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Roberto tiene esperanzas renovadas de encontrar a un sobrino que presume nació durante el cautiverio de su hermana, víctima de la represión contra opositores políticos mexicanos entre los años 1960 y 1980.
Este caso evoca el de miles de niños robados durante las dictaduras de Argentina y Chile en las décadas de 1970 y 1980, si bien las cifras de México distan mucho de las de esas tragedias.
Roberto Martínez, un maestro jubilado, fija sus ilusiones en una comisión gubernamental creada para buscar a por lo menos 14 personas que habrían nacido cuando sus madres estaban embarazadas y fueron desaparecidas.
Los presuntos autores fueron grupos policiales y militares ya disueltos, a los que se atribuyen graves violaciones de derechos humanos.
Lourdes Martínez, hermana de Roberto, fue capturada en junio de 1974 en Culiacán, (Sonora, noroeste) cuando tenía 23 años.
Militaba en la guerrilla Liga Comunista 23 de Septiembre, que se disolvió en 1983 tras desafiar durante una década al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México entre 1929 y 2000.
“Es una ilusión grande la que tengo. Ojalá que haya nacido y ande por ahí mi sobrino o sobrina”, dijo Roberto, de 65 años, a la AFP desde Culiacán.
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Es la primera vez que en México un gobierno busca a personas que habrían sido dadas en adopción tras la desaparición forzada de sus madres.
La Unidad Especializada en Búsqueda durante la llamada Guerra Sucia fue conformada en 2019, pero su trabajo apenas comienza.
Crueldad
Durante la represión, unos 500 opositores políticos y estudiantes fueron desaparecidos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (estatal).
Para presionar al Estado a encontrarlos, algunos familiares se han sumado a la lucha de organizaciones que buscan a decenas de miles de personas desaparecidas en México desde 2006, cuando fue desplegada una polémica ofensiva antidrogas y la violencia del crimen organizado se disparó.
“Espero con el alma que las autoridades me ayuden a encontrar a mi sobrino o sobrina y a su madre”, suplica Martínez.
“Quisiera contarles a todos los que posiblemente nacieron en las mismas circunstancias lo mucho que sus madres dieron por este país”, añade.
La comisión intenta localizarlos revisando archivos oficiales y testimonios.
“Administrar partos clandestinos, posiblemente para apropiarse de los niños, debe ser una de las cosas más crueles”, afirma Javier Yankelevich, director de dicha unidad, adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Yankelevich llama a quienes “puedan tener dudas sobre su identidad” a “explorar la posibilidad de que la historia que les contaron no sea la suya y se acerquen a las instituciones” para aclararla.
Camilo Vicente, autor del libro “Tiempo Suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980″, refiere indicios de que en México hubo adopciones irregulares en esos años, aunque no de la magnitud de las de Argentina y Chile.
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La organización Abuelas de Plaza de Mayo estima que 500 bebés fueron robados durante la dictadura argentina (1976-1893), mientras en Chile la cifra es de 8.000, según la Corte de Apelaciones.
“Así sean uno o dos los casos, es obligación del Estado buscarlos” y “decir cuántos niños habrían muerto en operativos militares o sufrido tortura, otra de las historias ocultas de esa largamente negada contrainsurgencia en México”, señala Vicente.
De novela
Uno de esos episodios es el de Roberto Antonio Gallangos y su esposa Carmen Vargas, miembros de la Liga Comunista. Fueron detenidos en operativos distintos en 1975 y luego desaparecidos.
Entonces, sus hijos Lucio Antonio, de cuatro años, y Aleida, de dos, estaban separados uno del otro con amigos de la pareja.
El niño fue raptado por agentes durante una operación en la que resultó herido; Aleida fue entregada a una familia por el hombre que la cuidaba y que murió sin revelar detalles de la historia.
Lucio Antonio fue dejado en un orfanato y en 1976 una familia lo adoptó bautizándolo como Juan Carlos Hernández.
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Tras una denuncia periodística y por iniciativa de su padre adoptivo, Aleida descubrió su verdadera identidad en 2001.
En 2004, después de sortear obstáculos de autoridades que se negaban a abrir archivos oficiales, localizó a su hermano en Washington, donde ambos viven ahora.
“La gente decía que parecía que estaba perdiendo la razón”, cuenta Aleida a la AFP desde esa ciudad.
Ambos esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligue a México a ubicar a sus padres, incorpore la Guerra Sucia a la historia oficial y los indemnice.
“Soy dos veces víctima, soy familiar de desaparecido y un desaparecido”, denuncia Juan Carlos, a quien descubrir su verdadera identidad le ha traído “paz”.
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