Estados Unidos afirmó este martes que está “profundamente preocupado” por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel y urgió al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país.
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Preguntado por EFE, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que el Ejecutivo estadounidense sigue “muy, muy de cerca” el caso de San Miguel, quien fue detenida por las fuerzas de seguridad venezolanas el viernes pasado cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo de Caracas a Miami.
La activista está acusada de participar en un intento de conspiración contra Maduro y otros altos cargos, así como por su implicación en supuestos ataques contra unidades militares y otras instituciones del país.
San Miguel, una abogada de 57 años, ha sido detenida cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela junto a cinco familiares: su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo. Uno de sus abogados defensores lo calificó de “desaparición forzada” pero el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que será imputada por “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”. Se desconoce el lugar donde está detenida y las condiciones en las que se encuentra.
“Estamos profundamente preocupados por esto. El señor Maduro tiene que cumplir los compromisos que asumió a finales de otoño sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas, a los partidos de la oposición e incluso a aquellos miembros de la sociedad venezolana que quieran postularse a un cargo. Tiene que cumplir con esos compromisos”, manifestó el portavoz.
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Kirby rechazó especular sobre cómo podría responder Estados Unidos ante la detención de San Miguel y otras acciones del Gobierno venezolano, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, incluida la líder opositora María Corina Machado.
La misión de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido en las últimas horas la liberación de San Miguel, quien es presidenta de la ONG Control Ciudadano y cuyas condiciones de detención aún no se conocen.
La Casa Blanca ha elevado el tono varias veces en las últimas semanas contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, al que reprocha el incumplimiento del acuerdo de Barbados alcanzado en octubre con la oposición, que fijó las presidenciales para el segundo semestre del año.
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El Gobierno de Joe Biden incentivó a Maduro a tomar estas acciones con la suspensión de sanciones al petróleo y el gas, pero ante la falta de progreso, a finales de enero volvió a imponer sanciones al sector del oro y ha advertido que si la situación no mejora dejará que el 18 de abril expiren las licencias para el petróleo y el gas que se habían otorgado en Venezuela.
El Ejecutivo de Maduro ha prohibido la participación en las elecciones de la opositora Machado, líder del bloque antichavista, y en las últimas semanas ha arrestado a políticos y activistas con el argumento de un supuesto plan para derrocar a Maduro.
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