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El gobierno de Javier Milei anunció una “auditoría integral” de las compensaciones otorgadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura argentina (1976-1983) después de casos de “irregularidades en el tratamiento o el pago”.
En un comunicado publicado el lunes por la noche, el Ministerio de Justicia anunció que auditará “todas las solicitudes realizadas en nombre de las leyes de reparación”, a la luz de varios procesos judiciales sobre compensaciones otorgadas fraudulentamente.
Las indemnizaciones por violaciones de derechos humanos durante la dictadura (detención, exilio o desaparición de un familiar, por ejemplo) están previstas por varias leyes llamadas “de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado” promulgadas durante las décadas de 1990 y 2000.
El gobierno peronista anterior (2019-2023) también había iniciado acciones legales e investigaciones contra “bandas” especializadas en obtener este tipo de reparaciones.
El actual Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, precisó que había “más de 100 casos” sospechosos de haber recibido alrededor de 150.000 dólares, basados en documentos o testimonios irregulares.
“En 2021, las solicitudes de indemnización para familiares de desaparecidos ascendían a 7.996 casos. Y para exiliados, 14.400 casos. En el caso de los exiliados, hay mucho fraude sobre quién estaba y quién no estaba”, declaró el ministro en el canal televisivo LN+.
“Se habla de sumas incalculables. Hay muchos (casos) legítimos pero también muchos pecadores. Se ha pagado una cantidad enorme de dinero y queda por pagar. Pero quiero encontrar quiénes son los pecadores”, añadió Cuneo Libarona.
Tras la medida, la vicepresidenta Victoria Villarruel, cercana a los militares, llamó en sus redes sociales a “auditar el curro (negocio espurio) de los derechos humanos” y “revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron”.
El exsecretario de Derechos Humanos (2019-2023) Horacio Pietragalla señaló en sus redes que el caso fraudulento que motivó la medida fue denunciado por su gestión, y consideró que la decisión del gobierno “es una estrategia para no dar respuestas a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del Estado, no reconocer a las víctimas del terrorismo de Estado y cubrir (con) un manto de sospecha a nuestra gestión”.
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