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El gobierno de Gustavo Petro parece estar empeñado en pasar por alto que en Colombia viven casi tres millones de venezolanos. En los meses iniciales de su administración la consigna se centró en difundir el relato, que ya había sido adoptado por el gobierno de Nicolás Maduro, de que los migrantes estaban volviendo a su país. Ahora la idea que quiere vender es que esa masiva migración, tan difícil de esconder, pues resulta evidente en el día a día, en las calles, en el transporte público, en los colegios o en el trabajo, es solamente un fenómeno pasajero.
En declaraciones hechas por el mandatario colombiano el pasado 9 de septiembre, con ocasión del encuentro que sostuvo en Cali con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y ampliamente difundida por los medios de la Presidencia, afirmó que “Colombia parecía no estar muy en el escenario de las grandes migraciones mundiales y se ha convertido en un centro de recepción masivo de migrantes que quieren ver el país como país de paso, no quedarse aquí”.
Cualquiera de las dos menciones presidenciales falta a la verdad y representa una peligrosa tesis negacionista que pretende invisibilizar o minimizar, no se sabe con qué fines, la presencia en Colombia de cientos de miles de mujeres, hombres, niñas y niños que, tras ocho años ya de un continuo flujo migratorio desde 2015, han demostrado tener vocación de permanencia.
La primera evidencia de ello la aporta una iniciativa llevada a cabo por el propio Estado colombiano: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), a través del cual se busca regularizar su situación y ayudar a su integración al país en un lapso de 10 años. Los venezolanos respondieron masivamente a esta decisión de las autoridades colombianas, como lo demuestran los 2.484.241 inscritos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), a quienes hasta la fecha se les han aprobado 1.931.779 Permisos por Protección Temporal (PPT), de los cuales han sido entregados 1.805.786.
Además, los cientos de miles de venezolanos que están inscritos en los colegios de Colombia o en el sistema de salud nacional dan cuenta de que se trata de personas que han escogido a este país como su patria de adopción. Estaría muy cuesta arriba pensar que esas cuantiosas cifras de venezolanos corresponden a personas que solo tienen intención de pasar una temporada en el país para dirigirse a otras latitudes, como lo sugiere el presidente Petro.
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Recientemente la plataforma interagencial R4V, que coordina Naciones Unidas, actualizó la cifra de venezolanos en el territorio nacional con números aportados por Migración Colombia que dan cuenta de que, al día de hoy, son 2,9 millones de venezolanos en el país, lo que contrasta con los poco más de 31 mil que había en 2015. La cifra no ha dejado de crecer toda vez que se mantienen en Venezuela condiciones objetivas para que sus nacionales migren, como los altos niveles de pobreza, la crisis económica, la inflación, el deterioro de la salud y la educación, así como servicios como el eléctrico y de agua potable colapsados, por no hablar de la falta de democracia y la represión política.
Amnistía Internacional, por su parte, acaba de dar a conocer un informe titulado “Regularizar y proteger: obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas”, en el que denuncia que Colombia, Perú, Ecuador y Chile, países donde está concentrado alrededor del 70 % del éxodo venezolano alrededor del mundo, no están cumpliendo a cabalidad sus obligaciones bajo el derecho internacional de proteger a quienes huyen de Venezuela para resguardar su vida, integridad y derechos humanos.
Estos países, a pesar de ser signatarios de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984, han llevado a su mínima expresión el reconocimiento de la condición de refugiados de miles de solicitantes de protección internacional, a pesar de que cumplen con las condiciones para ello, debido a que en Venezuela se cometen violaciones masivas de derechos económicos y sociales, además de violaciones generalizadas y sistemáticas a derechos civiles y políticos, lo cual ha resultado en la emergencia humanitaria compleja que afecta al país, según sostiene la ONG con sede en Londres.
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El documento de Amnistía Internacional advierte incluso que programas considerados como de “protección complementaria” o de regularización, como es el caso del ETPV en Colombia, no ofrecen niveles de protección equivalentes al asilo, pues no establecen garantías frente a la devolución a Venezuela. Además, las autoridades colombianas han impuesto la incompatibilidad entre el ETPV y el refugio, y han incentivado a los solicitantes de este último a que escojan la modalidad de regularización migratoria que ha previsto el Estado colombiano.
El actual Gobierno de Colombia no ha contemplado de manera prioritaria el tema migratorio ni el de la protección que les debe a los solicitantes de refugio en su agenda, un contingente de personas que sobrepasa al de una ciudad como Medellín, quienes además se encuentran en una buena proporción en una situación de gran vulnerabilidad. Olvidarlos y, peor aún, instrumentalizarlos haciendo diagnósticos de su situación no cónsonos con la realidad es el camino más directo para que en un futuro no demasiado lejano los migrantes pasen a ser un grave problema social en vez de una oportunidad para el desarrollo nacional.
Mejor haría el presidente Gustavo Petro en reconocer que gran parte de los venezolanos que han llegado al país terminarán quedándose, lo que demanda acciones de gobierno en la formulación de políticas públicas para facilitar y acelerar su protección, así como su integración económica y social.
* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Presidente de Diálogo Ciudadano.
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