Población migrante: los nuevos nadies

Si quisiéramos conocer cuáles van a ser las directrices y estrategias del Gobierno de Gustavo Petro para encarar los desafíos que conlleva atender a la numerosa población migrante que se encuentra en Colombia e integrarlos en el entramado socioproductivo del país, no recomendaríamos buscar en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, cuyo proyecto fue radicado el 6 de febrero ante el Congreso por el presidente de la República, acompañado de su gabinete, en la emblemática plaza de Núñez.

Las referencias expresas al tema en ese texto son extremadamente escasas y se concentran únicamente en los artículos 123, 127, 128 y 129, donde solo se mencionan aspectos administrativos y financieros relacionados con el sistema de salud. Por lo demás, ninguna otra mención dirigida a un colectivo que, solamente en lo que concierne a la población proveniente de Venezuela, alcanza al menos a 2′894.593 personas (a octubre de 2022 según Migración Colombia), lo que representa el 5,9 % de los habitantes en Colombia, el equivalente a los habitantes de ciudades como Medellín o Cali.

Se trata de mujeres y hombres, niños y jóvenes con vocación de permanencia en el país que en una importante proporción se encuentran en condición de vulnerabilidad y que, por lo tanto, no han podido incorporarse con la dignidad que merecen a la vida económica y social, con las consecuencias y los peligros que esta situación de marginación le puede acarrear a Colombia en un futuro.

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Pareciera que los migrantes no están contemplados en el objetivo enunciado en el artículo 1 de este plan de desarrollo, llamado Colombia Potencia Mundial de la Vida, donde se indica que se busca que “el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”.

La ausencia del tema migratorio en este documento tampoco está en consonancia con las banderas levantadas por la actual administración de visibilizar, dignificar e incluir en los procesos de desarrollo nacional a indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, mujeres, comunidad LGBTIQ+ o personas discapacitadas, que forman parte de grupos históricamente excluidos a quienes la vicepresidenta, Francia Márquez, ha popularizado en Colombia como los nadies, inspirándose en un poema del uruguayo Eduardo Galeano.

En el artículo 4, donde se menciona a “los actores diferenciales para el cambio”, brillan por su ausencia los migrantes: “El cambio que propone (el PND 2022-2026) es con la población colombiana en todas sus diversidades para lograr transformaciones que nos lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que supera las discriminaciones de tipo económico, social, cultural y político, así como las basadas en género, étnico-racial, generacionales, capacidades físicas, de identidad y orientación sexual, donde la diversidad será fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión. De igual forma, busca superar las brechas ocasionadas por el conflicto armado y por las divisiones entre lo urbano y lo rural”.

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La omisión de la materia migratoria en el PND 2022-2026, con la excepción indicada, viene acompañada de algunos antecedentes preocupantes, como la falta de discusión de este tema en la pasada campaña presidencial y su práctica desaparición en las narrativas y en la acción gubernamental de los primeros seis meses de la gestión de Gustavo Petro que acaban de cumplirse, lo que denota claramente que se trata de un ítem que no está entre las prioridades del Gobierno. Poco se ha sabido del CONPES 4100, que dejó aprobado en julio de 2022 el Gobierno de Iván Duque.

La actual administración eliminó la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, conocida como Gerencia de Fronteras, instancia gubernamental adscrita a la Presidencia de la República, encargada de coordinar las políticas migratorias en el seno del propio poder Ejecutivo y con otras instancias de gobierno regionales y locales, así como con el sector privado, la cooperación internacional y las oenegés.

Las funciones de la Gerencia de Fronteras (creada durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos y que siguió después en la del expresidente Iván Duque en una demostración de continuidad administrativa que reconocía la importancia y complejidad del tema) han pasado al Ministerio de Relaciones Exteriores, despacho que no tiene en su misionalidad tratar y coordinar asuntos relacionados con la política interna, sino más bien con la exterior. Falta por ver qué papel jugará en este aspecto el Ministerio de la Igualdad y Equidad que dirigirá Francia Márquez.

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Los anuncios hechos por diversos representantes del Gobierno sobre “desvenezolanizar” el tema migratorio en Colombia también mueven a la preocupación, toda vez que parecen no tomar en cuenta un contundente dato de la realidad como es que al menos el 85 % de la migración está compuesta por personas provenientes del vecino país. Pareciera que de esta forma se estaría buscando diluir el asunto y evitar motivos de fricción en las recién restablecidas relaciones con Venezuela. De hecho, no ha trascendido que la migración haya estado en la agenda de ninguno de los dos gobiernos.

Si bien las autoridades nacionales han asegurado que continuarán con el desarrollo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), este ha mostrado signos de ralentización a la luz de las cifras reflejadas en el portal de Migración Colombia. Igualmente, no se han observado acciones para socializar ampliamente el Permiso por Protección Temporal (PPT) con prestadores de servicios, empleadores y el sistema financiero, entre otros, de modo tal que este documento de identificación, que ya ha sido aprobado para 1′727.766 migrantes venezolanos, sea una herramienta reconocida y útil para su integración en el país.

Hasta la fecha, el actual Gobierno ha adquirido algunos compromisos internacionales, como el que tuvo lugar en Lima el 6 de octubre en la reunión de ministros de Exteriores y representantes de los 21 países parte de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, donde se dijo que se completará la emisión de Permisos por Protección Temporal (PPT) y se afirmó que se tratará la migración venezolana según los criterios de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, que interpreta la condición de refugio de una manera mucho más amplia que la Convención de 1951. Igualmente, el 8 de febrero se aprobó la Nueva Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes, en el marco de la VIII sesión de la Comisión Intersectorial de Lucha contra este delito.

Urge que el Gobierno Nacional aterrice estos compromisos y adopte una clara política pública destinada a atender los flujos migratorios que han llegado a Colombia y propiciar su integración al país. La discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que se está comenzando a producir y se extenderá en los próximos meses es una buena segunda oportunidad para que el tema sea incluido en esta hoja de ruta que guiará al país en los próximos cuatro años.

* Investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

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Si quisiéramos conocer cuáles van a ser las directrices y estrategias del Gobierno de Gustavo Petro para encarar los desafíos que conlleva atender a la numerosa población migrante que se encuentra en Colombia e integrarlos en el entramado socioproductivo del país, no recomendaríamos buscar en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, cuyo proyecto fue radicado el 6 de febrero ante el Congreso por el presidente de la República, acompañado de su gabinete, en la emblemática plaza de Núñez.

Las referencias expresas al tema en ese texto son extremadamente escasas y se concentran únicamente en los artículos 123, 127, 128 y 129, donde solo se mencionan aspectos administrativos y financieros relacionados con el sistema de salud. Por lo demás, ninguna otra mención dirigida a un colectivo que, solamente en lo que concierne a la población proveniente de Venezuela, alcanza al menos a 2′894.593 personas (a octubre de 2022 según Migración Colombia), lo que representa el 5,9 % de los habitantes en Colombia, el equivalente a los habitantes de ciudades como Medellín o Cali.

Se trata de mujeres y hombres, niños y jóvenes con vocación de permanencia en el país que en una importante proporción se encuentran en condición de vulnerabilidad y que, por lo tanto, no han podido incorporarse con la dignidad que merecen a la vida económica y social, con las consecuencias y los peligros que esta situación de marginación le puede acarrear a Colombia en un futuro.

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Pareciera que los migrantes no están contemplados en el objetivo enunciado en el artículo 1 de este plan de desarrollo, llamado Colombia Potencia Mundial de la Vida, donde se indica que se busca que “el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”.

La ausencia del tema migratorio en este documento tampoco está en consonancia con las banderas levantadas por la actual administración de visibilizar, dignificar e incluir en los procesos de desarrollo nacional a indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, mujeres, comunidad LGBTIQ+ o personas discapacitadas, que forman parte de grupos históricamente excluidos a quienes la vicepresidenta, Francia Márquez, ha popularizado en Colombia como los nadies, inspirándose en un poema del uruguayo Eduardo Galeano.

En el artículo 4, donde se menciona a “los actores diferenciales para el cambio”, brillan por su ausencia los migrantes: “El cambio que propone (el PND 2022-2026) es con la población colombiana en todas sus diversidades para lograr transformaciones que nos lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que supera las discriminaciones de tipo económico, social, cultural y político, así como las basadas en género, étnico-racial, generacionales, capacidades físicas, de identidad y orientación sexual, donde la diversidad será fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión. De igual forma, busca superar las brechas ocasionadas por el conflicto armado y por las divisiones entre lo urbano y lo rural”.

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La actual administración eliminó la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, conocida como Gerencia de Fronteras, instancia gubernamental adscrita a la Presidencia de la República, encargada de coordinar las políticas migratorias en el seno del propio poder Ejecutivo y con otras instancias de gobierno regionales y locales, así como con el sector privado, la cooperación internacional y las oenegés.

Las funciones de la Gerencia de Fronteras (creada durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos y que siguió después en la del expresidente Iván Duque en una demostración de continuidad administrativa que reconocía la importancia y complejidad del tema) han pasado al Ministerio de Relaciones Exteriores, despacho que no tiene en su misionalidad tratar y coordinar asuntos relacionados con la política interna, sino más bien con la exterior. Falta por ver qué papel jugará en este aspecto el Ministerio de la Igualdad y Equidad que dirigirá Francia Márquez.

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Si bien las autoridades nacionales han asegurado que continuarán con el desarrollo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), este ha mostrado signos de ralentización a la luz de las cifras reflejadas en el portal de Migración Colombia. Igualmente, no se han observado acciones para socializar ampliamente el Permiso por Protección Temporal (PPT) con prestadores de servicios, empleadores y el sistema financiero, entre otros, de modo tal que este documento de identificación, que ya ha sido aprobado para 1′727.766 migrantes venezolanos, sea una herramienta reconocida y útil para su integración en el país.

Hasta la fecha, el actual Gobierno ha adquirido algunos compromisos internacionales, como el que tuvo lugar en Lima el 6 de octubre en la reunión de ministros de Exteriores y representantes de los 21 países parte de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, donde se dijo que se completará la emisión de Permisos por Protección Temporal (PPT) y se afirmó que se tratará la migración venezolana según los criterios de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, que interpreta la condición de refugio de una manera mucho más amplia que la Convención de 1951. Igualmente, el 8 de febrero se aprobó la Nueva Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes, en el marco de la VIII sesión de la Comisión Intersectorial de Lucha contra este delito.

Urge que el Gobierno Nacional aterrice estos compromisos y adopte una clara política pública destinada a atender los flujos migratorios que han llegado a Colombia y propiciar su integración al país. La discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que se está comenzando a producir y se extenderá en los próximos meses es una buena segunda oportunidad para que el tema sea incluido en esta hoja de ruta que guiará al país en los próximos cuatro años.

* Investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

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