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Las imágenes de presuntos integrantes del Tren de Aragua llegando a la megacárcel de El Salvador han recorrido el mundo. Con esposas en pies y manos, escoltados por policías y obligados a marchar en fila, más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad que Nayib Bukele ha convertido en su símbolo de mano dura contra el crimen.
Detrás de esta escena hay un polémico acuerdo entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. A cambio de recibir a cientos de deportados considerados criminales por EE. UU., Bukele obtendría US$20.000 anuales por cada preso, consolidando así un modelo de negocio carcelario sin precedentes en la región.
Esta cifra, sin embargo, se queda corta ante los US$200 millones anuales que cuesta sostener el sistema penitenciario, según ha dicho el propio Bukele, de acuerdo con El País de España.
El “Guantánamo” de El Salvador
El acuerdo entre Bukele y Trump, negociado en secreto por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, busca convertir el CECOT en una extensión del sistema penitenciario de EE. UU. En otras palabras, El Salvador se convertiría en una cárcel tercerizada para Washington, similar a lo que representó la prisión de Guantánamo en su momento.
Este pacto no solo garantiza ingresos millonarios para el gobierno salvadoreño, sino que también fortalece la narrativa de Bukele sobre su “guerra contra las pandillas”. La megacárcel, que originalmente se construyó para encarcelar a miembros de la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, ahora albergará también a criminales extranjeros.
“Quiere venderse al mundo como un país que tiene un sistema penitenciario verdaderamente estricto y riguroso, eso es mucho más beneficioso para él que el dinero”, le dijo Luis Enrique Amaya, consultor y experto en seguridad en El Salvador, a El País.
Si bien el pacto sigue envuelto en secretismo, se especula que podría ampliarse a más detenidos en el futuro, lo que significaría ingresos aún mayores para El Salvador.
Horas antes del aterrizaje del avión con los deportados, un juez estadounidense ordenó la suspensión del operativo y el regreso inmediato de los vuelos. Sin embargo, la administración Trump desoyó la orden, argumentando que esta llegó cuando los aviones ya sobrevolaban aguas internacionales.
La medida ha desatado un debate legal en EE. UU. sobre si Trump violó una orden judicial, un caso que podría llegar hasta la Corte Suprema. En El Salvador, por otro lado, expertos cuestionan la legalidad de encarcelar a estos deportados en una prisión de máxima seguridad sin juicio previo, lo que podría constituir una grave violación a los derechos humanos.
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