Médicos Sin Fronteras dejó de atender migrantes en el Darién por tensión con Panamá
La organización médico-humanitaria, a través de un comunicado, indicó que ha tratado de renovar el convenio de colaboración con las autoridades panameñas “en vano”. Espera que la situación se resuelva pronto, pues, solo en lo que va de este año, más de 68.400 migrantes han cruzado la selva del Darién.
Médicos Sin Fronteras suspendió sus actividades médicas y humanitarias en el Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá usada a diario por cientos de migrantes en su camino hacia Norteamérica, por “orden” del Gobierno panameño, a falta de un “convenio vigente”.
“Desde el lunes 4 de marzo, la organización se vio obligada a suspender toda actividad médica para la población migrante en el Darién por orden de las autoridades panameñas, que alegan que actualmente la organización no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud”, indicó la entidad en un comunicado publicado el 7 de marzo. La institución alegó que “ha intentado en vano obtener dicha renovación desde octubre de 2023″.
En el documento, Médicos Sin Fronteras señaló que están “enormemente preocupados por las consecuencias que la suspensión tiene sobre la población migrante”, pues, “en promedio, cada mes los equipos médicos brindan atención en salud física y psicológica a casi 5.000 personas, con especial énfasis en las sobrevivientes de violencia sexual”.
La entidad indicó que “durante el año 2023, 676 migrantes recibieron atención médica integral luego de sufrir un acto de este tipo en la ruta migratoria; solo en enero de 2024 registró 120 casos más” y “en febrero denunció nuevamente el aumento de los ataques brutales y la violencia sexual en la selva”.
Además, señaló que, “ante las evidentes necesidades a nivel de salud, incrementadas exponencialmente en los tres últimos años, confía en poder retomar la atención médica en el Darién lo antes posible”, dado que la “suspensión coincide con el previsto aumento en el número de migrantes en Panamá esta semana, luego de que se reanudaron los transportes en bote en Colombia tras un par de días de represamiento”.
El Darién es la selva que separa a Panamá y Colombia y está plagada de peligros: los animales salvajes, la presencia de grupos armados y el propio clima tropical hacen aún más duro el tránsito para los centenares de migrantes que la cruzan a diario en su camino hacia Estados Unidos o Canadá.
Solo en lo que va de este año, más de 68.400 migrantes han cruzado el Darién, unos 22.673 más respecto al mismo período del año pasado, según informaron recientemente las autoridades panameñas, que esperan un incremento de hasta un 20 % de las personas que atraviesan la selva.
El aumento de migrantes por esta ruta, en su trayecto hacia la parte norte del continente en busca de mejores condiciones de vida, ha sido progresivo desde 2021, llegando a la cifra récord de más de 520.000 en 2023, el doble que el año anterior.
Panamá registra a los migrantes a su llegada a las poblaciones indígenas, a la salida de la selva o en los centros de recepción migratoria (albergues), donde les da cobijo y alimento, para luego coordinar la salida en autobuses hasta Costa Rica, un desplazamiento que se deben costear ellos mismos.
Sin embargo, las autoridades han endurecido el discurso hacia el tránsito de migrantes por la selva e insisten en que este es un “negocio” del crimen organizado, afirmando incluso que las bandas se lucraron el año pasado con US$820 millones, al imponer tasas por cruzar el Darién.
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Médicos Sin Fronteras suspendió sus actividades médicas y humanitarias en el Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá usada a diario por cientos de migrantes en su camino hacia Norteamérica, por “orden” del Gobierno panameño, a falta de un “convenio vigente”.
“Desde el lunes 4 de marzo, la organización se vio obligada a suspender toda actividad médica para la población migrante en el Darién por orden de las autoridades panameñas, que alegan que actualmente la organización no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud”, indicó la entidad en un comunicado publicado el 7 de marzo. La institución alegó que “ha intentado en vano obtener dicha renovación desde octubre de 2023″.
En el documento, Médicos Sin Fronteras señaló que están “enormemente preocupados por las consecuencias que la suspensión tiene sobre la población migrante”, pues, “en promedio, cada mes los equipos médicos brindan atención en salud física y psicológica a casi 5.000 personas, con especial énfasis en las sobrevivientes de violencia sexual”.
La entidad indicó que “durante el año 2023, 676 migrantes recibieron atención médica integral luego de sufrir un acto de este tipo en la ruta migratoria; solo en enero de 2024 registró 120 casos más” y “en febrero denunció nuevamente el aumento de los ataques brutales y la violencia sexual en la selva”.
Además, señaló que, “ante las evidentes necesidades a nivel de salud, incrementadas exponencialmente en los tres últimos años, confía en poder retomar la atención médica en el Darién lo antes posible”, dado que la “suspensión coincide con el previsto aumento en el número de migrantes en Panamá esta semana, luego de que se reanudaron los transportes en bote en Colombia tras un par de días de represamiento”.
El Darién es la selva que separa a Panamá y Colombia y está plagada de peligros: los animales salvajes, la presencia de grupos armados y el propio clima tropical hacen aún más duro el tránsito para los centenares de migrantes que la cruzan a diario en su camino hacia Estados Unidos o Canadá.
Solo en lo que va de este año, más de 68.400 migrantes han cruzado el Darién, unos 22.673 más respecto al mismo período del año pasado, según informaron recientemente las autoridades panameñas, que esperan un incremento de hasta un 20 % de las personas que atraviesan la selva.
El aumento de migrantes por esta ruta, en su trayecto hacia la parte norte del continente en busca de mejores condiciones de vida, ha sido progresivo desde 2021, llegando a la cifra récord de más de 520.000 en 2023, el doble que el año anterior.
Panamá registra a los migrantes a su llegada a las poblaciones indígenas, a la salida de la selva o en los centros de recepción migratoria (albergues), donde les da cobijo y alimento, para luego coordinar la salida en autobuses hasta Costa Rica, un desplazamiento que se deben costear ellos mismos.
Sin embargo, las autoridades han endurecido el discurso hacia el tránsito de migrantes por la selva e insisten en que este es un “negocio” del crimen organizado, afirmando incluso que las bandas se lucraron el año pasado con US$820 millones, al imponer tasas por cruzar el Darién.
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