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Nicolás Maduro, el mandatario de Venezuela, ordenó la semana pasada la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la expulsión de los trabajadores que la conformaban. Tras acusarla de haberse convertido en un “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan en el país”, ahora señala que en ella también ocurrían crímenes de espionaje y conspiración.
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Maduro aseguró en su programa semanal de televisión que la oficina “se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones y más bien asesorar las reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (...) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela”.
“Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen”, aseguró el líder chavista.
El anuncio de la suspensión de las actividades, hecho este jueves, dio al personal 72 horas para abandonar Venezuela. Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela dejaron ya el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor, confirmó este martes a EFE la portavoz del organismo Marta Hurtado.
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La oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela, aunque no tenga presencia física allí, agregó la fuente oficial.
La portavoz no dio más detalles sobre la salida de los empleados, aunque el propio presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró este lunes que ya se había completado el sábado, cuando se cumplía el plazo de 72 horas que se había dado a los funcionarios de la oficina para dejar el país.
La antecesora de Türk al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
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La suspensión se anunció un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurase que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.
De acuerdo con el comunicado de la Cancillería venezolana sobre la expulsión, esta “resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, sólo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”. Previamente, la oficina había manifestado su preocupación por la desaparición forzada de Rocío San Miguel, activista y defensora de derechos humanos imputada por argos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.
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