Los porqués de la transición democrática venezolana
La Asamblea Nacional (AN) ha tomado la bandera para liderar una oposición venezolana que busca forzar la salida cuanto antes de Nicolás Maduro.
Antonio De Lisio*
La toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero pasado se convirtió, dada su ilegitimidad, en el detonante de la transición democrática. En Venezuela, especialmente durante los momentos autoritarios más sombríos de los últimos tres años, se ha considerado factible la posibilidad del rescate democrático del país, tomando en consideración las experiencias mundiales similares y las propias de las transiciones posdictatoriales en las décadas de los 40 y 50 pasados.
Especialmente esta última ha alimentado la esperanza de volver a lograr el cambio democrático, inicialmente entre quienes siempre fueron opositores del proceso bolivariano, que han representado un electorado que nunca bajó del 38 % en las distintas contiendas presidenciales (no se toman en cuenta las elecciones del 20 de mayo pasado, en las que se llamó a la abstención opositora). Este piso electoral indica que la oposición venezolana no solamente se nutre de las clases media y alta de la población; también parte de los sectores populares han estado presentes.
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Las elecciones presidenciales del 2013 y las legislativas del 2015 demostraron que no había espacio alguno para el intento maniqueo de pobres chavistas contra ricos antichavistas, y ante la profundización autoritaria que el régimen decidió debido a la pérdida drástica de su base de apoyo electoral, en la oposición se empezó a considerar la necesidad urgente de una transición democrática en la que la atención de las reivindicaciones populares jugara un papel relevante, como ocurrió en los tránsitos dictadura-democracia del siglo XX venezolano.
Es importante resaltar que la narrativa que ha tratado de alimentar la pugnacidad social bolivariana ha venido disminuyendo en eficacia en paralelo a la merma de los ingresos petroleros del país. Estos marcan su registro más bajo a partir del 2013, fecha que marca el fin del ciclo de precios altos de petróleo y de la pérdida creciente en la capacidad de producción desde el 2016. Estas mermas están ocurriendo cuando el país muestra los mayores niveles a la dependencia petrolera debido a la asfixia que las políticas del Gobierno han generado en la economía no petrolera. Así que en lugar de la edad de oro presagiada por Hugo Chávez para la década que está transcurriendo, se está ante la mayor crisis económica y social en la historia de la Venezuela petrolera. Los gobiernos venezolanos del siglo XXI han actuado como una especie de rey Midas al revés.
(Ver más: ¿Qué es el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela?)
Los venezolanos de todos los sectores y capas sociales pueden recordar que hubo un país en el que, a pesar de las diferencias sociales, todos vivían mejor, sin las penurias de la escasez y la carestía, con salarios que no quedaban pulverizados diariamente frente a la voracidad hiperinflacionaria.
En los últimos tres años, bajo el mandato de Maduro, quien se autoproclama presidente de los trabajadores, paradójicamente el poder adquisitivo del salario ha caído en un 90 %. La transición democrática ha encontrado en este colapso colosal un factor potenciador, ya que no se está frente a un gobierno autoritario exitoso, sino todo lo contrario. Por ello, para darle a la transición concreción en la vida real de la gente, se plantean como puntos metas tanto la emergencia humanitaria, para atender prioritariamente a los sectores más vulnerables, como la asistencia financiera multilateral de préstamos e inclusive donaciones, necesarios para iniciar la compleja reconstrucción de la maltrecha infraestructura de servicios básicos: agua, luz, saneamiento, movilidad, salud, educación, y del devastado aparato productivo petrolero y no petrolero.
La Asamblea Nacional (AN) ha sido clave en la articulación de estas acciones, por lo que se debe reconocer la decisión de la oposición desde el 2016 de defenderla como institución de resistencia democrática frente a los embates de los restantes poderes nacionales, tratando en esta confrontación de velar por el Estado de derecho que garantiza la Constitución. Tanto la AN como el texto constitucional aprobado en referéndum han sido preservados como los “apalancamientos” institucionales y normativos legítimos para la transición democrática. Además se debe resaltar que para un tránsito que implica necesariamente renovación, la AN de hoy tiene la particularidad de contar con muchos jóvenes diputados, provenientes de luchas estudiantiles de los años 2007 y 2014, entre ellos el propio presidente (e) Juan Guaidó.
Esta presencia, entre otras cosas, permite resaltar, al igual que en el pasado, el papel de las universidades venezolanas en la transición democrática. Las universidades públicas, fundamentalmente las autónomas, y las privadas han venido librando una confrontación tenaz para mantener la calidad académica y la pertinencia social de sus actividades en un país que ha marchado a la deriva. Han tenido que enfrentar, inclusive en la calle, las regulaciones gubernamentales que se han pretendido implementar, especialmente desde el año 2010, para condicionar la investigación, la docencia y la extensión universitaria. Esta lucha la han realizado sin dejar de cumplir con su deber de formación de egresados, algunos de los cuales han emigrado, y para estos se espera crear las condiciones para su regreso e incorporación en la reconstrucción democrática del país.
(Ver más: La fuga del oro venezolano)
Para mantener el vínculo entre los que se van y los que se quedan, al igual que para los restantes contactos entre los múltiples actores de la transición participativa que se aspira, los medios de comunicación alternativos y las redes sociales han jugado un rol clave. Han sido la vía para sobreponerse a la desconexión social que se ha pretendido mediante el control oficial de la prensa, radio y televisión tradicionales.
Así que, en este intento de regresar a la democracia en Venezuela se conjugan factores y procesos producto de una incubación muchas veces imperceptible y subestimada por quienes han pretendido eternizarse en el poder, que hoy se muestran con su accionar anacrónico, totalmente incapaces de enfrentar los aires de cambio democrático que se respiran en todo el país.
* Profesor de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la red académica del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario.
La toma de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero pasado se convirtió, dada su ilegitimidad, en el detonante de la transición democrática. En Venezuela, especialmente durante los momentos autoritarios más sombríos de los últimos tres años, se ha considerado factible la posibilidad del rescate democrático del país, tomando en consideración las experiencias mundiales similares y las propias de las transiciones posdictatoriales en las décadas de los 40 y 50 pasados.
Especialmente esta última ha alimentado la esperanza de volver a lograr el cambio democrático, inicialmente entre quienes siempre fueron opositores del proceso bolivariano, que han representado un electorado que nunca bajó del 38 % en las distintas contiendas presidenciales (no se toman en cuenta las elecciones del 20 de mayo pasado, en las que se llamó a la abstención opositora). Este piso electoral indica que la oposición venezolana no solamente se nutre de las clases media y alta de la población; también parte de los sectores populares han estado presentes.
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Es importante resaltar que la narrativa que ha tratado de alimentar la pugnacidad social bolivariana ha venido disminuyendo en eficacia en paralelo a la merma de los ingresos petroleros del país. Estos marcan su registro más bajo a partir del 2013, fecha que marca el fin del ciclo de precios altos de petróleo y de la pérdida creciente en la capacidad de producción desde el 2016. Estas mermas están ocurriendo cuando el país muestra los mayores niveles a la dependencia petrolera debido a la asfixia que las políticas del Gobierno han generado en la economía no petrolera. Así que en lugar de la edad de oro presagiada por Hugo Chávez para la década que está transcurriendo, se está ante la mayor crisis económica y social en la historia de la Venezuela petrolera. Los gobiernos venezolanos del siglo XXI han actuado como una especie de rey Midas al revés.
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Los venezolanos de todos los sectores y capas sociales pueden recordar que hubo un país en el que, a pesar de las diferencias sociales, todos vivían mejor, sin las penurias de la escasez y la carestía, con salarios que no quedaban pulverizados diariamente frente a la voracidad hiperinflacionaria.
En los últimos tres años, bajo el mandato de Maduro, quien se autoproclama presidente de los trabajadores, paradójicamente el poder adquisitivo del salario ha caído en un 90 %. La transición democrática ha encontrado en este colapso colosal un factor potenciador, ya que no se está frente a un gobierno autoritario exitoso, sino todo lo contrario. Por ello, para darle a la transición concreción en la vida real de la gente, se plantean como puntos metas tanto la emergencia humanitaria, para atender prioritariamente a los sectores más vulnerables, como la asistencia financiera multilateral de préstamos e inclusive donaciones, necesarios para iniciar la compleja reconstrucción de la maltrecha infraestructura de servicios básicos: agua, luz, saneamiento, movilidad, salud, educación, y del devastado aparato productivo petrolero y no petrolero.
La Asamblea Nacional (AN) ha sido clave en la articulación de estas acciones, por lo que se debe reconocer la decisión de la oposición desde el 2016 de defenderla como institución de resistencia democrática frente a los embates de los restantes poderes nacionales, tratando en esta confrontación de velar por el Estado de derecho que garantiza la Constitución. Tanto la AN como el texto constitucional aprobado en referéndum han sido preservados como los “apalancamientos” institucionales y normativos legítimos para la transición democrática. Además se debe resaltar que para un tránsito que implica necesariamente renovación, la AN de hoy tiene la particularidad de contar con muchos jóvenes diputados, provenientes de luchas estudiantiles de los años 2007 y 2014, entre ellos el propio presidente (e) Juan Guaidó.
Esta presencia, entre otras cosas, permite resaltar, al igual que en el pasado, el papel de las universidades venezolanas en la transición democrática. Las universidades públicas, fundamentalmente las autónomas, y las privadas han venido librando una confrontación tenaz para mantener la calidad académica y la pertinencia social de sus actividades en un país que ha marchado a la deriva. Han tenido que enfrentar, inclusive en la calle, las regulaciones gubernamentales que se han pretendido implementar, especialmente desde el año 2010, para condicionar la investigación, la docencia y la extensión universitaria. Esta lucha la han realizado sin dejar de cumplir con su deber de formación de egresados, algunos de los cuales han emigrado, y para estos se espera crear las condiciones para su regreso e incorporación en la reconstrucción democrática del país.
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Para mantener el vínculo entre los que se van y los que se quedan, al igual que para los restantes contactos entre los múltiples actores de la transición participativa que se aspira, los medios de comunicación alternativos y las redes sociales han jugado un rol clave. Han sido la vía para sobreponerse a la desconexión social que se ha pretendido mediante el control oficial de la prensa, radio y televisión tradicionales.
Así que, en este intento de regresar a la democracia en Venezuela se conjugan factores y procesos producto de una incubación muchas veces imperceptible y subestimada por quienes han pretendido eternizarse en el poder, que hoy se muestran con su accionar anacrónico, totalmente incapaces de enfrentar los aires de cambio democrático que se respiran en todo el país.
* Profesor de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la red académica del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario.