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Brittany Watts, de 33 años, sufrió un aborto espontáneo el pasado 22 de septiembre. Luego de haber expulsado el feto no viable en un baño y de haber ingresado a un hospital, tras una hemorragia que puso en riesgo su vida, fue acusada de abuso de un cadáver en quinto grado. Si es declarada culpable, podría pagar una condena de hasta un año de prisión, además de una multa de US$2.500.
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Según reportes de CNN, en septiembre, Watts se presentó en un hospital de Ohio con signos de que se le había roto la fuente prematuramente. En ese entonces tenía 21 semanas y cinco días de embarazo, además de que por esa época la ley de Ohio prohibía el aborto después de las 22 semanas de gestación (ahora se permite hasta la viabilidad del feto, es decir, hasta la semana 24). A pesar de la recomendación médica de no hacerlo, ella decidió salir del hospital porque, según le dijo al médico, podía “procesar mejor lo que le estaba sucediendo en casa”, reportó The Washington Post. Regresó al día siguiente, pero se fue nuevamente.
El mismo periódico informó que Watts terminó abortando el feto en casa, en el inodoro, que se obstruyó con sangre, tejidos y heces. Después, fue al hospital, donde una enfermera la denunció. De hecho, en situaciones en las que una persona es criminalizada por su embarazo, los profesionales médicos suelen ser responsables de instigar el caso: uno de cada tres sucesos es iniciado por un profesional médico, según un análisis de casi 1.400 casos de este tipo, realizado por la organización Pregnant Justice.
De acuerdo con un GoFundMe, creado para financiar sus gastos legales y reparaciones del hogar, citado por NBC NEWS, apenas unas horas después de su ingreso al hospital, la Policía retiró el inodoro de su casa y lo registró en busca de restos fetales. “La señora Watts sufrió un aborto espontáneo trágico y peligroso que puso en peligro su propia vida. En lugar de centrarse en curarse física y emocionalmente, fue arrestada y acusada de un delito grave y está luchando por su libertad y reputación”, aseguró Traci Timko, su abogada, a través de un correo enviado a CNN. En su declaración, añadió: “Creo que esta acusación surge de la falta de conocimiento y/o percepción que tienen los hombres sobre las realidades del aborto espontáneo y la salud de las mujeres en general”.
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Sobre el mismo tema, comentó: “Las mujeres abortan en los baños todos los días”, algo en lo que estuvo de acuerdo Médicos de Ohio por los Derechos Reproductivos, un grupo que ayudó a liderar la lucha para proteger el acceso al aborto en dicho estado. La agrupación, a través de una carta abierta, dijo: “Al intentar acusarla, están insinuando, claramente, que cualquier persona que sufra un aborto espontáneo, en cualquier momento del embarazo, debe recuperar el tejido fetal, ya sea en casa, en el trabajo, en la escuela, en un restaurante u otro lugar público, y preservarlo hasta que el tejido pueda eliminarse adecuadamente, a pesar de que la ley de Ohio no define cuál sería un método de eliminación adecuado”. A esto le sumó el hecho de que “no tenemos ninguna duda de que las mujeres que enfrentan la amenaza de ir a la cárcel y de recibir fuertes multas ocultarán el hecho de que han abortado y se negarán a buscar tratamiento”.
Por ello, Mary Ziegler, profesora de derecho en la Universidad de California en Davis y autora de varios libros sobre el debate alrededor del aborto, citada por NBC NEWS, argumentó que el caso de Watts está lejos de ser el primero frente a la criminalización del aborto, pero puede sentar un precedente con respecto a demandas similares. “El estatuto sobre el abuso de cadáveres, claramente, no se redactó teniendo en mente la conducta relacionada con el embarazo; es una idea mucho más antigua que normalmente no es aplicable en este tipo de contexto”. Además, Greer Donley, profesora de derecho en la Universidad de Pittsburgh, de acuerdo con ello, puntualizó: “La muerte fetal ha estado en el punto de mira de las guerras contra el aborto, por lo que esta no es la primera vez que se criminaliza, pero podría ser la primera vez que esto sucede a escala nacional”.
El proceso judicial contra Brittany Watts
La Policía investigó su casa después de recibir una llamada del hospital sobre el aborto espontáneo, aseguró el jefe del Departamento de Policía de Warren, Eric Merkel. La institución envió el caso a los fiscales, quienes, según dijo, permitieron que se presentaran los cargos.
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Ella está siendo acusada en virtud de una sección de la ley de Ohio que castiga a quienes tratan un cadáver humano de una “manera que la persona sabe que ultrajaría las sensibilidades familiares razonables” o las “sensibilidades comunitarias”. Por ello, fue arrestada el 5 de octubre, mismo día que quedó en libertad, tras pagar una fianza y luego de declararse inocente. Posteriormente, el 2 de noviembre, compareció ante el tribunal para una audiencia preliminar del caso. El juez Terry Ivanchak dictaminó que existe “causa probable para declarar culpable a la acusada” y envió el caso al gran jurado del condado de Trumbull, donde se determinará si hay pruebas suficientes para una acusación de delito grave.
“La cuestión no es cómo ni cuándo murió el niño. Es el hecho de que ella puso al bebé en un inodoro lo suficientemente grande como para obstruirlo y siguió con su día”, comentó el fiscal adjunto de la ciudad de Warren, Lewis Guarnieri, durante la audiencia preliminar.
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