El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), radicado en Nicaragua, fue condenado este lunes a 14 años de prisión en El Salvador por haber facilitado una tregua con pandillas durante su mandato.
A través de un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR) se dio a conocer que tanto Funes, como David Munguía Payés, que fue su ministro de Justicia, recibieron una condena carcelaria.
El exmandatario recibió una sentencia de ocho años de cárcel por el delito de integrar agrupaciones ilícitas y otros seis años por el delito de incumplimiento de deberes.
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En tanto, el exministro Munguía Payés recibió ocho años de prisión por el delito de integrar agrupaciones ilícitas, otros seis años por incumplimiento de deberes y cuatro años más por actos arbitrarios, según explicó la FGR.
“Los exfuncionarios permitieron que las pandillas se fortalecieran económicamente y en territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre el 2011 y 2013, para beneficiar al gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones”, indicó la FGR.
En 2012 hubo una tregua con las pandillas que empujó a una baja en los homicidios y la misma contó con el auspicio de la Organización de Estados Americanos.
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Funes, de 63 años, quien enfrenta otros procesos ante la justicia salvadoreña por supuestos actos de corrupción, se marchó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. Posteriormente, en julio de 2019, el Gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.
Orden de arresto
La Fiscalía comenzó indagaciones sobre la tregua con pandillas en 2016 y en noviembre de 2022 un juzgado de San Salvador, a pedido de la Fiscalía, ordenó la detención del exmandatario por presuntos delitos relacionados a este caso.
La OEA auspició la tregua y en julio de 2012 visitó el país el entonces secretario general del organismo, José Miguel Insulza, quien presenció una entrega de viejas armas por parte de las pandillas.
Tras una reunión con Funes, Insulza aseguró que la OEA sería “garante” de la tregua, pero que ello no significaba legitimar a esas violentas agrupaciones.
Nunca se supo con certeza cuándo finalizó esa tregua. Al cabo de unos meses, los homicidios comenzaron a repuntar y en mayo de 2014 Funes dijo que la tregua había terminado meses antes, sin dar una fecha precisa.
El actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lanzó en marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas que ejercían control territorial en buena parte del país, enviando a prisión a casi 69.000 presuntos pandilleros, en virtud de un régimen de excepción.
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La cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos de Bukele.
Pero vale la pena mencionar que desde la administración de Bukele se ha emprendido una guerra también contra todos aquellos que tengan vínculos con las pandillas. Por ejemplo, el medio de comunicación salvadoreño El Faro, anunció que suspendía su funcionamiento legal en El Salvador debido a que eran perseguidos por el Gobierno. Esto se dio a que El Faro, en su actividad periodística, buscaba pandilleros como fuentes e insumos de sus investigaciones, lo que valió la acusación y persecución de las autoridades salvadoreñas.
“Condenado político”
Tras conocer la condena en su contra, el exministro Munguía Payés aseguró este lunes que va a apelar la decisión judicial.
“Yo me considero un condenado político, solo por haber servido como ministro de Justicia y Seguridad en la administración del presidente Funes, me imputan una serie de acusaciones que no tienen fundamento”, dijo a la prensa Munguía Payés mientras era mantenido esposado y custodiado por agentes penitenciarios.
Sobre las condenas por el caso tregua entre pandillas habló el exministro de Seguridad, David Munguía Payés, quien se declaró como un condenado político y aseguró no tener responsabilidad alguna en los cargos de los que se le acusaban. pic.twitter.com/rcSWj55UuI
— Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) May 30, 2023
Hasta el momento el expresidente Funes, quien suele comentar sobre aspectos de la política salvadoreña en su cuenta de Twitter, no se ha pronunciado sobre la condena en su contra.
Anteriormente, Funes ha dicho que se siente seguro en Nicaragua, pues no extradita a sus ciudadanos.
En noviembre de 2017, el exmandatario fue condenado por un tribunal civil a devolver más de US$200.000, tras ser acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito. Funes rechazó el fallo afirmando que se trataba de una “persecución política” en su contra.
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