Mar-a-Lago: el caso más serio contra Trump (por ahora)

Donald Trump hizo de una canción de Frank Sinatra -que en realidad debe atribuírsele a Tony Bennett- su lema para su campaña a la reelección: “Lo mejor está por venir”. Pero esa icónica letra convertida en consigna electoral no puede estar más lejos de la realidad del expresidente hoy. El jueves, la justicia estadounidense acusó a Trump de cometer siete delitos federales distintos en el marco de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados durante su presidencia.

Donald Trump hizo de una canción de Frank Sinatra -que en realidad debe atribuírsele a Tony Bennett- su lema para su campaña a la reelección: “Lo mejor está por venir”. Pero esa icónica letra convertida en consigna electoral no puede estar más lejos de la realidad del expresidente hoy. El jueves, la justicia estadounidense acusó a Trump de cometer siete delitos federales distintos en el marco de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados durante su presidencia.

Se trata del segundo proceso penal que enfrenta el republicano, con el agravante de que este se da en el marco de la ley federal y parece tener pruebas más concisas de su mal actuar que las otras investigaciones en su contra. Se enfrenta a 37 cargos que podrían significarle una multa máxima de US$250.000 y una pena de cinco a 20 años en prisión, cada uno. Pero esto no es todo, por lo que para el magnate parece que “lo peor está por venir”.

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Primero, hay que hacer una recapitulación: en marzo, Trump fue procesado por “orquestar” pagos para comprar el silencio de tres personas, cuyas revelaciones podrían haberlo perjudicado en la carrera por la presidencia en 2016. Las revelaciones implican a Stormy Daniels, una actriz porno que acusa a Trump de haber comprado su silencio para ocultar su affaire amoroso. Los pagos no son ilegales, pero lo que sí está mal ante la ley es la manera en la que se hicieron: Trump los habría hecho pasar como “honorarios legales” en los libros de contabilidad de su empresa. Esto derivó en 34 cargos penales en su contra por “falsificación de documentos contables”. Es el primer proceso penal de Trump, quien dejó el penoso registro de convertirse en el primer expresidente con una acusación por la vía penal. El juicio quedó fijado para marzo de 2024.

La segunda acusación penal vino el jueves. Al dejar la presidencia de Estados Unidos, para instalarse en su lujosa residencia Mar-a-Lago, en Florida, Trump se llevó cajas enteras de documentos clasificados de la CIA, los departamentos de Defensa, Energía y Estado, entre otras agencias. Pregunta clave: ¿no hizo el presidente Joe Biden lo mismo cuando era vicepresidente? Que un funcionario del gobierno tenga documentos clasificados en su casa es más común de lo que se cree. La diferencia entre los dos casos es la forma en la que procedieron: Biden, quien dijo que fue un error, precedió a devolverlos el mismo día en el que se supo del hecho.

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Trump, por el contrario, lo ocultó y se negó a entregar los documentos cuando se supo que los tenía. No es lo más grave todavía: le mostró los documentos -algunos con secretos nucleares- a su comité político de campaña, que inlcuye a personas que no tienen las credenciales para acceder a este tipo de información. Trump violó las leyes federales de muchas maneras, por lo que se le acusa de los 37 cargos por siete delitos diferentes. Pinta muy mal. Pero hay dos casos a los que se les debe poner cuidado en los próximos dos meses.

El primero es la investigación del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos de Trump para anular los resultados de las elecciones en 2020 y declararse ganador. El caso ha permanecido en silencio unos meses, pero esta semana dio noticias. Mark Meadows, el último jefe de gabinete de Trump, testificó ante un jurado federal. Su testimonio, que tomó por sorpresa al equipo legal del expresidente, podría conducir a más pruebas que sirvan para construir una acusación sólida contra Trump por los delitos de incitación a la insurrección, conspiración para defraudar al gobierno, obstrucción de una ley de Congreso y otros cargos federales. Este caso, si bien puede demorarse todavía, haría que el segundo proceso penal contra Trump parezca un pellizco nada más. Sería su verdadero dolor de cabeza.

El otro caso está relacionado con el primero. Se trata de la investigación por interferencia electoral en el condado de Fulton, en Georgia. Tras la victoria de Biden en 2020, Trump llamó el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. En la llamada se escucha a Trump instar a Raffensperger a que “encuentre” 11.780 votos más en el conteo para conseguir la victoria en dicho estado, antes de amenazarlo al decirle que “corría un gran riesgo” si no anulaba los resultados electorales y que enfrentaría cargos penales si no lo obedecía. La investigación no dio noticias durante meses, hasta esta semana.

La fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, está considerando presentar cargos contra Trump utilizando la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por su sigla en inglés), la cual tiene una definición amplia sobre un comportamiento de extorsión. Bajo esta ley, la justicia podría considerar que Trump y su equipo de campaña tuvieron un comportamiento ilegal. Se requiere probar que hubo más de un comportamiento de crimen organizado, por lo que Willis espera obtener información de los esfuerzos de Trump en otros estados por alterar los resultados electorales. La evidencia estaría cerca. Se espera que la oficina de la fiscal presente cargos contra Trump en agosto.

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Con esto, el expresidente tendría que pasar un buen tiempo en las cortes durante el próximo año, mientras lidera su campaña por la reelección. ¿Jugará esto en su contra? Por ahora el apoyo de sus seguidores sigue sólido. Es el candidato más popular en la contienda por la nominación republicana de lejos, superando por más de 30 puntos al segundo en la tabla. Los líos legales no parecen alterar el apoyo de su base. Ni la multa a su empresa, la Organización Trump, por fraude fiscal en enero, ni el ser declarado responsable de agresión sexual en mayo lograron romper la luna de miel entre ambos. Sin embargo, a medida que las batallas judiciales se suman -y podrían venir más-, el presidente requerirá mucho más dinero para su representación.

Por ahora son sus seguidores quienes han sostenido una gran parte de estos gastos legales a través de donaciones. Solo hasta 2020 Trump había gastado US$58 millones de las donaciones en sus facturas legales. La pregunta es: ¿podrán soportar más batallas legales, y si el expresidente encontrará abogados que asuman el reto de representarlo? El viernes renunciaron dos más, sumándose a una extensa lista de desertores. En agosto de 2022, Maggie Haberman, periodista política de The New York Times, ya había reportado lo difícil que es para él conseguir representación.

“Estás viendo muchos menos abogados que están dispuestos a salir y hablar por él y/o subirse a su vagón porque tal vez no les paguen, lo cual es una gran cosa”, dijo Haberman.

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