Los riesgos del poder absoluto

Las tres últimas pruebas electorales le demostraron al Presidente Hugo Chávez que su proyecto de implantar el “socialismo del siglo XXI” estaba condenado al fracaso si lo remitía a las consultas populares. Veamos: el 2 de diciembre de 2007 fue derrotado su proyecto de reforma constitucional destinada a consolidar el poder central, a la creación de siete vicepresidencias regionales para anular a los gobernadores, y la aprobación de la presidencia vitalicia. El 23 de noviembre de 2008 sufrió una gran derrota al resultar vencedores los oposicionistas en estados de gran significación como Miranda, Carabobo, Nueva Esparta y Zulia, más las alcaldías de la región metropolitana, incluido el alcalde mayor.

Contra lo establecido por la Constitución, Chávez insistió en la propuesta de presidencia vitalicia al someterla nuevamente a consideración popular el 15 de febrero de 2009. Si bien obtuvo una ventaja de un millón de votos, esa ventaja fue producto de una campaña que comprometió delictuosamente las finanzas del Estado. Varios millones de bolívares costó al erario público cada uno de los votos de ese millón. Esperaba una ventaja de tres millones.

Dado que el presidente percibe que su popularidad tiende a bajar y que las vacas gordas del petróleo ya no volverán, resolvió precipitar sus planes de control absoluto del poder. Una carta fundamental de estos planes es la reducción de las competencias y recursos de los gobernadores y alcaldes. Obedeciendo órdenes presidenciales, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, año en que se llevó a cabo una reforma sustancial del sistema venezolano al establecerse por primera vez la elección popular de los gobernadores, designados hasta entonces por el presidente de la República.

Veinte años después, Chávez echa por tierra esa gran conquista democrática, acompañada paralelamente por un proceso general de descentralización y transferencia de competencias del poder central a las regiones. Simultáneamente, con la reforma de la ley, Chávez dispuso la ocupación de puertos y aeropuertos, a pesar de que el artículo 164 de la Constitución dispone que es competencia de los estados. Visiblemente, ni a Chávez ni a la Asamblea Nacional ni a los otros poderes del Estado les preocupa la violación de la Constitución.

Puertos y aeropuertos fueron tomados por pelotones militares en un despliegue bullicioso, a los gritos de: “Patria, socialismo o muerte”, de los propios generales a cargo de la toma, violentando también ellos la Constitución que les prohíbe toda militancia partidista.

Ante la severa crisis que comienza a atravesar Venezuela por la caída de los precios petroleros, Chávez centraliza todos los ingresos. En este caso, despoja financieramente a las regiones, y les niega las competencias de que disfrutaron en las últimas décadas. Según el propio Chávez, en la nueva administración de los puertos “podrá participar un país vecino”. Y no hay otro “vecino” que Cuba, cuya intervención en asuntos venezolanos es tan extensa y variada que pocos imaginan.

Mal tiempo para este dominio absoluto de la sociedad. Chávez no administra, sino despilfarra, y todo su poder emana de la demagogia acompañada de subsidios y dádivas. Esto se le ha terminado, y mientras más facultades detente, mayores serán las presiones que recaerán sobre él y su régimen, en momentos cuando el Estado rico, incompetente y caótico, se convierte en parásito de la gente.

*Ex ministro de Relaciones Exteriores venezolano.

Las tres últimas pruebas electorales le demostraron al Presidente Hugo Chávez que su proyecto de implantar el “socialismo del siglo XXI” estaba condenado al fracaso si lo remitía a las consultas populares. Veamos: el 2 de diciembre de 2007 fue derrotado su proyecto de reforma constitucional destinada a consolidar el poder central, a la creación de siete vicepresidencias regionales para anular a los gobernadores, y la aprobación de la presidencia vitalicia. El 23 de noviembre de 2008 sufrió una gran derrota al resultar vencedores los oposicionistas en estados de gran significación como Miranda, Carabobo, Nueva Esparta y Zulia, más las alcaldías de la región metropolitana, incluido el alcalde mayor.

Contra lo establecido por la Constitución, Chávez insistió en la propuesta de presidencia vitalicia al someterla nuevamente a consideración popular el 15 de febrero de 2009. Si bien obtuvo una ventaja de un millón de votos, esa ventaja fue producto de una campaña que comprometió delictuosamente las finanzas del Estado. Varios millones de bolívares costó al erario público cada uno de los votos de ese millón. Esperaba una ventaja de tres millones.

Dado que el presidente percibe que su popularidad tiende a bajar y que las vacas gordas del petróleo ya no volverán, resolvió precipitar sus planes de control absoluto del poder. Una carta fundamental de estos planes es la reducción de las competencias y recursos de los gobernadores y alcaldes. Obedeciendo órdenes presidenciales, la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de 1989, año en que se llevó a cabo una reforma sustancial del sistema venezolano al establecerse por primera vez la elección popular de los gobernadores, designados hasta entonces por el presidente de la República.

Veinte años después, Chávez echa por tierra esa gran conquista democrática, acompañada paralelamente por un proceso general de descentralización y transferencia de competencias del poder central a las regiones. Simultáneamente, con la reforma de la ley, Chávez dispuso la ocupación de puertos y aeropuertos, a pesar de que el artículo 164 de la Constitución dispone que es competencia de los estados. Visiblemente, ni a Chávez ni a la Asamblea Nacional ni a los otros poderes del Estado les preocupa la violación de la Constitución.

Puertos y aeropuertos fueron tomados por pelotones militares en un despliegue bullicioso, a los gritos de: “Patria, socialismo o muerte”, de los propios generales a cargo de la toma, violentando también ellos la Constitución que les prohíbe toda militancia partidista.

Ante la severa crisis que comienza a atravesar Venezuela por la caída de los precios petroleros, Chávez centraliza todos los ingresos. En este caso, despoja financieramente a las regiones, y les niega las competencias de que disfrutaron en las últimas décadas. Según el propio Chávez, en la nueva administración de los puertos “podrá participar un país vecino”. Y no hay otro “vecino” que Cuba, cuya intervención en asuntos venezolanos es tan extensa y variada que pocos imaginan.

Mal tiempo para este dominio absoluto de la sociedad. Chávez no administra, sino despilfarra, y todo su poder emana de la demagogia acompañada de subsidios y dádivas. Esto se le ha terminado, y mientras más facultades detente, mayores serán las presiones que recaerán sobre él y su régimen, en momentos cuando el Estado rico, incompetente y caótico, se convierte en parásito de la gente.

*Ex ministro de Relaciones Exteriores venezolano.