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Más de 60 colombianos que trabajaban en una mina ilegal ubicada en la Amazonía de Venezuela han sido expulsados por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), informó este lunes el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.
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“Más de 60 mineros ilegales de nacionalidad colombiana han sido evacuados del municipio Alto Orinoco, del estado Amazonas, por la FANB hasta el departamento de Guainía, en Colombia, por permanencia ilegal y encontrarse, en flagrancia, destruyendo los ecosistemas nacionales con diversas labores de minería ilegal a cielo abierto”, indicó el comandante a través de X.
Explicó que las personas que fueron desalojadas usaban balsas mineras y ocasionaban “graves daños a la capa vegetal y a los lechos de las cuencas hidrográficas en parques nacionales”, sin aclarar si se impuso alguna sanción legal, más allá de la expulsión, a estos ciudadanos.
Hernández Lárez, que compartió imágenes de este desalojo, informó de la operación tres días después de dar a conocer la evacuación de 384 personas de la mina ilegal ‘Bulla Loca’, ubicada en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), que colapsó el pasado lunes dejando un saldo de 16 fallecidos.
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El pasado viernes informó de que se había puesto en marcha un plan de desalojo de las personas que se dedicaban a “la minería ilegal de manera subrepticia y violando el ordenamiento jurídico territorial” en esta mina.
En 2023, el Ejecutivo aplicó un plan de desalojo en el sur del país que culminó con la expulsión de más de 10.000 mineros ilegales, según los balances oficiales, después de que el presidente Nicolás Maduro ordenara a los militares una “batalla” para “limpiar” la porción venezolana de la Amazonía.
Sin embargo, el pasado enero, la ONG SOS Orinoco denunció el aumento y desplazamiento de la minería ilegal hacia otras zonas de la Amazonía.
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El pasado junio, la Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró que cerca de 7.000 colombianos estaban en riesgo de ser deportados por trabajar en minas de oro ilegales ubicadas en el Parque Nacional Cerro Yapacana, en el estado Amazonas. En ese entonces, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió a las entidades gubernamentales crear un plan de “contingencia debido a una posible deportación o eventual retornos” de los connacionales.
En el comunicado, se alertaba de la presencia de grupos armados en la zona, cuyas “labores, directas o indirectas, los exponen a una vulneración de los derechos fundamentales”. Además, los operativos de las fuerzas armadas venezolanas habrían puesto en riesgo el bienestar de los trabajadores y sus familias.
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