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Les detienen, patean, asesinan y después de muertos, les retiran las esposas y les ponen armas de fuego. Todo antes de que llegue la Fiscalía a revisar la escena del crimen. Ocurrió el 18 de mayo en la ciudad Nuevo Laredo, en el norte de México, a manos de soldados del Ejército, y quedó registrado en el video de una cámara de seguridad difundido esta semana por diferentes medios.
Sin embargo, lo que muestra el video contrasta con lo que declaró el jefe del escuadrón involucrado en los hechos, quien afirmó, según el informe que el fuego contra los detenidos e inmovilizados se dio porque el convoy militar fue atacado por hombres armados que buscaban liberar a las víctimas. Esto no se ve en el video.
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Es el segundo hecho de esta corriente que ocurre en Nuevo Laredo en 2023, pues con el mismo modus operandi, otro convoy militar mató a siete jóvenes que volvían de una fiesta sin motivo aparente. Y así, estos hechos se suman a las 148 quejas de abuso militar recibidas entre enero y marzo por la Secretaría Nacional de Defensa (Sedena) y las 129 presentadas ante la Guardia Nacional.
Pese a una tradición militar fuerte en los diferentes gobiernos a lo largo de su historia, bajo la presidencia de Andrés López Obrador (AMLO) México le entregó por completo, gracias a reformas constitucionales, el control de la Guardia Nacional (la fuerza pública civil) a las Fuerzas Armadas, además de hacer que estén adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando constitucionalmente debía obedecer al poder civil.
“AMLO ha establecido que las obras primarias de su gobierno, el tren maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, que son las tres obras emblemas de su gobierno, sean construidas por militares. Les ha entregado el control de las aduanas, incluso están proponiendo la creación de una línea aérea, se encargan incluso, un militar se encarga de la COFEPIS, que es la instancia reguladora de los temas de salud en México, les han encargado el reparto de medicamentos. En fin, no solamente la seguridad pública se ha militarizado por completo en México, sino también otro tipo de instancias y de actividades que eran propias de los civiles en otros tiempos.”, cuenta Sergio Méndez Silva, experto en militarización y abogado de la Fundación para la Justicia.
Con un respaldo total del presidente, parece que los militares no tienen control alguno. En el primer caso de ejecuciones, de febrero, hubo investigaciones que terminaron en la suspensión de varios marines involucrados, pero cuenta Méndez que el acceso a la información en esos casos también está siendo escaso y las únicas fuentes de información, las Fuerzas Armadas, parecen construir una narrativa.
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Controlan la información, la seguridad en las calles, en las provincias, pero también intervienen con severidad en temas migratorios alineados con Estados Unidos, pero sin estar mediados por un tratado internacional.
“Ese acuerdo que se ha celebrado con Estados Unidos debería de haber tenido forma de tratado internacional, cosa que no tiene, justamente para efectos de que pueda haber un control sobre este tipo de decisiones. Sin embargo, se ha equiparado con un acuerdo político que ha implicado la aplicación extraterritorial de las leyes migratorias estadounidenses en México, ha provocado la militarización de la frontera, se cometen delitos de lesa humanidad en contra de las personas migrantes porque son víctimas de trata, de torturas, de ejecuciones por parte del crimen organizado, de desapariciones forzadas, de reclutamiento forzado para formar parte de sus organizaciones, son víctimas de masacres. Vivimos una crisis humanitaria bastante, bastante grave y lo que ha ocurrido es que se incrementa cada vez más de forma exponencial”, continúa Méndez.
Con todo y esto la reacción de López Obrador ha sido esquivar la problemática de lo que en México llaman una política de gatillo fácil por parte de las Fuerzas Armadas. No existe una guerra para el presidente, se trata de casos aislados y prolonga la narrativa de manzanas podridas y no de una actitud sistemática. Es la misma narrativa con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto (predecesor de AMLO) reaccionó a las desapariciones forzadas de Ayotzinapa en 2014.
Sin embargo, los números del sexenio en curso muestran que la política de militarización radicalizada del gobierno puede pasar a la historia como la más crítica para la población mexicana. Según cifras del Centro Nacional de Derechos Humanos, de enero a diciembre de 2022 la Sedena recibió más de 428 quejas, mientras que contra la Guardia Nacional llegaron 577 quejas.
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Con todo y esto, Méndez no es optimista. Los dos casos de ejecuciones en Nuevo Laredo y la falta de claridad e información por parte de las Fuerzas Armadas son solo dos muestras claras de que los militares en México actúan sin ninguna supervisión y parece que ni la presidencia, ni ningún ente estatal parece estar dispuesto a frenar el poder que tienen y que aumenta en la misma medida en que aumenta la crisis humanitaria en México.
“Nada parece indicar que esta situación vaya a cambiar, desde la sociedad civil exigimos que se desmilitarice, no solamente la seguridad pública de nuestro país, sino todas las actividades que tienen que ver con la labor administrativa gubernamental, que se pretende se mantenga por parte de las Fuerzas Armadas, también es urgente transparencia e independencia del Poder Judicial”, concluye.
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