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Existen dos maneras para retratar a Maikel José Moreno Pérez. La primera resulta hagiográfica: es el presidente sin tacha del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) y doctor en derecho constitucional, se recibió como abogado en 1995, dirigió la Sala de Casación Penal y tuvo la fortuna inusual de haberse casado con la modelo Débora Menicucci. Ha sido condecorado docenas de veces por la Guardia Nacional Bolivariana y forjó una carrera jurídica que le mereció, en febrero de este año, la presidencia del tribunal más alto del país. La segunda, en cambio, es severa: Maikel José Moreno Pérez asesinó a un hombre en 1987, fue investigado por ligazones con delincuentes y es acusado de corrupción.
Su nombre ha llegado de nuevo a los titulares tras la decisión del TSJ de traspasar los poderes de la Asamblea Nacional (AN) a sus dominios. Eso quiere decir que el TSJ será ahora el organismo que haga las leyes, firme los tratados internacionales y decida sobre el sentido de la Constitución. Los diputados de la AN, cuyos pares en Colombia serían los congresistas, quedaron anulados: cualquier decisión que tomen tendrá la misma validez de un flotador desinflado en altamar en medio de una tormenta definitiva.
Moreno es quien firma la sentencia 156, en la que el TSJ decidió ser a la vez, y hasta nueva orden, los poderes Legislativo y Judicial. Ese era uno de los temores iniciales por los días en que fue designado presidente: los opositores, que son mayoría en la AN, aseguraban que Moreno daría un golpe certero para disolverlos. Por entonces, la tesis sonaba a imaginería; sin embargo, Moreno se convirtió en breve en el arquitecto fino del desarme del Parlamento: desde la Sala Constitucional, y luego como presidente, refutó y anuló todos los proyectos que la oposición aprobó por mayoría. También fue el encargado de confirmar la sentencia a 14 años de prisión para Leopoldo López, uno de los líderes opositores, por su participación en las protestas contra el Gobierno en 2014.
Se trocó poco a poco en la clave legal del chavismo. Sus vínculos con éste son evidentes: hizo su carrera jurídica gracias al impulso oficial para designarlo en las grandes oficinas del Legislativo, lo que significó la prolongación de un vínculo que comenzó en 2007, cuando fue designado como agregado comercial de Caracas en Roma. El chavismo lo incluyó entre sus allegados a pesar de su prontuario, que va desde tretas legales hasta desafíos tangibles del orden. Fue destituido por desacato mientras era juez de la Sala Constitucional, poco antes de que lo nombraran agregado comercial y un exmagistrado chavista lo acusara de ser miembro de la “Banda de los Enanos”, un grupo de delincuentes involucrados en casos de corrupción. Pero su pasado más inquietante tiene que ver con su papel como oficial del entonces Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
En 1987, de acuerdo con datos de El País de España, Moreno asesinó a una mujer al sur de Venezuela cuando era miembro de dicha oficina. Pagó dos años de prisión por el crimen. “Tras conseguir un beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial —asegura ese diario—, Moreno fue relacionado con el homicidio de Rubén Gil Márquez, sucedido durante una balacera en Caracas en 1989. Esta vez no fue hallado culpable por las autoridades venezolanas, pero fue retirado de su cargo como oficial de seguridad”. A pesar de todo, el día en que fue designado, en su pronunciamiento ante los magistrados y los medios de comunicación, Moreno dijo: “Yo, desde este momento, al frente del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros magistrados, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país”.
Desde que comenzó su trabajo como magistrado, Moreno no se ha referido a las acusaciones que pesan sobre él y no se tiene un registro sobre algún proceso abierto en su contra. Está claro, sin embargo, que su papel en la caída del Parlamento ha venido acompañado de una serie de sentencias que le han permitido minar poco a poco la división de poderes en el país.
Dos días antes de que la sentencia 156 fuera publicada, el TSJ, con la aprobación de Moreno, eliminó la inmunidad parlamentaria para los diputados. La falta de inmunidad, que es una seguridad jurídica especial que reciben los trabajadores del altos cargos en el Estado, le permitiría a la justicia ordinaria abrirles procesos a los diputados opositores por cargos como difamación e injuria. En ese sentido, quedan a merced de sus acusadores en una justicia cuya independencia es dudosa.
Moreno es el ejemplo más claro de ello: le dio a Maduro la autorización de tomar las acciones “pertinentes” para salvaguardar el orden constitucional (por ejemplo, el refuerzo de la emergencia nacional, con la consiguiente eliminación de la libertad de expresión, la libre circulación y el dominio sobre todos los estamentos y decisiones políticas y económicas) y “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país”.