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A pesar de haber abandonado el Palacio de Planalto, Jair Bolsonaro seguirá siendo protagonista en Brasil por los procesos judiciales en su contra. El expresidente, de 65 años, cuenta con más de cuatro acusaciones que lo señalan por “mala gestión” en el Ejecutivo, según Amnistía Internacional.
Bolsonaro, que perdió en los comicios en octubre de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva, ya no podrá gozar de las protecciones constitucionales que tuvo mientras fue presidente.
Este trato especial, o fuero, le daba garantías para que solo pudiera ser investigado con previa autorización del Supremo Tribunal Federal (STF), máxima entidad judicial del país y la única que podía juzgarlo.
Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, solo podía ser denunciado por la Procuraduría General de Brasil por haber incurrido en faltas o delitos y con autorización del Legislativo.
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De presidente a ciudadano común
El panorama para el expresidente ahora es muy distinto. Al dejar la presidencia, Bolsonaro deja de disfrutar del fuero especial que la Constitución le otorgaba. Esto implica que la justicia ordinaria puede llevar a cabo las investigaciones y procesos que hay en su contra. En otras palabras, Jair Bolsonaro pasará a ser un ciudadano común, por ende, deberá responder a los procesos penales como un ciudadano común.
“Lo más probable es que esos procesos se remitan a la justicia común, salvo aquellos que involucren personas que mantienen un fuero privilegiado”, indicó la BBC al referirse al futuro de Bolsonaro.
¿Qué implica esto? Que cualquier fiscal dentro de los estados brasileños puede presentar cargos en su contra y los veredictos en los tribunales pueden ser analizados por un juez de primera instancia.
Cabe recordar que Bolsonaro fue crítico de la rama judicial durante gran parte de su mandato. El último episodio de tensión fue en junio de 2022, cuando el expresidente amenazó con incumplir las decisiones de la STF aludiendo que “no voy a vivir como una rata”, luego de que un miembro de su círculo político fuera destituido por difundir noticias falsas.
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Desde la posesión de Lula, la Policía Federal de Brasil tendrá la potestad de investigar a Bolsonaro sin pedir autorizaciones previas. Las indagatorias y denuncias en su contra, antes manejadas por la Procuraduría, pasarían a otras instancias.
Otro de los privilegios que Bolsonaro pierde es el derecho de ser representado por un abogado estatal, que usualmente lo brindaba la Abogacía General de la Unión. Esto quiere decir que el expresidente tendrá que contratar y costear un representante legal que lo defienda contra todos sus procesos.
En 2021, Bolsonaro pronunció públicamente que “tengo tres posibilidades de futuro: ir preso, ser asesinado o la victoria”.
Los procesos pendientes
En cuatro años de mandato Bolsonaro tuvo bastantes críticas a su gestión frente a Brasil. Fueron tantas las acusaciones y denuncias en su contra que el New York Times mencionó que “cada vez es más difícil seguir la pista a todas las acusaciones contra el presidente y su gobierno”.
Incluso Lula, en su discurso de posesión, calificó las acciones de Bolsonaro como “actos antidemocráticos”, que dejaron “un país en ruinas” mediante la “negación de la política” y la “destrucción del estado”.
Sin embargo, el antiguo capitán del ejército tiene varios procesos que pueden cambiar su situación civil en el futuro:
-Noticias falsas sobre el covid
Bolsonaro negó la pandemia y sus secuelas en Brasil desde el inicio. A través de las redes sociales difundió información falsa en la que incentivaba a sus ciudadanos no vacunarse o deslegitimar los hallazgos científicos sobre el covid-19. Incluso llegó a mencionar públicamente que las personas vacunadas en Reino Unido desarrollarían el “síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)” y publicar información falsa acerca de las mascarillas.
Para una comisión investigadora del Parlamento, esto constituyó un delito de parte del exmandatario calificado como “crímenes contra la humanidad”. En su momento, se pidió a la Procuraduría que presentara la denuncia contra Bolsonaro, sin embargo, nunca se dio. Ahora sin el privilegio del fuero presidencial la justicia ordinaria podría recibir esta denuncia en contra del expresidente.
La negación de la pandemia dejó más de medio millón de muertos en Brasil y un escándalo de recursos públicos. De acuerdo con los informes judiciales, la gestión de Bolsonaro en el covid tuvo responsabilidad en los afectados y en los recursos. De acuerdo con las investigaciones, el gobierno de Bolsonaro pagó US$15 millones por unas vacunas de origen hindú que costaban US$ 1,3 millones.
-Divulgar información clasificada
El antiguo presidente de Brasil tiene una investigación en curso por haber, presuntamente, divulgado información y datos confidenciales. Estos datos que Bolsonaro y el diputado Filipe Barros difundieron tenían el propósito de la “divulgación de información reconocidamente falsa, con repercusión dañina para la administración pública”, según un documento remitido a la Corte Suprema.
El magistrado Alexandre de Moraes citó a comienzos de 2022 a Bolsonaro a declarar para determinar su responsabilidad y autoría en la divulgación de información clasificada. Sin embargo, el entonces presidente no asistió a la citación alegando su “derecho a la ausencia”.
A pesar de que este caso está archivado, el STF podría considerar que ese caso contra Bolsonaro ya no hace parte de su jurisdicción, por ende, podría remitirlo a la Policía Federal para que fuera denunciado ante la justicia ordinaria. Para añadir, este proceso ya cuenta con las pruebas suficientes de la Policía Federal en las que se comprueban que Bolsonaro sí tuvo participación en un “delito”. En el expediente de Bolsonaro queda la constancia de que el mandatario desobedeció una orden judicial.
-”Fake News”
La Policía Federal de Brasil describió que Bolsonaro tuvo una “participación directa y relevante” en la difusión de “fake news”. En el informe de la Policía, se menciona que el expresidente y sus aliados llegaron a formar un “grupo paramilitar digital” en el cual se promovían campañas de odio, desprestigio y desinformación, según detalló el New York Times.
Dentro de estas campañas, Bolsonaro cuestionó el sistema electoral brasilero y la fiabilidad de los resultados presidenciales. También hubo otro episodio en que el expresidente difundió a través de redes sociales una portada falsa de la revista Time en la que él aseguraba ser el “personaje del año”.
Este caso debe permanecer en las instancias del Superior Tribunal Federal, puesto que otros de los protagonistas de la investigación gozan de un fuero especial que debe ser llevado a cabo por el STF.
-Interferencia en la Policía Federal
El Superior Tribunal Federal abrió una investigación contra el expresidente por haber tenido injerencia dentro de la entidad policial brasileña. Según afirma el diario El Deber de Bolivia, Bolsonaro incurrió en estas acciones “para proteger a sus hijos en indagaciones abiertas”.
En un video divulgado por la Corte Suprema en medio de la investigación, Bolsonaro queda en evidencia frente a las acusaciones. El video, que fue difundido en febrero, muestra cómo Bolsonaro y su círculo político admiten haber tratado de intervenir en las investigaciones policiales contra miembros de su familia. Cuando se toca el tema de las injerencias en la entidad judicial, Bolsonaro menciona que “no voy a esperar que me jodan a mí o a mi familia”.
Una de las pruebas más claras es un segmento del video en que el mandatario afirma: “Intenté cambiar gente de seguridad nuestra en Río de Janeiro y no lo conseguí”.
El STF no ha tomado una decisión sobre si archivará o le dará continuación al proceso. Sin embargo, si se mantiene abierto este caso puede ser tramitado por la justicia ordinaria.
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