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Cuatro años después de la muerte de Diana Aleman, una migrante venezolana que fue criminalizada en Perú por un aborto espontáneo, su caso vuelve a resonar a nivel internacional.
Un grupo de asociaciones civiles presentaron una denuncia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), una entidad adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que se examine la historia de Aleman y se declare la responsabilidad del Estado en su caso.
“Acudimos a las instancias internacionales para solicitar justicia y reparación para la familia de Diana (Aleman Díaz) y medidas para que ninguna mujer o persona gestante en el Perú vuelva a vivir lo que Diana y su familia enfrentaron. Entre estas medidas solicitamos la eliminación de las normas que criminalizan el aborto voluntario”, le dijo a El País de España Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Justicia Verde, una de las organizaciones que acompañan la denuncia ante la CEDAW.
¿Qué pasó con Diana Aleman?
La joven, entonces de 27 años, acudió en julio de 2020 al hospital María Auxiliadora, en el sur de Lima, porque sufrió un aborto espontáneo y necesitaba atención. Allí esperó en el área de ginecología por dos días a recibir cuidados del personal médico. Su esposo, Eudomar González, contó luego que Diana fue sometida a un trato indigno y a amenazas por parte del personal y las autoridades.
“Mi vida, estos doctores van a llamar a Serenazgo (patrulla municipal) por lo del aborto. Necesito que me ayudes”, le dijo Aleman a su pareja un día antes de morir.
Eudomar dice que no sabían que estaba embarazada: había sufrido una hemorragia y por eso se le llevó al hospital. Las intimidaciones y la presión de las que habría sido víctima Diana, según familiares y la defensa de su caso, la llevaron a saltar del tercer piso del hospital. Su cuerpo fue encontrado en el sótano y se atribuyó su muerte a un suicidio.
La familia insiste en que su muerte fue producto del acoso que sufrió. El hospital, que incluso quemó sus pertenencias, se habría tardado horas en informarles a los familiares de lo sucedido. En ese entonces, Susana Chávez, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), resaltó que el personal médico no tenía por qué requerirle a la mujer más información sobre su estado.
“Los médicos no tienen derecho de exigir ni hacer alguna investigación porque se extralimitaría sus funciones. Si la mujer dice que ha tenido una pérdida espontánea, no pueden perseguirla porque su función es salvar vidas”, le dijo Chávez a El Comercio de Perú.
En Perú, destacan las organizaciones que llevaron el caso a instancias de la ONU, los hechos que provocaron la muerte de Diana son producto de “una cadena de negligencias” creadas por las mismas autoridades.
“En Perú, el aborto es un delito salvo cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar un mal grave y permanente en su salud. Además, el artículo 30 de la Ley General de Salud establece expresamente que, cuando existan indicios de aborto criminal, (el médico) está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente, forzándole así a vulnerar el secreto profesional y la confidencialidad médica. Los hechos que provocaron el fallecimiento de Diana fueron consecuencia de la vigencia conjunta de ambas normas”, señalaron las organizaciones defensoras del caso.
Además de pedir la implementación de protocolos para garantizar la confidencialidad de las pacientes, las organizaciones de mujeres piden una reparación que incluya una regularización migratoria y la eliminación de sanciones penales para el aborto voluntario.
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