A través de una rueda de prensa, Human Rights Watch socializó los hallazgos del informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, publicado este miércoles. El texto hace referencia a varias variables, entre ellas corrupción y deterioro institucional, en el contexto del estallido social que vivió el país suramericano tras el intento fallido de golpe de Estado de Pedro Castillo y el posterior gobierno de Dina Boluarte.
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Tamara Tariacuk, directora en funciones para las Américas, lo resumió así: “Las protestas desde el 7 de diciembre de 2022 hasta febrero de este año explican la crisis democrática que atraviesa Perú y muestran los detalles de los abusos. En el país hay deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad, y marginación de la población indígena y campesina. Esto no es una excepción”.
Aquí se juntan varias problemáticas: la inestabilidad política, que se traduce en la existencia de seis presidentes en seis años, la incapacidad de responder a las demandas de la población y el estancamiento de la desigualdad, agudizada por los efectos de la pandemia del coronavirus. “Esto es un caldo de cultivo de frustración, especialmente para la gente del sur, que se siente olvidada por Lima”, comentó César Muñoz, director asociado para las Américas. “Ellos tenían su esperanza puesta en Pedro Castillo, pero él no tomó medidas efectivas para solventar esta cuestión histórica”. Al contrario, el investigador recuerda que el exmandatario usó las Fuerzas Armadas para funciones policiales y que suspendió algunos derechos básicos, sin justificación alguna, además de que intentó hacer lo mismo que Fujimori. Esta vez, las “instituciones democráticas respondieron adecuadamente”.
En medio del traspaso del poder, mientras varios peruanos se movilizaron en las calles exigiendo la salida de Boluarte, el cierre del Legislativo y la convocatoria a nuevas elecciones, el caos y la violencia reinaron por varios meses. Por un lado, hubo civiles que agredieron a varios policías, pues les lanzaron piedras y avellanas, una combinación entre fuegos artificiales y explosivos. Cerca de 300 uniformados resultaron heridos. Por el otro, como lo dijo Nathalye Cotrino, investigadora de la división de crisis y conflicto, “la respuesta a las protestas fue brutal. Hubo un abuso desproporcionado de la fuerza letal y no letal contra los manifestantes y transeúntes”.
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En la intervención ante los periodistas, los investigadores citaron varios ejemplos al respecto: las casi 200 detenciones en la Universidad de San Marcos, sobre las cuales criticaron el abuso del poder de control de identidad, que fue usado para intimidar a los manifestantes y sacarlos de las calles, manteniéndolos detenidos; los malos tratos a los cuales se enfrentaron aquellos privados de la libertad, pues no recibieron alimentación ni insumos médicos; las muertes en Ayacucho, que, según las evidencias recogidas, “no ocurrieron en una situación de legítima defensa”, y el fallecimiento de Rosalino Flórez, ocasionado por los disparos que le generaron heridas en el estómago, así como en el intestino, los pulmones y los riñones.
Ante lo sucedido, la respuesta de la comunidad internacional “no ha sido contundente”. Muñoz enfatizó en que la Unión Europea hizo declaraciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza, pero reiteró que Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, “se quedaron en silencio frente a los abusos”. Agregó que otros países, como Colombia, México y Bolivia, han defendido a Castillo, situándolo como una víctima.
-¿Qué repercusiones tiene que un asunto regional sea abordado desde cuestiones ideológicas?, le preguntó El Espectador al grupo de investigadores.
-Es un error hablar de cuestiones ideológicas cuando hablamos de derechos humanos, respondió Tariacuk. Es fundamental poner la vara en los principios y, de hecho, no es algo imposible. Por ejemplo, Boric, desde Chile, ha cuestionado lo sucedido en Nicaragua y Venezuela, a pesar de ser un gobierno de centro-izquierda. Las cuestiones de derechos humanos no tienen fronteras.
Tras la publicación del informe, Human Rights Watch hizo una serie de recomendaciones: investigar lo sucedido y sancionar a todas las personas involucradas en los hechos, tanto civiles como militares; crear una comisión independiente que ayude en los procesos penales y en la elaboración de un informe que le relate a los peruanos lo que ocurrió; instaurar un diálogo nacional, que, en medio de la desconfianza, requerirá que el Gobierno reconozca los abusos y atienda las demandas de la población, y, finalmente, emprender la postergada reforma policial.
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