“Sí me quiero vacunar, pero no he podido porque no tengo el permiso”

Para lograr esa anhelada inmunidad colectiva frente al COVID-19, con la que esperamos regresar de a poco a las condiciones previas a la pandemia, Colombia necesita vacunar a por lo menos el 70 % de las personas que viven en el país. Esto significa que tenemos una misión clara y urgente como país: que todos en el territorio nacional se vacunen. Y no podremos cumplir con dicha misión si las personas en suelo colombiano tienen que seguir superando barreras burocráticas para conseguir una dosis.

Aunque el Gobierno ha adelantado esfuerzos para vacunar a la población migrante venezolana, la cual equivale, de acuerdo con datos del DANE, al 4,7 % de las personas en el país, estos aún no han sido suficientes para responder a la tarea. Según datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha 23.798 extranjeros en Colombia ya recibieron al menos una dosis de la vacuna, la cual es una cifra alarmante considerando que hay por lo menos 1,8 millones de venezolanos en el país.

Uno de los principales problemas que enfrenta la población migrante al acceder a la vacunación contra el coronavirus es el desconocimiento y la falta de coordinación entre los diferentes actores involucrados en temas migratorios, incluyendo a las entidades públicas y las organizaciones de migrantes.

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A algunos, como Jonathan Elías Rodríguez Moya, uno de los 759.584 migrantes venezolanos regularizados en Colombia, les ha ido bien. Su cédula de extranjería y su visa de trabajo le permitieron tener acceso directo a la vacuna. Escuchó en noticias que se abriría una jornada de vacunación en el Centro Comercial Plaza de las Américas, a cinco cuadras de su casa. Luego de seis horas de fila pudo recibir su primera dosis de Moderna. Los padres de Rodríguez, al tener el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y estar afiliados a una EPS, lograron completar el esquema de vacunación con Pfizer y Janssen, y su hermano, al estar casado con una ciudadana colombiana y tener la visa de cónyuge, tiene la primera dosis de Sinovac. “Vacunarse no es para nada traumático, siempre y cuando uno sea un migrante regular, y gracias a Dios lo somos”, dijo Rodríguez.

Pero el problema es que a la gran mayoría sí les resulta traumático el proceso por el desconocimiento de los funcionarios locales sobre la directriz del Gobierno. Yanira González, directora de Corazón Doble Tricolor, centro de apoyo a la población migrante ubicado en Cali (Valle del Cauca), afirma que “a pesar de que ya se emitió a nivel del ejecutivo una resolución clara, la confusión se genera desde las mismas instituciones y funcionarios, porque no manejan un criterio definido en la atención, no conocen la resolución o aplican sobre ella su propia interpretación”.

González enfatiza en que aunque los migrantes irregulares presentan el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), que prueba que están en proceso de regularizarse a través del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPM), hay quienes en los centros de vacunación los reciben con negativas y les impiden vacunarse.

Laura Cristina Dib Ayesta, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, afirma que entre las directrices del Gobierno y su puesta en práctica hay mucha distancia. “Hace poco atendimos un caso de tres personas con VIH positivo que en tres oportunidades fueron a diferentes centros de vacunación y no los vacunaron. Ellos, además, son solicitantes de refugio con salvoconducto vigente; es decir, ni siquiera son personas en estado migratorio irregular. Sí, están incluidos en el Plan de Vacunación, eso es positivo, pero en la práctica siguen existiendo muchas barreras”.

Así, si bien hay una ruta sobre papel, en la que se establece que el estatus migratorio no influye para acceder a la vacuna, en la práctica sucede lo contrario. Y es que a la Clínica Jurídica para Migrantes también llegó el caso de una persona en situación de calle, con estatus migratorio irregular, a quien le negaron la vacuna por no estar afiliado a una EPS.

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“En Barranquilla hemos identificado casos, entre ellos de personas trans, que se han acercado a un centro de vacunación, pero no logran vacunarse porque no están en el proceso de regularización. Creemos que la información no llega hasta los puntos de salud, e incluso se desconoce cómo funciona el proceso de vacunación con el PEP. Todo esto viola el acceso a la salud, y más aún en pandemia”, dijo Frank Daniel Rangel, miembro de Caribe Afirmativo.

Y si para quienes están regularizados esta es una tarea difícil, para quienes no tienen documentos es prácticamente imposible conseguir una vacuna. “No ha sido nada fácil porque varios de mis amigos han intentado ponerse la vacuna, pero no han podido porque no tienen el PEP”, dice Amílcar Medrano, ciudadano venezolano que vive en Bogotá y nació en La Guaira (Venezuela). Llegó a Colombia con su esposa e hijos hace tres años, pero desde hace seis meses vive en Bogotá.

“No contamos con ningún permiso de estadía, ni asilo, nada. Tampoco tengo EPS para los niños, y eso que al mayor ya logré inscribirlo en el colegio. ¿Y si queremos vacunarnos? Yo sí quiero, porque trabajo vendiendo ropa todos los días y tengo contacto con la gente, pero mi esposa no, ella no cree en la pandemia”, destaca.

“Sí me quiero vacunar, pero no he podido porque no tengo el permiso; si no tenemos el PEP no nos vacunan”, contó la venezolana Marcelys Ramírez, quien llegó a Colombia desde Puerto Ordaz (Venezuela) y vive en Valledupar hace tres años. “Hace quince días fuimos a un centro de salud para intentar vacunar a mis suegros; ellos son adultos mayores y pensamos que por eso lo íbamos a lograr, pero no. Tuvieron que irse a vacunar a Venezuela porque aquí es imposible”, agrega Ramírez.

Para acelerar el proceso de vacunación en la población no documentada, el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 1255 de 2021, les ordenó a los municipios, distritos y departamentos con áreas no municipalizadas de Colombia que adelanten censos de los migrantes que no están en las bases de datos de la Registraduría ni de Migración Colombia, para vincularlos al Plan Nacional de Vacunación. Es decir, el Gobierno sí está buscando las rutas para vacunar migrantes así no tengan un documento de identidad expedido por Colombia. Pero acá nos encontramos con más problemas. En primer lugar, los migrantes se resisten a los censos.

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“Uno de los retos que tenemos con esta población es poder acceder a sus datos personales; ellos sienten temor de entregar información debido a su situación irregular en el país”, explicó Milena Lopera, subsecretaria de Salud Pública de Medellín.

En la capital antioqueña se han censado a un total de 5.854 migrantes; la mayoría de ellos son venezolanos. Según datos de Migración Colombia, en Medellín hay cerca de 90.100 venezolanos. Muchos de ellos viven en condición de pobreza extrema, lo que dificulta el proceso de recolección de datos, dice Lopera. Ya no es, entonces, un asunto de quién está regularizado y quién no para recibir la vacuna, sino que es más profundo: el censo es difícil.

“Incluso tengo una tía que sí tiene el PEP, pero le dicen que debe inscribirse a una página que se llama ‘Mi Vacuna’, pero siempre está caída, y por eso tampoco ha podido vacunarse. La única que lo logró fue mi abuela, pero ella es colombiana”, cuenta Marcelys Ramírez.

A la falta de herramientas para acceder a los procesos de registro y censo se suma la falta de tiempo. No todos tienen la capacidad de ir a censarse y menos la disponibilidad de hacer fila seis horas y recibir su vacuna. “No hemos tenido tiempo de consultarlo, porque pasamos la mayor parte del tiempo trabajando en la calle”, agrega Medrano.

Esos tres factores, miedo, pobreza y falta de tiempo, explican el porqué de la lentitud en los censos. El plazo para que los municipios, distritos y departamentos con áreas no municipalizadas entreguen su primer reporte de información de migrantes no documentados se cumple el 30 de septiembre, pero los datos recogidos hasta ahora no dan un buen panorama.

Cúcuta, siendo la tercera ciudad con mayor número de venezolanos residentes en el país (94.847), después de Bogotá (340.711) y Barranquilla (97.494), ha reportado a la fecha 1.703 personas que se han inscrito en el listado censal de migrantes irregulares para el proceso de vacunación. Por otro lado, la Alcaldía de Manizales informó que, hasta el momento, 730 venezolanos se inscribieron en la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS), del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro).

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“Desde esta plataforma se alimentará a ‘Mi Vacuna’, la que autorizará la vacunación de los venezolanos irregulares en Manizales. Continuamos convocando a esta población a que se acerque a la Secretaría de Salud, personalmente, para que sean inscritos y así favorecer su acceso a las vacunas contra la COVID-19”, explicó Carlos Humberto Orozco Téllez, secretario de Salud Pública de Manizales.

¿Qué hacer para acelerar la vacunación en migrantes?

Hay noticias positivas para las alcaldías locales. En octubre se espera que arranque la tercera etapa del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). A partir de esta etapa, los venezolanos que se han regularizado tendrán un documento emitido por Colombia que los identifica. Esto ayudará, en teoría, a romper las barreras burocráticas en los centros de vacunación.

“La esperanza que tenemos está en el Estatuto. Con ese permiso podremos no solo vacunarlos, sino darles seguridad social, porque así podrían afiliarse a la seguridad social subsidiada”, señaló Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga.

Por ahora, como explica Yanira González, la mejor ayuda proviene de las organizaciones sociales. La directora de Corazón Doble Tricolor señala que estas son un puente entre los migrantes de a pie y las entidades públicas, pues son quienes pueden proveer datos más próximos a las autoridades, ya que son grupos formados por los mismos migrantes. El llamado es a generar puntos de conexión y unión entre los actores para conjuntamente reunir los datos necesarios y que los migrantes puedan acceder a las vacunas.

“Si hay uniformidad en el manejo informativo y además se trabaja en conjunto, yo creo que el objetivo se puede lograr de una mejor manera”, destaca González, quien además ha visto que el mensaje que se le ha enviado a la población migrante es, a su pesar, errado: “Regularícese y vacúnese. La verdad es que la vacuna no se le debería negar a nadie. Aquí no debería importar el estatus migratorio de la persona, sino que todos somos seres humanos y necesitamos protegernos entre todos”.

Para lograr esa anhelada inmunidad colectiva frente al COVID-19, con la que esperamos regresar de a poco a las condiciones previas a la pandemia, Colombia necesita vacunar a por lo menos el 70 % de las personas que viven en el país. Esto significa que tenemos una misión clara y urgente como país: que todos en el territorio nacional se vacunen. Y no podremos cumplir con dicha misión si las personas en suelo colombiano tienen que seguir superando barreras burocráticas para conseguir una dosis.

Aunque el Gobierno ha adelantado esfuerzos para vacunar a la población migrante venezolana, la cual equivale, de acuerdo con datos del DANE, al 4,7 % de las personas en el país, estos aún no han sido suficientes para responder a la tarea. Según datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha 23.798 extranjeros en Colombia ya recibieron al menos una dosis de la vacuna, la cual es una cifra alarmante considerando que hay por lo menos 1,8 millones de venezolanos en el país.

Uno de los principales problemas que enfrenta la población migrante al acceder a la vacunación contra el coronavirus es el desconocimiento y la falta de coordinación entre los diferentes actores involucrados en temas migratorios, incluyendo a las entidades públicas y las organizaciones de migrantes.

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A algunos, como Jonathan Elías Rodríguez Moya, uno de los 759.584 migrantes venezolanos regularizados en Colombia, les ha ido bien. Su cédula de extranjería y su visa de trabajo le permitieron tener acceso directo a la vacuna. Escuchó en noticias que se abriría una jornada de vacunación en el Centro Comercial Plaza de las Américas, a cinco cuadras de su casa. Luego de seis horas de fila pudo recibir su primera dosis de Moderna. Los padres de Rodríguez, al tener el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y estar afiliados a una EPS, lograron completar el esquema de vacunación con Pfizer y Janssen, y su hermano, al estar casado con una ciudadana colombiana y tener la visa de cónyuge, tiene la primera dosis de Sinovac. “Vacunarse no es para nada traumático, siempre y cuando uno sea un migrante regular, y gracias a Dios lo somos”, dijo Rodríguez.

Pero el problema es que a la gran mayoría sí les resulta traumático el proceso por el desconocimiento de los funcionarios locales sobre la directriz del Gobierno. Yanira González, directora de Corazón Doble Tricolor, centro de apoyo a la población migrante ubicado en Cali (Valle del Cauca), afirma que “a pesar de que ya se emitió a nivel del ejecutivo una resolución clara, la confusión se genera desde las mismas instituciones y funcionarios, porque no manejan un criterio definido en la atención, no conocen la resolución o aplican sobre ella su propia interpretación”.

González enfatiza en que aunque los migrantes irregulares presentan el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), que prueba que están en proceso de regularizarse a través del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPM), hay quienes en los centros de vacunación los reciben con negativas y les impiden vacunarse.

Laura Cristina Dib Ayesta, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, afirma que entre las directrices del Gobierno y su puesta en práctica hay mucha distancia. “Hace poco atendimos un caso de tres personas con VIH positivo que en tres oportunidades fueron a diferentes centros de vacunación y no los vacunaron. Ellos, además, son solicitantes de refugio con salvoconducto vigente; es decir, ni siquiera son personas en estado migratorio irregular. Sí, están incluidos en el Plan de Vacunación, eso es positivo, pero en la práctica siguen existiendo muchas barreras”.

Así, si bien hay una ruta sobre papel, en la que se establece que el estatus migratorio no influye para acceder a la vacuna, en la práctica sucede lo contrario. Y es que a la Clínica Jurídica para Migrantes también llegó el caso de una persona en situación de calle, con estatus migratorio irregular, a quien le negaron la vacuna por no estar afiliado a una EPS.

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“En Barranquilla hemos identificado casos, entre ellos de personas trans, que se han acercado a un centro de vacunación, pero no logran vacunarse porque no están en el proceso de regularización. Creemos que la información no llega hasta los puntos de salud, e incluso se desconoce cómo funciona el proceso de vacunación con el PEP. Todo esto viola el acceso a la salud, y más aún en pandemia”, dijo Frank Daniel Rangel, miembro de Caribe Afirmativo.

Y si para quienes están regularizados esta es una tarea difícil, para quienes no tienen documentos es prácticamente imposible conseguir una vacuna. “No ha sido nada fácil porque varios de mis amigos han intentado ponerse la vacuna, pero no han podido porque no tienen el PEP”, dice Amílcar Medrano, ciudadano venezolano que vive en Bogotá y nació en La Guaira (Venezuela). Llegó a Colombia con su esposa e hijos hace tres años, pero desde hace seis meses vive en Bogotá.

“No contamos con ningún permiso de estadía, ni asilo, nada. Tampoco tengo EPS para los niños, y eso que al mayor ya logré inscribirlo en el colegio. ¿Y si queremos vacunarnos? Yo sí quiero, porque trabajo vendiendo ropa todos los días y tengo contacto con la gente, pero mi esposa no, ella no cree en la pandemia”, destaca.

“Sí me quiero vacunar, pero no he podido porque no tengo el permiso; si no tenemos el PEP no nos vacunan”, contó la venezolana Marcelys Ramírez, quien llegó a Colombia desde Puerto Ordaz (Venezuela) y vive en Valledupar hace tres años. “Hace quince días fuimos a un centro de salud para intentar vacunar a mis suegros; ellos son adultos mayores y pensamos que por eso lo íbamos a lograr, pero no. Tuvieron que irse a vacunar a Venezuela porque aquí es imposible”, agrega Ramírez.

Para acelerar el proceso de vacunación en la población no documentada, el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 1255 de 2021, les ordenó a los municipios, distritos y departamentos con áreas no municipalizadas de Colombia que adelanten censos de los migrantes que no están en las bases de datos de la Registraduría ni de Migración Colombia, para vincularlos al Plan Nacional de Vacunación. Es decir, el Gobierno sí está buscando las rutas para vacunar migrantes así no tengan un documento de identidad expedido por Colombia. Pero acá nos encontramos con más problemas. En primer lugar, los migrantes se resisten a los censos.

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“Uno de los retos que tenemos con esta población es poder acceder a sus datos personales; ellos sienten temor de entregar información debido a su situación irregular en el país”, explicó Milena Lopera, subsecretaria de Salud Pública de Medellín.

En la capital antioqueña se han censado a un total de 5.854 migrantes; la mayoría de ellos son venezolanos. Según datos de Migración Colombia, en Medellín hay cerca de 90.100 venezolanos. Muchos de ellos viven en condición de pobreza extrema, lo que dificulta el proceso de recolección de datos, dice Lopera. Ya no es, entonces, un asunto de quién está regularizado y quién no para recibir la vacuna, sino que es más profundo: el censo es difícil.

“Incluso tengo una tía que sí tiene el PEP, pero le dicen que debe inscribirse a una página que se llama ‘Mi Vacuna’, pero siempre está caída, y por eso tampoco ha podido vacunarse. La única que lo logró fue mi abuela, pero ella es colombiana”, cuenta Marcelys Ramírez.

A la falta de herramientas para acceder a los procesos de registro y censo se suma la falta de tiempo. No todos tienen la capacidad de ir a censarse y menos la disponibilidad de hacer fila seis horas y recibir su vacuna. “No hemos tenido tiempo de consultarlo, porque pasamos la mayor parte del tiempo trabajando en la calle”, agrega Medrano.

Esos tres factores, miedo, pobreza y falta de tiempo, explican el porqué de la lentitud en los censos. El plazo para que los municipios, distritos y departamentos con áreas no municipalizadas entreguen su primer reporte de información de migrantes no documentados se cumple el 30 de septiembre, pero los datos recogidos hasta ahora no dan un buen panorama.

Cúcuta, siendo la tercera ciudad con mayor número de venezolanos residentes en el país (94.847), después de Bogotá (340.711) y Barranquilla (97.494), ha reportado a la fecha 1.703 personas que se han inscrito en el listado censal de migrantes irregulares para el proceso de vacunación. Por otro lado, la Alcaldía de Manizales informó que, hasta el momento, 730 venezolanos se inscribieron en la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS), del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro).

¿Ya está enterado de las últimas noticias en el mundo? Lo invitamos a ver las últimas noticias internacionales en El Espectador.

“Desde esta plataforma se alimentará a ‘Mi Vacuna’, la que autorizará la vacunación de los venezolanos irregulares en Manizales. Continuamos convocando a esta población a que se acerque a la Secretaría de Salud, personalmente, para que sean inscritos y así favorecer su acceso a las vacunas contra la COVID-19”, explicó Carlos Humberto Orozco Téllez, secretario de Salud Pública de Manizales.

¿Qué hacer para acelerar la vacunación en migrantes?

Hay noticias positivas para las alcaldías locales. En octubre se espera que arranque la tercera etapa del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). A partir de esta etapa, los venezolanos que se han regularizado tendrán un documento emitido por Colombia que los identifica. Esto ayudará, en teoría, a romper las barreras burocráticas en los centros de vacunación.

“La esperanza que tenemos está en el Estatuto. Con ese permiso podremos no solo vacunarlos, sino darles seguridad social, porque así podrían afiliarse a la seguridad social subsidiada”, señaló Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga.

Por ahora, como explica Yanira González, la mejor ayuda proviene de las organizaciones sociales. La directora de Corazón Doble Tricolor señala que estas son un puente entre los migrantes de a pie y las entidades públicas, pues son quienes pueden proveer datos más próximos a las autoridades, ya que son grupos formados por los mismos migrantes. El llamado es a generar puntos de conexión y unión entre los actores para conjuntamente reunir los datos necesarios y que los migrantes puedan acceder a las vacunas.

“Si hay uniformidad en el manejo informativo y además se trabaja en conjunto, yo creo que el objetivo se puede lograr de una mejor manera”, destaca González, quien además ha visto que el mensaje que se le ha enviado a la población migrante es, a su pesar, errado: “Regularícese y vacúnese. La verdad es que la vacuna no se le debería negar a nadie. Aquí no debería importar el estatus migratorio de la persona, sino que todos somos seres humanos y necesitamos protegernos entre todos”.