El papel del espacio urbano en la integración de la población migrante

Roi Chiti es coordinador de ONU Hábitat para los países andinos.

Foto: Óscar Pérez - Óscar Pérez

Los beneficios de integrar a la población migrante y refugiada pueden ser innumerables si se tiene en mente que más conocimiento y diversidad contribuyen al crecimiento económico y la riqueza cultural, al tiempo que las personas que han huido de sus países encuentran mejores oportunidades de vida. En esto, generalmente se habla de procesos de regularización, documentación, convalidación de títulos, acceso a servicios financieros, salud, educación, entre otros. Pero poco nos cuestionamos por el espacio físico: de qué forma el entorno limita el acceso a oportunidades.

Con eso en la cabeza, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ONU Hábitat y la Unión Europea pusieron en marcha en 2019 el programa “Ciudades Incluyentes”, que busca abordar el problema con una visión integral, cuyo objetivo es trabajar con las comunidades para entender sus necesidades, diseñar con ellas soluciones en conjunto, de la mano con las autoridades locales y nacionales que, al mismo tiempo, se capacitan y mejoran sus habilidades de atención a las necesidades de la población.

El programa está presente en seis países y diez ciudades de América Latina y el Caribe. A julio de 2022, solo en Colombia se han invertido US$2,04 millones y se ha implementado en Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta y Villa del Rosario. Hoy, según ONU Hábitat, que lidera el programa, las tres ciudades tienen planes de intervención a escala territorial con “un portafolio de acciones para la inclusión de todas las personas, cocreados por refugiados, migrantes y comunidades de acogida, los cuales sirven como hoja de ruta hacia la integración”.

Es decir: para que el beneficio sea compartido y sostenible, es fundamental que participe la comunidad como un todo, no solo la población migrante que ha llegado a las ciudades. Por otro lado, para ONU Hábitat, una lección aprendida de la pandemia es que “en situaciones de crisis, las estrategias de cuidado y las políticas públicas de atención y prevención deben ir direccionadas para todos quienes habiten un territorio, más allá de su status legal o de su origen, ya que en sí mismas pueden aportar a la estabilización y a la construcción de la resiliencia de las ciudades”.

En Colombia, los centros urbanos, recordemos, han sido receptores de gran parte de la población desplazada interna, pero también de la que ha llegado de Venezuela. Cuestionar y trabajar sobre el espacio físico se vuelve, entonces, fundamental. En esta entrevista, Roi Chiti, coordinador de ONU Hábitat para los países andinos, cuenta más detalles sobre el programa, cómo y en qué han trabajado con las comunidades a nivel barrial, pero también con alcaldías y el Gobierno Nacional.

¿De qué se habla cuando hablamos de “Ciudades Incluyentes”?

Este programa busca aportar a la integración de la población refugiada y migrante desde una perspectiva integral, no solo con protección e integración tradicional, es decir, con regularización, que es fundamental; control de la xenofobia, convalidación de títulos, entre otros factores de política que pueden facilitar o dificultar la integración, sino que con este abordaje se mira también la dimensión espacial: nos hemos preguntado a dónde va esta población vulnerable y los efectos en el territorio. Con frecuencia se ubica en zonas que ya tienen déficits, es decir, es población vulnerable que llega muchas veces sin un proceso de regularización y que se ubica en zonas informales en los que encuentra vivienda barata, espacios de informalidad donde buscarse un poco la vida, tener un ingreso. Pero entrar a un territorio que ya tiene debilidades crea conflictos con la población local. Así que el objetivo es también ver cómo el territorio puede elevar las condiciones en su conjunto.

¿Qué actores se involucran?

El abordaje integral mira que se cubran todas las dimensiones desde lo nacional hasta lo local, lo comunitario, lo más micro. Intervenimos en incidencias en políticas nacionales, planes y programas a nivel local, en ciudades, y con las comunidades en la identificación de los problemas y la cocreación de soluciones, es decir, cosas concretas relacionadas con el déficit en acceso a servicios, de vivienda, de espacio público; cómo desde el territorio, a través de los activos que tiene, se pueden crear oportunidades de empleo o de generación de ingreso. Es un trabajo que se hace con las comunidades.

¿Con quiénes han trabajado en Colombia?

Por ejemplo, con Gerencia de Fronteras y con los ministerios sectoriales. Con el de Vivienda, para influenciar la capacidad de impacto en esta población, que puedan tener programas de vivienda como Semillero de Propietarios; con Gerencia de Fronteras se trabajó en la formulación del programa Intégrate, que son los centros instalados para atención, protección e integración de población migrante. Y en las ciudades, con las municipalidades, que son la primera línea en todos estos temas, la que tiene que atender necesidades y garantizar los derechos de estas personas, pero también el tema de cohesión social con la población local: hay dinámicas que se les pueden escapar a los administradores, entonces ahí apoyamos. Hemos apoyado en Barranquilla, Cúcuta, Villa del Rosario y Bucaramanga con varias líneas de trabajo. Por ejemplo, con datos y evidencias, pues sabemos que todos estos procesos se pueden abordar solamente si hay datos actualizados, porque poco me sirve saber que hay un déficit de 30 % de acceso a agua en la ciudad si no sé dónde se concentra. Hemos desarrollado un índice que se llama Marcador de Inclusión Urbana, que nos ayuda a entender cuál es la capacidad y potencial que tiene una ciudad para ayudar a la inclusión de su población, tanto grupos de la sociedad local como grupos que pueden añadirse, como migrantes, población en tránsito, y con esta herramienta podemos hacer propuestas claras desde el punto de vista de planeación urbana.

Es decir, es un indicador macro que le sirve a la estrategia específica de atención a la población migrante…

Sí, nace con la capacidad de visualizar un mapa para ver las áreas que necesitan intervención prioritaria y se va midiendo también con una capa que te da el dato sobre la migración. Ahí trabajas soluciones que tienen diferenciales teniendo en cuenta la población objetivo. Eso ayuda a anticipar un escenario de inversión; por ejemplo, si tengo la posibilidad de colocar una escuela, ¿dónde tendrá más impacto, según la demanda?

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¿Bogotá no ha formado parte de la estrategia?

Está en una serie de ciudades que han pedido entrar al programa para utilizar una metodología que es abierta. Estamos en conversación para ver si con la Unión Europea podemos agregar ciudades a la iniciativa y también para poder profundizar más en las ciudades donde ya estamos. Hemos visto que nuestras ciudades no son incluyentes, vivir en una zona urbana con altos estándares de servicios no es lo mismo que vivir en una periferia alejada, donde esos estándares bajan y dan lugar a externalidades negativas como inseguridad y perpetuando el ciclo de exclusión.

Entiendo que hay otros componentes distintos al que mencionaba de manejo de datos…

Luego hay componente de capacitación: estas herramientas las transferimos a las ciudades, a los técnicos de las municipalidades. El marcador lo están incorporando y utilizando como observatorio para facilitar la acción intersectorial. En muchas municipalidades hay departamentos que se ocupan de las mujeres, otro de educación, etc., pero no trabajan con una herramienta que permita integrar todos los sectores. El marcador lo hace, a nivel territorial, y te da una indicación de cómo se cruzan los datos de educación con otros y permite ese diálogo intersectorial. Se puede pensar en educación que un problema se soluciona con más cupos escolares, y luego te das cuenta de que hay una situación en la que los niños tienen que trabajar para apoyar a sus familias, entonces el cupo no lo van a utilizar: has creado un programa pensando que el problema son los cupos, pero no solucionaste nada porque hay otras necesidades.

Así que con esa herramienta estamos en capacidad de hacer propuestas de ciudad. Juntos con las municipalidades y los POT, por ejemplo, hemos presentado algunas propuestas y soluciones concretas, como fortalecer con un proyecto de inversión en un sitio determinado, crear un corredor verde entre determinadas zonas para facilitar la conexión, reforzar una necesidad en vivienda.

Y están también las unidades de intervención territorial: trabajamos con la comunidad, profundizamos la recogida de datos dialogando con la comunidad para entender lo que hay detrás. Se mide también la percepción, porque puedes tener un dato duro en seguridad, zonas donde no pasa casi nada en términos de crimen, pero hay una percepción de inseguridad: la idea es entender por qué. Identificamos las demandas y buscamos soluciones con ellos para mejorar el espacio público, crear rutas seguras camino a la escuela, entre muchos otros ejemplos…

Es decir, el trabajo con la comunidad da forma a lo que se trabaja a nivel municipal…

Claro, se construye en conjunto porque los mayores expertos son las comunidades mismas. Hay acciones que marcamos en rojo, amarillo y verde, las rojas son las de más largo plazo, en las que el proyecto no puede tener tanta incidencia porque hay una barrera legislativa, por ejemplo, cosas que no puedes hacer en corto plazo, pero se proponen para que estén presentes. En amarillo están las que no cuentan con recursos o no hay la capacidad, pero que buscando e identificando aliados se pueden implementar. Las verdes son las que el proyecto directamente se hace cargo. En las tres se han implementado acciones y otras se implementarán de aquí al próximo año.

¿Podría profundizar en un ejemplo concreto?

Acciones verdes en Barranquilla, en el corregimiento de La Playa, en manejo de desechos involucrando actores informales, un grupo que también contiene población migrante; el objetivo es mejorar la gestión y manejo de desechos fortaleciendo esos grupos que ya realizan esa actividad de reciclaje y hacer la conexión con las estrategias de la municipalidad, es decir, no se trata de crear una línea paralela o desconectada del sistema de recolección de desechos. Hubo un impacto interesante porque se está fortaleciendo la capacidad de empleo y de obtener productos finales con valor agregado. Otro ejemplo es la ruta segura para niñas y niños a la escuela. Es un trabajo que también involucra a la escuela y las familias, para una mejor señalización, con la puesta en marcha de un pequeño programa en el que la comunidad apoya el movimiento con voluntarios en esos horarios. Eso es en Cúcuta y Villa del Rosario. Ahí también, con las personas de dos barrios, se necesitaba facilitar la integración y se identificó un problema espacial: un barranco con un curso de agua que se inunda. Intervenimos ahí y se convertirá en un área de espacio público no solo más amigable para el disfrute del tiempo libre, sino con algunas actividades económicas, como un quiosco para café, y se hará un pequeño puente con un diseño participativo. En esos procesos es fundamental poner junta a la población refugiada y migrante y la población local, porque ahí dialogan, entienden la posición del otro, se buscan soluciones con puntos de encuentro.

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¿Qué viene para la estrategia?

En los últimos dos años empezamos con las grandes intervenciones en las comunidades después de lo más duro de la pandemia. La metodología se ha fortalecido. Hemos podido presentarla en foros grandes en Nueva York, en el Foro Urbano Mundial… Hay muchas más ciudades, tanto en la región como afuera que quieren adoptar esta metodología. Hay un grupo de ciudades que la piden. De momento la conversación a nivel de la Unión Europea en cuanto a cooperación internacional, con todo lo que está pasando en Ucrania, no está facilitando una mayor atención hacia esta región por parte de un donante como la Unión Europea, pero hacemos los esfuerzos y tendremos reuniones en Washington, con Usaid y otros actores, llevando todos los impactos demostrados con el objetivo de poder ampliar el grupo de ciudades. ¿Cómo los impactó el covid? ¿Los hizo replantear algo? El covid hizo evidente que mantener una población en situación de segregación no conviene a nadie. Con las restricciones a la movilidad, todo el mundo encerrado, ahí empezaron los problemas, por ejemplo, para la gente sin una vivienda adecuada, para quienes tenían que salir a buscar el sustento de cada día. O las personas con discapacidad que de un día para otro se quedaron sin ese apoyo diario y no pudieron salir más, que no tenían una vivienda que les garantizara una mínima autonomía, sin servicios de cercanía en el barrio… Todos necesitamos ciudades incluyentes.

¿Las experiencias de todas las ciudades involucradas son distintas? ¿Hay unas más exitosas que otras?

A grandes rasgos el fenómeno de la migración y de la desigualdad es común. Lo que hace la diferencia es que por ejemplo hemos visto países que acogen más, otros menos. Dentro de todo, Colombia es uno de los que han intentado gobernar este fenómeno. Seguro se podría hacer mucho mejor y tenemos expectativas de que la nueva administración recoja la parte positiva y que se pueda fortalecer. Tenemos también países, como Trinidad y Tobago, donde los números no son tan grandes como en Colombia, sin embargo, vas ahí y hay una instrumentalización, un roce entre población venezolana y local, además que el idioma no ayuda. Diría que lo que juega es la medida en que se favorece una migración ordenada y el proceso de reglamentación. En la parte de recolección de datos, Colombia tiene un sistema robusto, con el trabajo del DANE y las instituciones sectoriales.

El gobierno de Iván Duque dejó el CONPES 4100 con la intención de pasar de una atención de emergencia a una integración. ¿Cómo evalúan esa herramienta y cuál es el llamado para el nuevo gobierno?

Hemos hecho parte de ese debate, con humildad digo que de alguna forma esta iniciativa contribuyó al cambio de rumbo, de empezar a ver este asunto bien gobernado como una oportunidad. En el cambio de “chip” hemos influenciado seguramente porque estamos incidiendo con discusiones regionales, donde hacen parte actores nacionales internacionales, este debate ha evolucionado hacia allí. Se necesita hacer mucho en fortalecimiento de regularización, en acceso a educación, salud, etc., y no es solo abrir y decir “desde mañana pueden acceder”; se necesita acompañamiento, programas, inversión... Pero la dirección es la adecuada y si seguimos trabajando en inclusión, y me parece entender que es el planteamiento que estamos viendo, estaremos en condición de sacar el mayor provecho de iniciativas como esta.

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