Magnicidio de Moïse: ¿Por qué EE. UU. no quiere enviar tropas a Haití?
El gobierno interino de ese país insiste: les pide a Estados Unidos y Naciones Unidas enviar militares para ayudar a la Policía Nacional a restablecer la seguridad tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
Las calles de Haití eran un campo de batalla antes del magnicidio de Jovenel Moïse: solo en junio, más de 150 personas fueron asesinadas y 200, secuestradas en Puerto Príncipe; la capital estaba a merced de las pandillas, contra las que la Policía Nacional no ha podido hacer nada. “El país está asediado por bandas armadas que siembran el terror, asesinan, secuestran y violan con total impunidad”, revela un reciente informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH). La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR) señala que hoy existen más de 76 pandillas y 500.000 armas ilegales en manos de los civiles.
El Ejército, eliminado en 1994 para evitar más golpes de Estado y reinstaurado en 2017, apenas tiene 500 miembros; la Policía Nacional, por su parte, cuenta con 15.000 uniformados para un país de once millones de habitantes. Para empeorar la situación, las fuerzas armadas haitianas han sido señaladas por organizaciones internacionales de cometer las matanzas de La Saline, en 2018, y Bel-Air, en 2019, en las que decenas de personas fueron salvajemente asesinadas.
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Tras el asesinato del presidente el miércoles en la madrugada, hombres armados se pasean por la capital en busca de sospechosos o de víctimas, pues los secuestros, atracos y otros crímenes no han cesado desde la aniquilación del presidente. La gente tiene miedo de salir a las calles y el gobierno interino, encabezado por el primer ministro, Claude Joseph, teme que todo pueda empeorar y comiencen ataques contra instalaciones claves del país o las gasolineras.
“Las cosas no están peor; lo que hay es un vacío de poder, no sabemos quién manda ahora en Haití. Si sales te pueden secuestrar. La Policía antes no hacía nada y ahora menos”, dice Marie, una habitante de la capital. Stephane Doyon, coordinador de Médicos sin Fronteras para Sudán del Sur, Liberia, Etiopía y Haití, lo explica así: “Haití está ante en un vacío institucional. Cuando asesinan a un presidente, debe gobernar el presidente de la Asamblea, pero actualmente no hay”.
En Haití, la Constitución prevé que el primer ministro actúe como presidente interino si el jefe de Estado no puede ocupar su cargo, pero dos días antes de su muerte Jovenel Moïse había designado a un nuevo jefe de gobierno, Ariel Henry. Este nombramiento, publicado el lunes en el Diario Oficial, ha llevado a algunos observadores a cuestionar la legitimidad de Joseph.
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La noche del viernes, ocho de los diez senadores aún en funciones firmaron una resolución ofreciendo al presidente del Senado, Joseph Lambert, el cargo de presidente provisional de la república, pero Henry reclama su cargo y Claude Joseph se niega a entregarlo. ¿Quién manda?
Se gesta un enfrentamiento
Ahí está el principal problema de Haití. Se está gestando una crisis política que podría convertirse en un enfrentamiento entre gobiernos paralelos. Cuando el presidente fue asesinado, el primer ministro saliente (quien debía entregar el cargo el miércoles del magnicidio), Claude Joseph, declaró estado de sitio y fue designado jefe de gobierno interino por el Senado, con poderes ilimitados.
“En cuanto a la Constitución, no hay posibilidad de encontrar una solución [a la actual crisis política] porque Jovenel Moïse y su equipo se habían encargado de desmantelar todas las instituciones. Si observamos el Parlamento o el poder Judicial, no hay nada”, resume Marie Rosy Auguste Ducena, abogada de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Moïse no organizó nuevas elecciones parlamentarias desde que llegó al poder, en 2017, y los mandatos de los parlamentarios expiraron sin que se haya designado sucesores.
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Por lo tanto, Haití solo tiene, desde enero de 2020 y el final del mandato de los diputados y la mayoría de los senadores, diez representantes nacionales electos; es decir, un tercio del Senado. Moïse tampoco reemplazó a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo mandato de tres años estaba llegando a su fin, por lo cual el organismo ha sido casi desmantelado y no tiene presidente, pues falleció de COVID-19 en junio.
Tropas de Estados Unidos, mejor no
El gobierno haitiano en funciones pidió a Estados Unidos y a la ONU que envíen tropas a Haití para ayudar a asegurar sitios estratégicos. En una carta firmada por Claude Joseph a la Embajada de EE. UU. en Haití se solicita el envío de tropas. Una misiva similar fue entregada a Naciones Unidas. Pero el gobierno de Joe Biden no está interesado en enviar militares justo ahora, cuando las tropas del país se retiran de Afganistán.
Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, aseguró que el gobierno enviaría funcionarios para que evalúen cómo puede ser más útil el apoyo, pero añadió que por el momento no hay planes para proporcionar asistencia militar. Este domingo, miembros de la Policía federal y del Departamento de Seguridad Nacional, además de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) llegaron a Puerto Príncipe para evaluar la situación. Altos funcionarios de las fuerzas de seguridad de Colombia también llegarán a Haití para ayudar con la investigación.
Joseph insiste y en entrevista con la agencia Associated Press dijo que “definitivamente necesitamos auxilio, pedimos a nuestros socios internacionales que nos ayuden”.
Según Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, “Estados Unidos debería involucrarse más en Haití. En los últimos años, Washington lamentablemente ha estado ausente y ha ignorado la situación allí. Sin embargo, un mayor compromiso no debería significar enviar tropas estadounidenses, sino emplear otros medios más diplomáticos para trabajar con diversos líderes haitianos y tratar de ayudar a estabilizar la situación. El historial de Estados Unidos en Haití no es muy feliz, y cualquier despliegue militar sería recibido con un escepticismo generalizado en la sociedad haitiana. Hay poco interés y apoyo para enviar tropas estadounidenses, especialmente a la luz de la reciente retirada de Afganistán. Si bien el presidente Biden quiere volver a comprometerse con el mundo, ha dejado en claro que Estados Unidos no debe estar en el negocio de la construcción de una nación y que la atención y los recursos deben concentrarse en la desalentadora agenda interna”.
La última vez que fue asesinado un presidente de Haití, en 1915, Estados Unidos ocupó la nación caribeña durante 19 años (hasta 1934) y el país no mejoró, las instituciones se hicieron más débiles y nunca llegó la estabilidad política. El paso de la ONU fue igual de polémico. “Tuvimos la Minustah (la misión de la ONU, de 2004 a 2017) durante todos estos años y luego de su partida mire lo que estamos atravesando: una gansterización casi total del territorio nacional”, deplora Emmanuela Douyon.
El historiador Miguel Benito explica que “EE. UU. presta bastante asistencia humanitaria en Haití y ha aceptado que no puede hacer más para contener el caos. Biden estaría dispuesto a ayudar en la investigación del asesinato. Tener personal sobre el terreno que pueda comprobar que la situación en Haití es estable, dentro de los estándares haitianos, a pesar de la gravedad de los sucesos, y que no hay riesgo para los estadounidenses, sean de ONG o del gobierno. Solo un deterioro muy rápido de la situación de seguridad sobre el terreno podría plantear algún tipo de cambio”.
En esta situación, el asesinato del presidente sigue causando confusión. Varios altos cargos de la Policía, responsables directos de la seguridad del presidente haitiano, están en la cuerda floja y han sido citados a comparecer ante la justicia, anunció el jueves Bed-Ford Claude, jefe de la Fiscalía de Puerto Príncipe. “No he visto a ningún agente de policía víctima, solo al presidente y su esposa. Si son responsables de la seguridad del presidente, ¿dónde estaban? ¿Qué hicieron para evitar que esto ocurriera?”, cuestionó el comisario del gobierno de la capital.
Las calles de Haití eran un campo de batalla antes del magnicidio de Jovenel Moïse: solo en junio, más de 150 personas fueron asesinadas y 200, secuestradas en Puerto Príncipe; la capital estaba a merced de las pandillas, contra las que la Policía Nacional no ha podido hacer nada. “El país está asediado por bandas armadas que siembran el terror, asesinan, secuestran y violan con total impunidad”, revela un reciente informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH). La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR) señala que hoy existen más de 76 pandillas y 500.000 armas ilegales en manos de los civiles.
El Ejército, eliminado en 1994 para evitar más golpes de Estado y reinstaurado en 2017, apenas tiene 500 miembros; la Policía Nacional, por su parte, cuenta con 15.000 uniformados para un país de once millones de habitantes. Para empeorar la situación, las fuerzas armadas haitianas han sido señaladas por organizaciones internacionales de cometer las matanzas de La Saline, en 2018, y Bel-Air, en 2019, en las que decenas de personas fueron salvajemente asesinadas.
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Tras el asesinato del presidente el miércoles en la madrugada, hombres armados se pasean por la capital en busca de sospechosos o de víctimas, pues los secuestros, atracos y otros crímenes no han cesado desde la aniquilación del presidente. La gente tiene miedo de salir a las calles y el gobierno interino, encabezado por el primer ministro, Claude Joseph, teme que todo pueda empeorar y comiencen ataques contra instalaciones claves del país o las gasolineras.
“Las cosas no están peor; lo que hay es un vacío de poder, no sabemos quién manda ahora en Haití. Si sales te pueden secuestrar. La Policía antes no hacía nada y ahora menos”, dice Marie, una habitante de la capital. Stephane Doyon, coordinador de Médicos sin Fronteras para Sudán del Sur, Liberia, Etiopía y Haití, lo explica así: “Haití está ante en un vacío institucional. Cuando asesinan a un presidente, debe gobernar el presidente de la Asamblea, pero actualmente no hay”.
En Haití, la Constitución prevé que el primer ministro actúe como presidente interino si el jefe de Estado no puede ocupar su cargo, pero dos días antes de su muerte Jovenel Moïse había designado a un nuevo jefe de gobierno, Ariel Henry. Este nombramiento, publicado el lunes en el Diario Oficial, ha llevado a algunos observadores a cuestionar la legitimidad de Joseph.
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La noche del viernes, ocho de los diez senadores aún en funciones firmaron una resolución ofreciendo al presidente del Senado, Joseph Lambert, el cargo de presidente provisional de la república, pero Henry reclama su cargo y Claude Joseph se niega a entregarlo. ¿Quién manda?
Se gesta un enfrentamiento
Ahí está el principal problema de Haití. Se está gestando una crisis política que podría convertirse en un enfrentamiento entre gobiernos paralelos. Cuando el presidente fue asesinado, el primer ministro saliente (quien debía entregar el cargo el miércoles del magnicidio), Claude Joseph, declaró estado de sitio y fue designado jefe de gobierno interino por el Senado, con poderes ilimitados.
“En cuanto a la Constitución, no hay posibilidad de encontrar una solución [a la actual crisis política] porque Jovenel Moïse y su equipo se habían encargado de desmantelar todas las instituciones. Si observamos el Parlamento o el poder Judicial, no hay nada”, resume Marie Rosy Auguste Ducena, abogada de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Moïse no organizó nuevas elecciones parlamentarias desde que llegó al poder, en 2017, y los mandatos de los parlamentarios expiraron sin que se haya designado sucesores.
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Por lo tanto, Haití solo tiene, desde enero de 2020 y el final del mandato de los diputados y la mayoría de los senadores, diez representantes nacionales electos; es decir, un tercio del Senado. Moïse tampoco reemplazó a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo mandato de tres años estaba llegando a su fin, por lo cual el organismo ha sido casi desmantelado y no tiene presidente, pues falleció de COVID-19 en junio.
Tropas de Estados Unidos, mejor no
El gobierno haitiano en funciones pidió a Estados Unidos y a la ONU que envíen tropas a Haití para ayudar a asegurar sitios estratégicos. En una carta firmada por Claude Joseph a la Embajada de EE. UU. en Haití se solicita el envío de tropas. Una misiva similar fue entregada a Naciones Unidas. Pero el gobierno de Joe Biden no está interesado en enviar militares justo ahora, cuando las tropas del país se retiran de Afganistán.
Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, aseguró que el gobierno enviaría funcionarios para que evalúen cómo puede ser más útil el apoyo, pero añadió que por el momento no hay planes para proporcionar asistencia militar. Este domingo, miembros de la Policía federal y del Departamento de Seguridad Nacional, además de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) llegaron a Puerto Príncipe para evaluar la situación. Altos funcionarios de las fuerzas de seguridad de Colombia también llegarán a Haití para ayudar con la investigación.
Joseph insiste y en entrevista con la agencia Associated Press dijo que “definitivamente necesitamos auxilio, pedimos a nuestros socios internacionales que nos ayuden”.
Según Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, “Estados Unidos debería involucrarse más en Haití. En los últimos años, Washington lamentablemente ha estado ausente y ha ignorado la situación allí. Sin embargo, un mayor compromiso no debería significar enviar tropas estadounidenses, sino emplear otros medios más diplomáticos para trabajar con diversos líderes haitianos y tratar de ayudar a estabilizar la situación. El historial de Estados Unidos en Haití no es muy feliz, y cualquier despliegue militar sería recibido con un escepticismo generalizado en la sociedad haitiana. Hay poco interés y apoyo para enviar tropas estadounidenses, especialmente a la luz de la reciente retirada de Afganistán. Si bien el presidente Biden quiere volver a comprometerse con el mundo, ha dejado en claro que Estados Unidos no debe estar en el negocio de la construcción de una nación y que la atención y los recursos deben concentrarse en la desalentadora agenda interna”.
La última vez que fue asesinado un presidente de Haití, en 1915, Estados Unidos ocupó la nación caribeña durante 19 años (hasta 1934) y el país no mejoró, las instituciones se hicieron más débiles y nunca llegó la estabilidad política. El paso de la ONU fue igual de polémico. “Tuvimos la Minustah (la misión de la ONU, de 2004 a 2017) durante todos estos años y luego de su partida mire lo que estamos atravesando: una gansterización casi total del territorio nacional”, deplora Emmanuela Douyon.
El historiador Miguel Benito explica que “EE. UU. presta bastante asistencia humanitaria en Haití y ha aceptado que no puede hacer más para contener el caos. Biden estaría dispuesto a ayudar en la investigación del asesinato. Tener personal sobre el terreno que pueda comprobar que la situación en Haití es estable, dentro de los estándares haitianos, a pesar de la gravedad de los sucesos, y que no hay riesgo para los estadounidenses, sean de ONG o del gobierno. Solo un deterioro muy rápido de la situación de seguridad sobre el terreno podría plantear algún tipo de cambio”.
En esta situación, el asesinato del presidente sigue causando confusión. Varios altos cargos de la Policía, responsables directos de la seguridad del presidente haitiano, están en la cuerda floja y han sido citados a comparecer ante la justicia, anunció el jueves Bed-Ford Claude, jefe de la Fiscalía de Puerto Príncipe. “No he visto a ningún agente de policía víctima, solo al presidente y su esposa. Si son responsables de la seguridad del presidente, ¿dónde estaban? ¿Qué hicieron para evitar que esto ocurriera?”, cuestionó el comisario del gobierno de la capital.