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La invasión rusa a Ucrania ha generado importantes cambios en la geopolítica mundial. La alianza del Atlántico norte se ha fortalecido y ha enfrentado, todavía con ostensible unidad de criterios, la agresión del Kremlin mediante sanciones financieras y comerciales de consideración. Un efecto secundario de este conflicto ha sido el incremento de la volatilidad en el mercado energético global y el consecuente resurgimiento de los intereses de la industria de hidrocarburos que venía en caída por la lucha contra los efectos del cambio climático y las presiones mundiales para alcanzar una transición energética.
Estos cambios se han sentido también en Venezuela. Debido a la prohibición de que Estados Unidos importe crudo de Rusia, el gobierno de Joe Biden envió una comitiva oficial a Venezuela con la intención de reactivar las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición.
En el centro de la iniciativa estaría el posible levantamiento de sanciones petroleras que facilitarían retomar inversiones de empresas también petroleras, que han estado estancadas en el país y el progresivo suministro de crudo al mercado estadounidense. Hasta ahora, el levantamiento de sanciones era interés exclusivo del gobierno de Maduro, pero un factor exógeno, la volatilidad del mercado energético global, genera intereses similares en el Gobierno estadounidense que busca aliviar su suministro interno y mitigar las presiones alcistas de los precios en las estaciones de gasolina.
Está claro que Venezuela no tiene la capacidad de competir con el suministro de crudo ruso a escala mundial, y que incluso reemplazar el suministro ―exclusivamente― en el mercado estadounidense requeriría inversiones e importantes cambios, sobre todo al régimen de sanciones. La producción venezolana ha caído de manera pronunciada en el último lustro y ha dejado de proveer más de un millón de barriles diarios al mercado global. En la actualidad, Venezuela produce alrededor de 800 mil barriles al día, menos de un tercio que su mayor producción a finales de los noventa.
Una mirada poco explorada de la situación de la industria petrolera venezolana es el efecto medioambiental de su declive. Más allá de la necesidad de acuerdos políticos para retomar la democracia y recuperar una senda de crecimiento económico, es necesario volcar la mirada al ambiente y forjar acuerdos que convoquen a una transición sustentable.
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Una transición depredadora
La caída de la industria petrolera venezolana se asemeja a lo que he llamado una transición depredadora. Se refiere a una caída no planificada ni deseada de la producción de hidrocarburos de un petro-Estado tradicional, incapaz de cuidar el origen de las rentas de las que vive.
Este desmantelamiento ha sido en parte consecuencia de la creciente autocratización del país y la capacidad de la élite política de avasallar restricciones institucionales y sociales a su poder y, por otro lado, efecto de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una consecuencia evidente de esta transición depredadora es que la caída de la dependencia del petróleo ha sido, simultáneamente, destructiva para los ecosistemas del país y la protección social de su población.
Con el desmantelamiento del Estado petrolero, se han instaurado y ampliado actividades depredadoras como la minería informal e ilegal a manos de grupos armados y con escasos mecanismos de control y protección tanto ambiental como laboral. Hay más: la industria petrolera ha sido incapaz de suplir de energía al mercado local, y el Gobierno ha establecido alianzas opacas con Irán y otros países que comprenden intercambio de oro por diluyentes y gasolina.
Las dificultades en la producción de gas natural condujeron a una grave escasez, y los precios de las bombonas de combustible para consumo interno se han disparado en el mercado informal. El resultado ha sido, inicialmente, la deforestación espontánea de bosques para convertir madera de los árboles en leña en poblaciones más necesitadas y, posteriormente, la creciente tala de árboles en áreas urbanas para la distribución de mercados informales de madera.
El país se ha sumido, además, en una espiral de fallas eléctricas, producto del abandono y desinversión en la infraestructura hidroeléctrica, que incentiva el uso de plantas que dependen de combustibles fósiles.
La reinstitucionalización en la mira
Si bien la posible reactivación de las negociaciones entre Gobierno y oposición deben ser bienvenidas después de los fracasos de otras estrategias de presión, es importante reconocer que el gobierno de Maduro llega a esta negociación fortalecido, y la oposición, dividida y debilitada.
Los intentos de reactivación de las rondas de conversaciones no son nuevos y llevan meses en preparación a través de canales de comunicación discretos entre los actores y mediadores, pero el renovado interés de Estados Unidos viene de un factor exógeno ―la guerra ruso-ucraniana― y no por las condiciones internas de Venezuela.
En la actualidad, las negociaciones buscan la reinstitucionalización del país: hallar mecanismos que faciliten el encuentro de actores contrapuestos mediante reglas claras, formas de resolución de conflictos y rendición de cuentas a la población. Esa reinstitucionalización sería, sin duda, una piedra angular hacia una posible democratización a mediano plazo.
Ahora bien, la reinstitucionalización debe considerar el contexto nacional después de años de declive económico y apertura focalizada. Generar puntos de encuentro que faciliten el retorno del suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos debe implicar, como contraparte, acuerdos entre los actores nacionales para solventar problemas urgentes que ha causado la transición depredadora.
Los actores políticos deben acordar el retorno del Estado de derecho y el control político territorial de áreas ecológicas importantes y zonas protegidas del macizo guayanés y el Amazonas venezolano. Si el petróleo de Venezuela comienza a fluir en los mercados, deberá hacerlo mediante criterios de transparencia e instituciones inclusivas, y a cambio de restringir el flujo de oro informal e ilegal que enriquece a mafias violentas que explotan a las comunidades y destruyen el ambiente.
El progresivo aumento de la producción nacional debe estar acompañado por un plan de satisfacción de necesidades locales, no solo internacionales, de energía. La satisfacción de esas necesidades permitirá detener a corto plazo la deforestación y la destrucción ambiental.
En años recientes, el foco del desarrollo económico venezolano pasó de estar centrado en la Faja Petrolífera del Orinoco al mal llamado Arco Minero del Orinoco (la minería se extiende mucho más allá de esta zona delimitada por el Gobierno), en la ribera sur del río. La posible reactivación de la industria petrolera obliga establecer una evaluación de los efectos ambientales de estas transformaciones, la asignación de responsabilidades y reparación de daños, así como de un plan a largo plazo que incluya consideraciones sobre el cambio climático y la necesaria disminución de la extracción de hidrocarburos.
Pensar el desarrollo económico venezolano con una mirada sustentable está ligado al retorno de la democracia y a instituciones plurales que no solo comprendan actores políticos diversos, sino que también rindan cuentas a las comunidades.
* Antulio Rosales es profesor de Ciencias Políticas, de la Universidad de New Brunswick en Canadá. Doctor en Gobernanza Global, por la Universidad de Waterloo. Sus investigaciones se enfocan en temas de economía política, extracción de recursos naturales, energía y democracia.
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