no regresa de trabajar —fue lo que él le explicó esa noche—. También se mortifica cada vez que ella le dice que, ojalá, al volver le compre una bicicleta rosada.
Una angustia similar asalta a Marisol, la mamá de Margarita, que también quedó a cargo de José, su hijo pequeño, y de sus sobrinos. Ahora, el insomnio, las pesadillas y el llanto son recurrentes y los comentarios de su hijo menor la han dejado sin respuestas. En varias ocasiones cuando le recuerda que hay que orarle a Dios para que Ramiro vuelva pronto, el niño ha contestado: “Dios es feo y malo porque le pedimos que vuelva papá y nunca viene”.
Los cambios que experimentan estos menores tienen explicación. Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia, expone que cuando alguno pierde a un referente cercano puede experimentar cambios, desde los más básicos y fisiológicos como trastornos del sueño y alimenticios, hasta los más complejos como los cognitivos o afectivos e incluso llegar a una psicopatía grave. Añade que la etapa entre los cero y los cinco años de edad es crítica para el desarrollo del cerebro humano y cuando se dan este tipo de rupturas se altera el desarrollo normal de un niño.
Margarita Mendoza, doctora en psiquiatría, lo complementa: “Muchos de los niños que sufren este tipo de traumas no van bien en la escuela, no se centran o son muy inquietos o son agresivos. Otros van a tener síntomas regresivos, si el niño ya no se chupaba el dedo, se lo va a chupar; si no se orinaba en la cama, se va a orinar”.
Responsabilizar de estas consecuencias solo al régimen de excepción es injusto, pues antes de su instauración el 35,3 % de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años vivían en hogares disfuncionales o en situación de abandono. Pero las circunstancias de la separación agravan sus condiciones de vida y, según varios expertos, las instituciones del Estado incumplen el mandato legal de minimizar las consecuencias que niños, niñas y adolescentes puedan sufrir por la detención de una de sus figuras paternas.
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Desde enero de 2023, cuando entró en vigencia la Ley Crecer Juntos —fue impulsada por Gabriela de Bukele, esposa del presidente de El Salvador—, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) asumió las funciones del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna). Tiene a cargo los programas en pro de este grupo poblacional, pero en su página oficial no publicita alguno enfocado en la atención de aquellos cuyos padres han sido capturados en el régimen de excepción.
Hasta 2022 tampoco se conocían programas del Gobierno, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) ni del Conna para atender a los menores en esa condición.
Para conocer los programas que Conapina está desarrollando, a través de la unidad de comunicaciones se solicitó una entrevista con la directora de la institución, Linda Amaya, pero hasta ahora no se tuvo respuesta.
La educación, otra gran perjudicada
Durante los siete meses que Lolita, de 44 años, estuvo presa, sus seis hijos quedaron al cuidado de su hija mayor, Naomi. Hoy sostiene que su detención fue injusta y que solo buscaban frenar su lucha como sindicalista.
A diferencia de otros casos, comenta que el Conna se acercó en un par de ocasiones a sus hijos para brindarles víveres y les permitió enviarle una carta al penal que le “dio ánimo y esperanza para no desfallecer” y para soportar las condiciones inhumanas de hacinamiento carcelario. Pero la comunicación no fue recíproca porque, relata, no la dejaron contestarles.
El regreso a casa enfrentó a Lolita con una dificultad que tendrá que sobrellevar mucho tiempo: el tratamiento psicológico y emocional de sus hijos. Las afectaciones cambian según la edad: uno sigue teniendo ansiedad por comer, otro continúa llorando con facilidad y aún siente miedo cuando ve a un policía, su hija adolescente estuvo un tiempo sin querer ir a la escuela porque sufrió bullying. El más triste sigue siendo Geremías porque está repitiendo el año escolar.
La abogada Navas explica que tras la detención del padre o de la madre, sobre todo cuando este es el jefe del hogar y el proveedor de la familia, como en el caso de Lolita, la calidad educativa se ve disminuida, debido a que pueden quedar seis, siete y hasta ocho niñas y niños a cargo de una sola persona. “Ahora que estamos en modalidad presencial la situación se vuelve compleja cuando no hay quien los acompañe a la escuela, les compre zapatos y uniformes”, agrega.
El representante del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), Daniel Rodríguez, explica que, aunque como organización no han sistematizado datos, han observado que a nivel nacional ha bajado la matrícula en tercer ciclo y bachillerato, desde que comenzó el régimen de excepción.
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Añade que, de manera general, el combate a las pandillas ha beneficiado al sector educativo, debido a que los maestros se enfrentaban incluso a extorsiones y venta de drogas dentro de la escuela y hasta eran amenazados. Pero también sostiene que en algunos casos los policías se aprovechan del régimen e inventan cosas.
Por eso, en opinión de Óscar Picardo, los profesores deben ser muy detallistas y empáticos, observar las conductas de niños y niñas, intentar dialogar con ellos y hacer adecuaciones curriculares, según las necesidades cognitivas de los estudiantes.
A estas tareas demandantes se suma la de recuperar la confianza y combatir el matoneo en las aulas. Margarita, por ejemplo, sigue yendo a la escuela, aunque ha sufrido bullying y aunque la agobia saber que los agentes seguirán llegando a las clases durante varias semanas. “Yo no quisiera que ellos vinieran porque siento feo, siento que el corazón se me acelera porque pienso en mi papá”, dice.
Ahora está más tranquila, gracias al esfuerzo extra que hizo Marisol para pagarle terapias psicológicas. Sus calificaciones han mejorado y se ha dedicado a escribirle cartas y mensajes a su padre. Las ha ido elaborando y guardando en una caja de regalo, para el día que Ramiro regrese.
Si quiere conocer más sobre este tema, puede leer el especial multimedia acá.
* Esta investigación fue realizada por Lissette Lemus para El Diario de Hoy —del portal www.elsalvador.com— y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
El día en que un grupo de policías llegó a su salón de clases, Margarita, de 11 años, sintió que le temblaba el cuerpo. Su corazón latía fuerte y tuvo miedo, aunque los uniformados iban a hablar sobre prevención de la violencia y a crear lazos de confianza con los alumnos, como forma de alejarlos de las pandillas.
Su experiencia previa con los visitantes fundamentaba su estremecimiento: Ramiro, su padre, fue detenido el 14 de junio de 2022 en una noche en la que, a pocas cuadras, también capturaron a su tía y a otros vecinos. Igual que otras 150 personas, la mujer, de 42 años, murió mientras estaba bajo custodia del Estado, desde que se instauró el régimen de excepción en El Salvador en marzo de 2022. Dejó dos adolescentes huérfanos que ahora están a cargo de Marisol, su tía materna.
Hace 13 meses, tras una matanza de 84 personas en solo tres días, una cifra histórica de homicidios en años recientes en El Salvador, la Asamblea Legislativa, cuya mayoría es afín al presidente Nayib Bukele, aprobó de manera exprés la suspensión de varias garantías constitucionales. Para restablecer el orden público y garantizar la vida de las personas, facultó a las autoridades para interceptar las comunicaciones de cualquier ciudadano y detenerlo hasta por 15 días sin resolver su situación judicial. También suspendió el derecho a un abogado defensor en el momento de la captura.
La mayor parte de la ciudadanía, que vivía bajo el dominio total y el terror de las pandillas, ha celebrado los resultados de la estrategia de seguridad. Por ejemplo, en 2022, los homicidios disminuyeron a 495, frente a los 1.147 ocurridos en 2021, según el Gobierno. Sin embargo, otros cuestionan la arbitrariedad de las capturas. “Nuestros registros dan cuenta de que un alto porcentaje, más del 60 %, son personas que no pertenecen a estructuras de pandillas”, dice Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, organización no gubernamental que asiste a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Esta investigación de Lissette Lemus para El Diario de Hoy —del portal www.elsalvador.com— y CONNECTAS recoge violaciones de los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes que han quedado en condiciones de vulnerabilidad. La separación intempestiva de los padres y la incomunicación los atemorizan, no concilian el sueño ni se concentran en clase o se retiran de la escuela porque los trasladan a otro municipio o porque sus compañeros los matonean.
El Gobierno da cuenta de unas 68.000 capturas, pero no ha especificado cuántos son los menores afectados directa o indirectamente por las medidas. Solo entrega datos de manera discrecional en sus redes sociales y ha puesto bajo reserva toda la información relacionada con el régimen de excepción durante siete años (hasta marzo de 2029). Aun así, algunas organizaciones no gubernamentales hacen sus propias aproximaciones.
📝 Sugerimos: Trump y su simbólica visita la Pequeña Habana: en busca de solidaridad y votos
Íngrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, una oenegé creada para apoyar a los denunciantes de capturas supuestamente arbitrarias, sostiene: “Tenemos documentados alrededor de 1.300 casos y estimamos que hay más de 2.500 niñas y niños afectados debido a que han quedado al cuidado solo de uno de los padres, tías, tíos, primos; a veces solamente quedan al cuidado de su hermana mayor o solos. La afectación es verdaderamente grande”.
A su vez, basándose en las últimas Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples de El Salvador —que recopilan información sociodemográfica de la población—, Cristosal estima que, en cada uno de los 68.000 hogares de personas capturadas, probablemente hay entre uno y tres niños y adolescentes. Serían, entonces, más de 100.000 los menores perjudicados por las detenciones.
La abrupta separación
La euforia por la recuperación de la tranquilidad en muchos lugares no cabe en la cotidianidad de miles de familias, sobre todo entre las más pobres, cuyos vecindarios suelen asociarse con sitios peligrosos y, por ende, son blanco de la persecución de las autoridades. Allí, todos pueden ser sospechosos de ser pandilleros o de proteger a un pandillero; desconfían entre sí y viven en la zozobra de no saber si volverán a reunirse con los suyos al final del día, si un vecino los denunciará sin fundamento o si la policía irrumpirá en medio de la noche para llevarse a alguien del hogar.
Así le ocurrió a Carlos, un vecino de Margarita. La noche del 19 de mayo de 2022, los policías llegaron a su casa para detener a Rosa, su esposa, que estaba amamantando a Andrea, de apenas tres años. Los otros dos hijos, de 15 y 10 años, dormían. Todos quedaron al cuidado del padre, un trabajador de la construcción que ahora debe pagarle a una parienta por cuidar a los más pequeños, además de comprar ropa y comida para llevar todos los meses a la cárcel, aunque no lo dejen ver a su mujer.
Él alega que la detención se dio sin orden judicial, que ella no es pandillera y que su oficio era atender una tiendita para contribuir al ingreso familiar. Esa misma noche se llevaron a otras cinco personas del vecindario donde ya son más de 20 los capturados.
A la precariedad económica y a la incertidumbre de no saber en qué condiciones está Rosa, Carlos añade el dolor de oír a Andrea preguntar por qué la mamá no regresa de trabajar —fue lo que él le explicó esa noche—. También se mortifica cada vez que ella le dice que, ojalá, al volver le compre una bicicleta rosada.
Una angustia similar asalta a Marisol, la mamá de Margarita, que también quedó a cargo de José, su hijo pequeño, y de sus sobrinos. Ahora, el insomnio, las pesadillas y el llanto son recurrentes y los comentarios de su hijo menor la han dejado sin respuestas. En varias ocasiones cuando le recuerda que hay que orarle a Dios para que Ramiro vuelva pronto, el niño ha contestado: “Dios es feo y malo porque le pedimos que vuelva papá y nunca viene”.
Los cambios que experimentan estos menores tienen explicación. Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia, expone que cuando alguno pierde a un referente cercano puede experimentar cambios, desde los más básicos y fisiológicos como trastornos del sueño y alimenticios, hasta los más complejos como los cognitivos o afectivos e incluso llegar a una psicopatía grave. Añade que la etapa entre los cero y los cinco años de edad es crítica para el desarrollo del cerebro humano y cuando se dan este tipo de rupturas se altera el desarrollo normal de un niño.
Margarita Mendoza, doctora en psiquiatría, lo complementa: “Muchos de los niños que sufren este tipo de traumas no van bien en la escuela, no se centran o son muy inquietos o son agresivos. Otros van a tener síntomas regresivos, si el niño ya no se chupaba el dedo, se lo va a chupar; si no se orinaba en la cama, se va a orinar”.
Responsabilizar de estas consecuencias solo al régimen de excepción es injusto, pues antes de su instauración el 35,3 % de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años vivían en hogares disfuncionales o en situación de abandono. Pero las circunstancias de la separación agravan sus condiciones de vida y, según varios expertos, las instituciones del Estado incumplen el mandato legal de minimizar las consecuencias que niños, niñas y adolescentes puedan sufrir por la detención de una de sus figuras paternas.
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Desde enero de 2023, cuando entró en vigencia la Ley Crecer Juntos —fue impulsada por Gabriela de Bukele, esposa del presidente de El Salvador—, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) asumió las funciones del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna). Tiene a cargo los programas en pro de este grupo poblacional, pero en su página oficial no publicita alguno enfocado en la atención de aquellos cuyos padres han sido capturados en el régimen de excepción.
Hasta 2022 tampoco se conocían programas del Gobierno, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) ni del Conna para atender a los menores en esa condición.
Para conocer los programas que Conapina está desarrollando, a través de la unidad de comunicaciones se solicitó una entrevista con la directora de la institución, Linda Amaya, pero hasta ahora no se tuvo respuesta.
La educación, otra gran perjudicada
Durante los siete meses que Lolita, de 44 años, estuvo presa, sus seis hijos quedaron al cuidado de su hija mayor, Naomi. Hoy sostiene que su detención fue injusta y que solo buscaban frenar su lucha como sindicalista.
A diferencia de otros casos, comenta que el Conna se acercó en un par de ocasiones a sus hijos para brindarles víveres y les permitió enviarle una carta al penal que le “dio ánimo y esperanza para no desfallecer” y para soportar las condiciones inhumanas de hacinamiento carcelario. Pero la comunicación no fue recíproca porque, relata, no la dejaron contestarles.
El regreso a casa enfrentó a Lolita con una dificultad que tendrá que sobrellevar mucho tiempo: el tratamiento psicológico y emocional de sus hijos. Las afectaciones cambian según la edad: uno sigue teniendo ansiedad por comer, otro continúa llorando con facilidad y aún siente miedo cuando ve a un policía, su hija adolescente estuvo un tiempo sin querer ir a la escuela porque sufrió bullying. El más triste sigue siendo Geremías porque está repitiendo el año escolar.
La abogada Navas explica que tras la detención del padre o de la madre, sobre todo cuando este es el jefe del hogar y el proveedor de la familia, como en el caso de Lolita, la calidad educativa se ve disminuida, debido a que pueden quedar seis, siete y hasta ocho niñas y niños a cargo de una sola persona. “Ahora que estamos en modalidad presencial la situación se vuelve compleja cuando no hay quien los acompañe a la escuela, les compre zapatos y uniformes”, agrega.
El representante del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), Daniel Rodríguez, explica que, aunque como organización no han sistematizado datos, han observado que a nivel nacional ha bajado la matrícula en tercer ciclo y bachillerato, desde que comenzó el régimen de excepción.
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Añade que, de manera general, el combate a las pandillas ha beneficiado al sector educativo, debido a que los maestros se enfrentaban incluso a extorsiones y venta de drogas dentro de la escuela y hasta eran amenazados. Pero también sostiene que en algunos casos los policías se aprovechan del régimen e inventan cosas.
Por eso, en opinión de Óscar Picardo, los profesores deben ser muy detallistas y empáticos, observar las conductas de niños y niñas, intentar dialogar con ellos y hacer adecuaciones curriculares, según las necesidades cognitivas de los estudiantes.
A estas tareas demandantes se suma la de recuperar la confianza y combatir el matoneo en las aulas. Margarita, por ejemplo, sigue yendo a la escuela, aunque ha sufrido bullying y aunque la agobia saber que los agentes seguirán llegando a las clases durante varias semanas. “Yo no quisiera que ellos vinieran porque siento feo, siento que el corazón se me acelera porque pienso en mi papá”, dice.
Ahora está más tranquila, gracias al esfuerzo extra que hizo Marisol para pagarle terapias psicológicas. Sus calificaciones han mejorado y se ha dedicado a escribirle cartas y mensajes a su padre. Las ha ido elaborando y guardando en una caja de regalo, para el día que Ramiro regrese.
Si quiere conocer más sobre este tema, puede leer el especial multimedia acá.
* Esta investigación fue realizada por Lissette Lemus para El Diario de Hoy —del portal www.elsalvador.com— y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.
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