Militares de Brasil detenidos por un supuesto complot para matar a Lula en 2022
La policía brasileña desmanteló una organización criminal, mayoritariamente compuesta por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, que planeaba el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar la toma de posesión luego de su victoria en las elecciones de 2022. Esto se sabe.
La policía brasileña detuvo este martes 19 de noviembre a cuatro altos militares, entre ellos un excolaborador del expresidente Jair Bolsonaro, por un supuesto plan para matar en 2022 al entonces mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva y dar un golpe de Estado.
Los sospechosos planificaron un “golpe de Estado” para impedir la asunción de Lula y previeron su “homicidio”, según un comunicado de la Policía Federal (PF). También, se detuvo a un agente de la fuerza.
Una fuente de la institución indicó en un primer momento que los militares habían sido “detenidos en Río de Janeiro, donde participaban en la misión de seguridad de la reunión de los líderes del G20″. Sin embargo, un comunicado del Ejército desmintió más tarde esa información.
El supuesto plan, que los investigados denominaron “Puñal Verde y Amarillo”, estaba planeado para el 15 de diciembre de 2022 y también proyectaba matar al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, según el comunicado.
La investigación determinó que el complot se habría discutido el 12 de noviembre en la casa del general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y exjefe de gabinete con Bolsonaro y más tarde su candidato a vicepresidente, de acuerdo con el expediente policial.
Del documento también surge que Mauro Cid, colaborador estrecho de Bolsonaro, estuvo “probablemente” al tanto de esa reunión.
Los sospechosos son el general de brigada de reserva Mário Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, los tenientes coroneles Helio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra Azevedo y Rafael Martins de Oliveira y el policía federal Wladimir Matos Soares.
Entre las opciones para matar a Lula, preveían usar “técnicas operacionales militares avanzadas” para el “golpe”, además de instituir un “gabinete de crisis” que ellos mismos y otros superiores integrarían. Supuestamente, barajaron un “envenenamiento o uso de químicos para causar un colapso orgánico”, según el proceso policial.
Al parecer, también planificaban el asesinato del juez del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) Alexandre de Moraes, a quien le hicieron tareas de seguimiento.
El propio Moraes, considerado por Bolsonaro como su enemigo político y a quien ha tachado de “dictador”, es el juez que dio curso a las detenciones de este martes.
Los sospechosos podrían enfrentar los cargos de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y asociación criminal.
Bajo la órbita de Moraes, la PF también lleva otras pesquisas sobre presuntos planes para impedir la asunción de Lula.
Una de ellas involucra directamente a Bolsonaro en una presunta trama golpista, mientras que otra indaga sobre los incidentes del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes públicos en la capital Brasilia y causaron graves destrozos.
El ministro de Comunicación del Gobierno brasileño, Paulo Pimenta, dijo que la operación ilícita desmantelada “brinda nuevos elementos extremadamente graves sobre la participación de personas del núcleo de poder del gobierno de (Jair) Bolsonaro en el golpe”.
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La policía brasileña detuvo este martes 19 de noviembre a cuatro altos militares, entre ellos un excolaborador del expresidente Jair Bolsonaro, por un supuesto plan para matar en 2022 al entonces mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva y dar un golpe de Estado.
Los sospechosos planificaron un “golpe de Estado” para impedir la asunción de Lula y previeron su “homicidio”, según un comunicado de la Policía Federal (PF). También, se detuvo a un agente de la fuerza.
Una fuente de la institución indicó en un primer momento que los militares habían sido “detenidos en Río de Janeiro, donde participaban en la misión de seguridad de la reunión de los líderes del G20″. Sin embargo, un comunicado del Ejército desmintió más tarde esa información.
El supuesto plan, que los investigados denominaron “Puñal Verde y Amarillo”, estaba planeado para el 15 de diciembre de 2022 y también proyectaba matar al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, según el comunicado.
La investigación determinó que el complot se habría discutido el 12 de noviembre en la casa del general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y exjefe de gabinete con Bolsonaro y más tarde su candidato a vicepresidente, de acuerdo con el expediente policial.
Del documento también surge que Mauro Cid, colaborador estrecho de Bolsonaro, estuvo “probablemente” al tanto de esa reunión.
Los sospechosos son el general de brigada de reserva Mário Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, los tenientes coroneles Helio Ferreira Lima, Rodrigo Bezerra Azevedo y Rafael Martins de Oliveira y el policía federal Wladimir Matos Soares.
Entre las opciones para matar a Lula, preveían usar “técnicas operacionales militares avanzadas” para el “golpe”, además de instituir un “gabinete de crisis” que ellos mismos y otros superiores integrarían. Supuestamente, barajaron un “envenenamiento o uso de químicos para causar un colapso orgánico”, según el proceso policial.
Al parecer, también planificaban el asesinato del juez del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) Alexandre de Moraes, a quien le hicieron tareas de seguimiento.
El propio Moraes, considerado por Bolsonaro como su enemigo político y a quien ha tachado de “dictador”, es el juez que dio curso a las detenciones de este martes.
Los sospechosos podrían enfrentar los cargos de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y asociación criminal.
Bajo la órbita de Moraes, la PF también lleva otras pesquisas sobre presuntos planes para impedir la asunción de Lula.
Una de ellas involucra directamente a Bolsonaro en una presunta trama golpista, mientras que otra indaga sobre los incidentes del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes públicos en la capital Brasilia y causaron graves destrozos.
El ministro de Comunicación del Gobierno brasileño, Paulo Pimenta, dijo que la operación ilícita desmantelada “brinda nuevos elementos extremadamente graves sobre la participación de personas del núcleo de poder del gobierno de (Jair) Bolsonaro en el golpe”.
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