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Nayib Bukele mostró sus cartas. Tal como aventuré en una columna anterior, el extremadamente popular presidente salvadoreño recurrió al viejo recurso latinoamericano de violar la constitución para quedarse más tiempo en el poder. Y lo hizo coincidir estratégicamente en un momento en el que la prensa internacional está mucho más interesada en su experimento de legalizar la criptomoneda bitcóin que en cubrir sus asaltos a lo que queda de democracia en El Salvador.
Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que Bukele designó usando su mayoría legislativa decidieron retribuirle el favor laboral a su jefe permitiéndole gobernar más allá de lo que le permite la constitución, a pesar de que tiene 4 artículos (el 88, el 152, el 154, y el 248) dedicados a impedir la reelección presidencial. A través de una resolución de 28 páginas, los juristas autorizaron la reelección inmediata para el período 2024-2029.
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El organismo que debe proteger la constitución la violó con cantinfladas como la siguiente: “Atar la voluntad popular a un texto que respondía a necesidades, contexto o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años, resulta ya no garantista, sino una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica”. Ante tan expresa flexibilidad, lo lógico es esperar que la Corte Suprema nunca limite el mandato de quien la controla.
La Corte Suprema terminó de perder su independencia cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo (que controla 64 de los 84 curules), decidió destituir a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general en su primer día de sesiones, en mayo pasado. Desde entonces, el gobierno sometió a la cabeza del Poder Judicial. Y ahora va por el resto del cuerpo: el 31 de agosto, la Asamblea aprobó una reforma a la carrera judicial que obliga a retirarse a los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Esta reforma le permitirá al gobierno poblar las cortes con jueces leales a Bukele.
El presidente salvadoreño actúa de manera estratégica. Primero, sabe tomar distancia. Aunque le encanta dar declaraciones, evitó referirse a la resolución sobre la reelección presidencial. De esta manera evitó darle importancia. Segundo, maneja los tiempos. Si El Salvador está en las noticias internacionales es porque desde el 7 de septiembre el país legalizó el bitcoin como divisa. La prensa libre del mundo libre ha estado mucho más interesada en el riesgoso experimento con la criptomoneda que en los zarpazos contra la libertad en el país centroamericano. Grandes medios como CNN, el New York Times, Bloomberg, BBC, The Economist y un largo etcétera han cubierto el tema hasta el hartazgo.
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Tercero, saca las castañas con la mano del gato. En este caso, la ronroneante Corte Suprema. Bukele decidió no meter el cambio a la reelección presidencial en el paquete de reformas que el vicepresidente Félix Ulloa presentará el 15 de septiembre a nombre del gobierno. Es más, Ulloa incluso ha dicho que los artículos constitucionales que prohíben la reelección consecutiva no se deben tocar. De esta manera, el gobierno parece respetar pulcramente la regla electoral mientras manda a la corte a violarla con descaro. Chapó.
Más viejo que el hilo negro
La decisión de Bukele de irrespetar la constitución para retener el poder no es infrecuente. Jefes de gobierno de todo el mundo han eludido, suspendido, reformado o reemplazado las constituciones para retener el puesto. Lo hicieron Vladimir Putin en Rusia este año y Abdel Fattah el-Sisi en Egipto en 2019. Según un estudio de 2018, de los 221 presidentes latinoamericanos, africanos, asiáticos y del Medio Oriente que enfrentaron límites a sus mandatos entre 1975 y 2018, el 30% decidió hacerles una verónica y seguir en el poder.
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El también llamado “continuismo” es una larga tradición latinoamericana. Si hubieran respetado los límites constitucionales, dos vecinos de Bukele no estarían gobernando: ni Daniel Ortega en Nicaragua ni Juan Orlando Hernández en Honduras. Según mis datos, recolectados tanto de biografías presidenciales como de constituciones, entre 1945 y 2012, 31 presidentes de todos los países latinoamericanos (excepto México) y bajo todos los regímenes políticos —democracias, semidemocracias, y dictaduras— intentaron en 40 ocasiones cambiar o reinterpretar la constitución para mantenerse en el poder más allá de su mandato. Tuvieron éxito en 29 ocasiones.
En un estudio que publiqué recientemente examiné la potencial relación causal entre los cinco grandes factores de la personalidad —apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad, y neuroticismo— de los presidentes y la probabilidad de que intenten alterar sus períodos presidenciales. Encontré que los líderes que tienden a ser más abiertos a la experiencia, más neuróticos y menos responsables son más propensos a tratar de retener la jefatura de gobierno. Asimismo, los presidentes son más propensos a tratar de extender sus mandatos cuando tienen fuertes poderes legislativos, lideran nuevos partidos, la reelección inmediata está prohibida y las altas cortes no son completamente independientes. Bukele disfruta actualmente de todas estas condiciones, excepto de fuertes poderes legislativos —aunque eso lo puede suplir con la abrumadora mayoría que lo apoya en la Asamblea Nacional.
Los destinos de los jefes de gobierno que tuvieron éxito en extender su estadía en el poder fueron muy variopintos. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa es hoy prófugo de la justicia de su país, acusado de cohecho. Hugo Chávez gobernó en Venezuela hasta que murió en 2013. Alberto Fujimori se arrancó a Japón en 2000 y hoy está en una cárcel en Perú. Al argentino Juan Domingo Perón lo sacaron con un golpe de Estado en 1955, aunque luego logró volver a la presidencia. A otros, como Carlos Menem de Argentina y Álvaro Uribe de Colombia, no les permitieron extender su mandato en su segundo intento. ¿Cuál destino le deparará a Bukele? Difícil saberlo. Ahora está en la gloria. Pero a veces la historia se repite, y por eso tal vez no estaría mal recordar que a su predecesor Salvador Castañeda lo sacaron con un golpe militar en 1948 cuando trató de extender su mandato. Y es que muchas veces la historia termina mal para el jefe de gobierno, el país, o ambos.
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Ignacio Arana es profesor asistente de Ciencia Política en la Universidad Carnegie Mellon. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh. Especializado en comportamiento presidencial y en el estudio comparado de las instituciones políticas de América Latina.