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Mientras el Vampi, Coqui y Garbis, los tres temidos líderes de las bandas criminales que llevan desde 2013 haciendo de las suyas en Caracas, montaban un imperio criminal, armándose hasta los dientes y matando a policías y civiles, Nicolás Maduro arreciaba la persecución contra sus opositores.
Los delincuentes se hicieron tan fuertes, mientras el gobierno miraba para otro lado, que durante dos días agentes de seguridad se enfrentaron a ellos para tratar de neutralizarlos. El resultado: 26 muertos y 28 heridos. Según Maduro, los maleantes han sido entrenados durante meses por paramilitares colombianos. ¿Cómo se les pasó a las autoridades de ese país un campo de entrenamiento criminal durante meses?
Quizá porque la mano dura estaba siendo aplicada en otros frentes. Sin temblarle la mano ha metido a prisión, según datos de Foro Penal , a 350 personas de la oposición, ilegalizó partidos, exilió a buena parte de sus detractores y vetó a varios periodistas y medios de comunicación. En 2020, la mira se posó sobre las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Se calcula que en Venezuela existen más de 200 organizaciones humanitarias, las cuales se han hecho cada vez más importantes, porque hacen la tarea que se le olvidó asumir al gobierno. En noviembre del año pasado, luego de limitar la financiación de estas organizaciones y acusarlas de estar detrás de “complots” para sacarlo del poder, las empezó a perseguir.
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La Fiscalía dictó órdenes de detención contra seis trabajadores humanitarios de Alimenta la Solidaridad (que maneja 239 comedores que atienden a 25.000 niños), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) allanó su sede y se le congelaron las cuentas. Después arremetió contra Convite (ONG que ayuda a adultos mayores) y aumentó el hostigamiento contra decenas más.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo entonces que “defender los derechos humanos no es un delito, tampoco el libre y transparente financiamiento”. Pero la persecución se arreció.
El caso de Javier Tarazona
El último en caer en esa redada contra las ONG fue Javier Tarazona, director de Fundaredes, que denunció la presencia de guerrilleros colombianos en el estado Apure y puso en evidencia las debilidades del ejército bolivariano, así como la permisividad del gobierno de Maduro con los grupos guerrilleros colombianos presentes en las zonas fronterizas con Colombia. Fue Tarazona el que denunció el secuestro de soldados y la falta de preparación de los uniformados para enfrentar una guerrilla que se mueve como pez en el agua desde hace tiempo en el país vecino.
Sus informes se convirtieron en un dolor de cabeza para el gobierno chavista, que el pasado julio ordenó detenerlo junto con su hermano Rafael y el activista Omar García, acusados de “traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”.
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Tarazona, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, en Táchira, doctor en filosofía de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y director de esta ONG, está aislado desde entonces. “Sencillamente el gobierno aprovechó la denuncia que hizo el profesor Tarazona sobre una fotografía de un oficial venezolano reunido con integrantes del Eln para detenerlo; sin duda sus denuncias fueron muy graves”, dice Sebastiana Barráez, periodista experta en orden público en Venezuela.
“Lo acusan de no mostrar pruebas sobre la presencia de grupos irregulares en Venezuela, que exageró cuando dijo que estaban en 22 de los 24 estados del país, pero es indiscutible que los guerrilleros colombianos están acá; el gobierno trata de silenciar a todo aquel que pueda afectarlos a nivel de la opinión pública”, agregó.
Gonzalo Himiob, abogado venezolano defensor de DD. HH., dice que esta detención es un mensaje claro a las ONG. “Para el poder en Venezuela, denunciar violaciones de derechos humanos es un acto de terrorismo, una traición a la patria y una instigación al odio”. El fiscal Tarek William Saab dijo que Tarazona denunciaba sin pruebas: “De seguro este señor (Javier Tarazona) es un adicto a las narcoseries, a las narconovelas de Colombia y transmuta lo que ha ocurrido en Colombia hacia nuestro país”.
El caso de Freddy Guevara
El lunes el turno fue para el diputado Freddy Guevara, indultado por decreto presidencial en agosto de 2020 y quien había estado refugiado en la Embajada de Chile desde 2017, tras ser acusado de instigar protestas contra el gobierno.
Guevara fue detenido en Caracas y trasladado al Helicoide, la temida sede de inteligencia de la Policía Bolivariana. Una detención que pone en duda las promesas de Maduro de unas elecciones de alcaldes y gobernadores transparentes y que, de nuevo, hace dudar de sus intenciones de un diálogo. Desde hace unas semanas la Unión Europea, EE. UU. y el Vaticano iban en camino de reactivar la mesa de diálogo en ese país.
Kevin O’Reilly, subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, consideró “absolutamente inaceptable” el arresto. Y muchos ven esto como un impedimento para considerar a Maduro un actor serio en unos posibles acercamientos.
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Al parecer, fue un tuit sobre los enfrentamientos en Caracas lo que desató la ira madurista. “Qué tiene que ver el Acuerdo de Salvación Nacional con este megadrama que se vive en Caracas con las bandas armadas, Apure y Arco Minero?, dijo Guevara en Twitter. Frase que fue vinculada con un presunto complot de la oposición con los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para “desestabilizar” a Maduro. Una historia que repite el gobierno cada vez que una situación se le sale de control. ¿Dónde están Vampi, Coqui y Garbis? Solo se sabe que 2.500 uniformados, una recompensa de US$500.000 y dos días de enfrentamientos no consiguieron dar con ellos, pero sí confirmaron que Caracas vive una epidemia de violencia inédita: 12.000 fallecidos en 2020, siete veces más que la media mundial.