Ni más ni menos: los venezolanos en Colombia recibirán lo justo
No se deje engañar: un cambio en las reglas migratorias era justo y necesario. A los venezolanos no les darán mercados ni trabajos. No recibirán más que los colombianos, sino lo más simple: acceso a derechos básicos.
Camilo Gómez Forero
Imagínese que está a punto de correr en una carrera de cien metros planos, pero mientras que el resto de participantes arranca en la línea de partida —como debe ser—, usted debe comenzar diez metros atrás. Además, a lo largo de la pista a usted le pusieron obstáculos, a diferencia del resto aunque no tendrían que hacerlo. Injusto, ¿no le parece?
Ahora supongamos que, a pesar de estas condiciones, usted logra atravesar la meta de primero. Lo sé, debe ser un deportista superdotada. Pero al llegar le informan que ha quedado descalificado porque no tiene las zapatillas oficiales para la competencia, las cuales usted no pudo adquirir porque estaban agotadas. Es frustrante, ¿no? Bueno, pues así se siente la vida de los venezolanos en Colombia. La meta aquí, para todos en el país, no es otra que el acceso a los derechos básicos. Pero para los migrantes es casi imposible cruzarla debido a los obstáculos en su camino y a que parten metros atrás de la línea.
Pongo este ejemplo, que también me enseñaron a mí, porque si algo hemos aprendido con el cubrimiento de la migración es que necesitamos pedagogía. Este es un supuesto con el que, por un lado, espero que pueda empatizar un poco con la frustración y el desespero que sienten en este momento los migrantes venezolanos en el país. Y, por el otro, también busco aclarar algunos puntos sobre cómo cambiarán las reglas de aquí en adelante. Todos en Colombia, los ciudadanos nativos, los migrantes y en especial el Gobierno, necesitamos educarnos sobre este fenómeno llamado migración para responder de la mejor manera, sacarle provecho y no generar xenofobia.
“Hay xenofobia, pero no es sorprendente. Es el miedo a la persona no conocida. En Colombia no es diferente a lo que se ve en otros países. Pero también hay que destacar la solidaridad de los colombianos, ese es el antídoto a la xenofobia”, explica Hugh Aprile, director de País de Mercy Corps Colombia.
Las reglas van a cambiar
El pasado 1° de marzo, el presidente Iván Duque firmó el decreto mediante el cual se crea el Estatuto de Protección para los migrantes venezolanos en Colombia.
“El Gobierno por primera vez trata de hacer un ejercicio y ve la migración como un factor de crecimiento y les da mayores oportunidades a los venezolanos. Se dio cuenta de que la población llegó para quedarse y llegó para aportar”, explica Edna López, directora de Acceso a Recursos Legales de la Corporación Opción Legal.
El Estatuto es un proyecto al que le hemos dado mucho bombo, pero una porción importante de la población no lo ha entendido.
Es que “a los venezolanos todo se les ofrece”, dijo la alcaldesa Claudia López la semana pasada, vendiéndoles a los ciudadanos la idea de que el Gobierno está haciendo más por los extranjeros que por los locales. No puede estar más equivocada. Es una exageración: no se ofrece de más, sino lo más básico, lo que hasta el momento se les ha negado y no debería de ser así.
La clave es sencilla, si nos devolvemos al ejemplo de la carrera: las reglas ahora van a cambiar, pero no lo harán para beneficiar a los venezolanos por encima de los colombianos. Es que este cambio no significa que a los migrantes les darán hormonas o unas zapatillas más especiales para que nos sobrepasen en la carrera. Lo que permitirá el Estatuto es que todos puedan arrancar a correr desde el mismo punto y que ningún participante tenga obstáculos por el simple hecho de ser de otra nacionalidad. Si es una persona que defiende la equidad y las normas justas, debería estar de acuerdo con esto. Me explicaré si no es así.
¿Por qué había que cambiar las reglas?
Como ni usted ni yo somos migrantes y no hemos estado en el complejo limbo en el que queda alguien que huye a otro país porque las condiciones del suyo lo obligan a ello —pues los venezolanos no huyen porque quieren sino porque les toca—, no tenemos ni idea de todos las barreras a las que nos podríamos enfrentar.
Para nosotros, sacar una licencia de conducción o una cuenta bancaria es algo relativamente sencillo porque contamos con documentación. Los únicos inconvenientes serán las filas tediosas, el papeleo o quizás el dinero, aunque todo es accesible. Pero para nuestros hermanos venezolanos el asunto es mucho más complicado, pues requieren de una identificación que, hasta ahora, no poseen. Y no poder abrir una cuenta bancaria dificulta mucho la vida de entrada, pues en la mayoría de empleos los pagos se consignan a cuentas de ahorro. Piénselo, esto es lo primero que tuvo que hacer al entrar a su primer empleo. Por lo menos fue mi caso.
“El Estatuto permitirá a los migrantes realizar un oficio remunerado bajo la normativa de protección al trabajo; es decir, en condiciones de legalidad y con acceso a derechos prestacionales y otros asociados con una relación laboral”, señala López, quien resalta que los contratos deberán tener una duración mínima de dos meses y máxima de dos años. Al cabo de estos tiempos se debe hacer una renovación, para garantizar que la persona continúe bajo la protección de este mecanismo.
El problema con la documentación lleva a situaciones altamente frustrantes para un migrante. Hace unas semanas, una profesional colombo-venezolana se presentó a un concurso público para docentes en Cartagena y logró quedar en el primer puesto, pero no la nombraron porque no tenía los títulos de educación apostillados, así que perdió la oportunidad. Es similar a cuando nos descalificaron de la carrera, pese a haber llegado de primeros, solo por no tener unas zapatillas especiales.
Y no es que los venezolanos no quieran cumplir con las normas (y correr con esas zapatillas que les piden), sino que no pueden hacerlo. El apostillado —es decir, la legalización de un documento como un acta de nacimiento o un diploma— es imposible en Venezuela, pues el precio de este proceso es astronómico. Sacar un documento es prácticamente imposible: el pasaporte, por ejemplo, subió 3.500 % en 2019. Para tramitarlo se necesitarían más o menos 17 años de trabajo. Así que una persona plenamente capacitada y con mucho talento pierde oportunidades por circunstancias que se le salen de las manos.
En cuanto al acceso a las cuentas bancarias, encontramos otros problemas: el sistema financiero en Colombia es muy arbitrario y discrecional. Como explica la abogada Lucía Ramírez, de Dejusticia: “Hay una resolución de la Superintendencia Financiera que dice que las personas con PEP (Permiso Especial de Permanencia) pueden abrir cuentas de ahorro, que este es un documento suficiente para abrir cuentas de ahorro”. Sin embargo, hay casos en los que los migrantes se acercan con su PEP a abrir su cuenta de ahorros y les piden el pasaporte. Y como este está vencido, si es que lo tienen, no les permiten continuar con el proceso. A pesar de que existe la resolución, las entidades financieras no tienen la educación y no se ha socializado lo suficiente para que se rompa definitivamente esta barrera.
La falta de documentación también afecta la afiliación a planes de salud y programas de educación, incluso el acceso a internet se ve limitado. “La regla general es que las personas que están indocumentadas solo pueden acceder a servicios de urgencia en este momento. Hay dificultades para las mujeres que están en estado de embarazo y requieren controles prenatales y no se los dan porque no es considerado una urgencia”, dice Ramírez.
Sumemos otro caso: los migrantes indocumentados que tienen VIH y necesitan tratamiento antirretroviral, el cual tampoco era considerado una urgencia. Eso es grave. Y aunque la Corte Constitucional hizo avances y señaló que los controles prenatales y el tratamiento antirretroviral deben incluirse entre los servicios de urgencia, en la práctica esto no está generalizado en todas las EPS. Sucede lo mismo que con el caso de las entidades financieras: no se ha hecho socialización de la información y algunas EPS continúan negando estos servicios a los indocumentados. Se necesita con urgencia una campaña de información.
Lo que cambia con el Estatuto, explica Ramírez, es que con este documento los migrantes podrán afiliarse al sistema de salud tanto contributivo como subsidiado, como sucede con los solicitantes de refugio. Quienes no puedan pagar un régimen contributivo de salud podrán presentarse al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
En cuanto a educación, el Estatuto trae cambios muy positivos. Con la identificación, un migrante podría graduarse del bachillerato. Este era un problema para los niños cuando llegaban al grado once. En muchas ciudades, advierte Dejusticia, no los dejaban graduar porque no estaban documentados. A algunos les daban título y a otros no, y esto es porque la información era difusa. Pero ya no habrá excusa para que los migrantes no puedan recibir su grado. Podrán, además ingresar a los programas del SENA, donde también se pedía una regulación para poder acceder a la educación superior y podrán acceder al Servicio Nacional de Empleo para que los orienten y ayuden a conseguir trabajo.
Así, entonces, el Estatuto ofrece que los migrantes puedan acceder a salud, educación y trabajo tal como usted y yo lo podemos hacer. Es lo justo.
Con la lupa en el Estatuto
Como señalamos en un principio, el Estado también necesita educarse sobre este tema. Por eso Dejusticia y otras organizaciones han sugerido poner la lupa a algunos procesos. Se hicieron más de 300 comentarios sobre el decreto mediante el cual se crea el Estatuto, de los cuales, en el caso de Dejusticia, solo se aceptaron tres.
Uno de los comentarios era sobre la recolección de datos biométricos de migrantes venezolanos que se acojan al Estatuto (como las facciones, el iris, la huella... todo lo que permita la individualización). La Ley 1581 de 2012 sobre datos personales dice que los datos biométricos no se deberían recoger salvo algunas excepciones. Para los fines que el Gobierno dice que utilizará estos datos, como la identificación de personas y la formulación de políticas, no es necesaria la recolección de estos datos. Con la información que se recoja de la encuesta sobre datos socioeconómicos a esta población es suficiente.
La recolección de datos biométricos, por el contrario, es inconveniente. Sería una carga extra para la administración, pues deberá tener unos protocolos de seguridad altos y, por lo tanto, costosos, para que no se filtre la información. En diciembre, la Cancillería tuvo una filtración de datos durante varios días, y si no hubiera sido por la alerta de La Silla Vacía esta información tan delicada habría continuado en línea. Tampoco se sabe qué uso se le dará a esta información en el futuro. Además, resulta ser una medida de discriminación por origen nacional, pues solo se le pide a una población determinada. Y esta condiciona a las personas a entregar los datos biométricos. Solo una vez entregados se obtiene el permiso de protección temporal.
“En mayo empezarían con el registro virtual, pero el decreto dice que esta parte de los datos biométricos tiene que ser presencial. Entonces piensa en todos esos recursos que implica montar ese sistema en todo el país. Y eso lo pagan los contribuyentes. ¿Por qué tenemos que pagar un sistema tan caro e innecesario?”, explica Ramírez. Costoso, poco práctico e inseguro.
Otro comentario parte sobre la presunción de inocencia y el debido proceso. Para que el Estado colombiano otorgue el permiso se resalta que el solicitante no puede tener procesos administrativos o judiciales en curso ni investigaciones. Esa definición puede ser muy amplia. Usted puede tener un proceso porque no pagó una multa de tránsito o puede tener una investigación penal. Pero una investigación en curso no indica su culpabilidad: está siendo investigado. Este requisito vendría siendo inconstitucional, pues se estaría prejuzgando a una persona y sancionando con no acceder a un beneficio cuando el Estado no sabe si es responsable o no.
Y pasa lo mismo con la cancelación. “Una de las causales de la cancelación del permiso temporal de protección es tener un registro de infracciones al ordenamiento jurídico. Una vez más, es una definición tan amplia que da lugar a discrecionalidad. Tanto en el otorgamiento como en la cancelación no hay la posibilidad de controvertir esa decisión. Una vez cancelado el permiso, no se puede apelar”, explica Ramírez.
El Estatuto de Protección permitirá que los venezolanos puedan abrir cuentas con más facilidad, eso es cierto. Pero si las entidades no socializan esta información, las barreras continuarán. Ahora, es necesario saber cuántos dígitos tendrá este documento. Al principio hubo problemas con el PEP, pues como tiene diez números, sobrepasaba el espacio permitido en los registros de entidades financieras. Se necesita adaptar el sistema tanto privado como público para una correcta implementación del Estatuto.
La homologación de títulos sigue siendo un problema, por la cuestión de los documentos apostillados. Se necesita flexibilizar estas exigencias para que las personas profesionales migrantes puedan convalidar sus títulos.
Querido migrante: debe saber que el Estatuto no tiene costo y no necesita un intermediario para este. Migración Colombia brindará acceso directo para todo venezolano en Colombia. “El proceso no se ha lanzado todavía, a finales de este mes se lanzarán campañas públicas de información”, resalta Anjalina Sen, coordinadora regional de la oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM).
Todos los grupos de migrantes son prioritarios. Sin embargo, definitivamente hay grupos que son más vulnerables: mujeres gestantes, familias con niños pequeños o quienes requieren un tratamiento urgente. También quienes hacen parte de la comunidad LGBTI, como destaca Hugh Aprile, director de País de Mercy Corps Colombia.
Hay una última recomendación, que les debe quedar clara a los colombianos y venezolanos para que no se malinterpreten las cosas. El Gobierno, ciertamente, está ofreciendo un estatus migratorio regular. Pero eso no quiere decir que el proceso vaya acompañado de una mejora en estos servicios. Apenas si es la “puerta de entrada”, como recalca Ramírez. Se eliminan las barreras legales para que puedan ser recibidos en los sistemas, pero aún se necesita inversión en estos sectores. Por eso el Gobierno colombiano le ha insistido a la comunidad internacional que necesita apoyo para implementar el Estatuto.
“El Estatuto da la posibilidad de estar legalmente en el país, pero no quiere decir que los migrantes van a recibir beneficios por encima de los colombianos. En las comunidades receptoras que tienen unas necesidades estructurales les venden la idea de que ya les garantizaron salud, educación y mercados a los migrantes, y eso no es cierto”, concluye Ramírez. “Este abrirá escenarios para la generación de planes y políticas más organizados y robustos”, concluye López.
Antes de que se vaya:
No se deje engañar: es gratis
Querido migrante: debe saber que el Estatuto no tiene costo y no necesita un intermediario para este. Migración Colombia va a brindar acceso directo para todo venezolano en Colombia. Además, el proceso no se ha lanzado todavía, a finales de este mes se harán campañas públicas de información. Muchas personas están siendo engañadas y las meten en listas fantasmas y les cobran por el proceso. No caiga en esas trampas.
Cuidado con la xenofobia
“Hay xenofobia, pero no es sorprendente. Es el miedo a la persona no conocida. En Colombia no es diferente a lo que se ve en otros países. Pero también hay que destacar la solidaridad de los colombianos, ese es el antídoto a la xenofobia”, explica Hugh Aprile.
“No olvidemos que el gran chivo expiatorio de la Alemania de Hitler fueron los extranjeros, los judíos”, recalca Ligia Bolívar. Los comentarios xenófobos tienen tintes de fascismo. Los gobernantes tienen mucha responsabilidad en el aumento del odio.
¿Qué es Lado a Lado?
Desde hace dos décadas Colombia está recibiendo migrantes provenientes de Venezuela; sin embargo, fue en 2015 cuando los efectos de la crisis humanitaria del vecino país comenzaron a sentirse en el territorio nacional, con la migración más grande en la historia colombiana: 1′729.537 venezolanos están hoy en territorio nacional, una situación que genera grandes presiones económicas, políticas y sociales en una nación sin experiencia migratoria.
Conscientes de la ardua tarea que enfrenta el país, El Espectador lanza a partir de este viernes la campaña Lado a Lado, que busca mostrar una visión positiva y acciones eficaces frente a un tema tan sensible para la opinión pública.
Con la presentación del El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, Colombia se posiciona en la escena global de la movilidad humana, pero los retos que se avecinan son gigantes. Lado a Lado será una herramienta que ayudará a promover la integración de esta población a la sociedad colombiana aportará para bien al futuro del país.
Imagínese que está a punto de correr en una carrera de cien metros planos, pero mientras que el resto de participantes arranca en la línea de partida —como debe ser—, usted debe comenzar diez metros atrás. Además, a lo largo de la pista a usted le pusieron obstáculos, a diferencia del resto aunque no tendrían que hacerlo. Injusto, ¿no le parece?
Ahora supongamos que, a pesar de estas condiciones, usted logra atravesar la meta de primero. Lo sé, debe ser un deportista superdotada. Pero al llegar le informan que ha quedado descalificado porque no tiene las zapatillas oficiales para la competencia, las cuales usted no pudo adquirir porque estaban agotadas. Es frustrante, ¿no? Bueno, pues así se siente la vida de los venezolanos en Colombia. La meta aquí, para todos en el país, no es otra que el acceso a los derechos básicos. Pero para los migrantes es casi imposible cruzarla debido a los obstáculos en su camino y a que parten metros atrás de la línea.
Pongo este ejemplo, que también me enseñaron a mí, porque si algo hemos aprendido con el cubrimiento de la migración es que necesitamos pedagogía. Este es un supuesto con el que, por un lado, espero que pueda empatizar un poco con la frustración y el desespero que sienten en este momento los migrantes venezolanos en el país. Y, por el otro, también busco aclarar algunos puntos sobre cómo cambiarán las reglas de aquí en adelante. Todos en Colombia, los ciudadanos nativos, los migrantes y en especial el Gobierno, necesitamos educarnos sobre este fenómeno llamado migración para responder de la mejor manera, sacarle provecho y no generar xenofobia.
“Hay xenofobia, pero no es sorprendente. Es el miedo a la persona no conocida. En Colombia no es diferente a lo que se ve en otros países. Pero también hay que destacar la solidaridad de los colombianos, ese es el antídoto a la xenofobia”, explica Hugh Aprile, director de País de Mercy Corps Colombia.
Las reglas van a cambiar
El pasado 1° de marzo, el presidente Iván Duque firmó el decreto mediante el cual se crea el Estatuto de Protección para los migrantes venezolanos en Colombia.
“El Gobierno por primera vez trata de hacer un ejercicio y ve la migración como un factor de crecimiento y les da mayores oportunidades a los venezolanos. Se dio cuenta de que la población llegó para quedarse y llegó para aportar”, explica Edna López, directora de Acceso a Recursos Legales de la Corporación Opción Legal.
El Estatuto es un proyecto al que le hemos dado mucho bombo, pero una porción importante de la población no lo ha entendido.
Es que “a los venezolanos todo se les ofrece”, dijo la alcaldesa Claudia López la semana pasada, vendiéndoles a los ciudadanos la idea de que el Gobierno está haciendo más por los extranjeros que por los locales. No puede estar más equivocada. Es una exageración: no se ofrece de más, sino lo más básico, lo que hasta el momento se les ha negado y no debería de ser así.
La clave es sencilla, si nos devolvemos al ejemplo de la carrera: las reglas ahora van a cambiar, pero no lo harán para beneficiar a los venezolanos por encima de los colombianos. Es que este cambio no significa que a los migrantes les darán hormonas o unas zapatillas más especiales para que nos sobrepasen en la carrera. Lo que permitirá el Estatuto es que todos puedan arrancar a correr desde el mismo punto y que ningún participante tenga obstáculos por el simple hecho de ser de otra nacionalidad. Si es una persona que defiende la equidad y las normas justas, debería estar de acuerdo con esto. Me explicaré si no es así.
¿Por qué había que cambiar las reglas?
Como ni usted ni yo somos migrantes y no hemos estado en el complejo limbo en el que queda alguien que huye a otro país porque las condiciones del suyo lo obligan a ello —pues los venezolanos no huyen porque quieren sino porque les toca—, no tenemos ni idea de todos las barreras a las que nos podríamos enfrentar.
Para nosotros, sacar una licencia de conducción o una cuenta bancaria es algo relativamente sencillo porque contamos con documentación. Los únicos inconvenientes serán las filas tediosas, el papeleo o quizás el dinero, aunque todo es accesible. Pero para nuestros hermanos venezolanos el asunto es mucho más complicado, pues requieren de una identificación que, hasta ahora, no poseen. Y no poder abrir una cuenta bancaria dificulta mucho la vida de entrada, pues en la mayoría de empleos los pagos se consignan a cuentas de ahorro. Piénselo, esto es lo primero que tuvo que hacer al entrar a su primer empleo. Por lo menos fue mi caso.
“El Estatuto permitirá a los migrantes realizar un oficio remunerado bajo la normativa de protección al trabajo; es decir, en condiciones de legalidad y con acceso a derechos prestacionales y otros asociados con una relación laboral”, señala López, quien resalta que los contratos deberán tener una duración mínima de dos meses y máxima de dos años. Al cabo de estos tiempos se debe hacer una renovación, para garantizar que la persona continúe bajo la protección de este mecanismo.
El problema con la documentación lleva a situaciones altamente frustrantes para un migrante. Hace unas semanas, una profesional colombo-venezolana se presentó a un concurso público para docentes en Cartagena y logró quedar en el primer puesto, pero no la nombraron porque no tenía los títulos de educación apostillados, así que perdió la oportunidad. Es similar a cuando nos descalificaron de la carrera, pese a haber llegado de primeros, solo por no tener unas zapatillas especiales.
Y no es que los venezolanos no quieran cumplir con las normas (y correr con esas zapatillas que les piden), sino que no pueden hacerlo. El apostillado —es decir, la legalización de un documento como un acta de nacimiento o un diploma— es imposible en Venezuela, pues el precio de este proceso es astronómico. Sacar un documento es prácticamente imposible: el pasaporte, por ejemplo, subió 3.500 % en 2019. Para tramitarlo se necesitarían más o menos 17 años de trabajo. Así que una persona plenamente capacitada y con mucho talento pierde oportunidades por circunstancias que se le salen de las manos.
En cuanto al acceso a las cuentas bancarias, encontramos otros problemas: el sistema financiero en Colombia es muy arbitrario y discrecional. Como explica la abogada Lucía Ramírez, de Dejusticia: “Hay una resolución de la Superintendencia Financiera que dice que las personas con PEP (Permiso Especial de Permanencia) pueden abrir cuentas de ahorro, que este es un documento suficiente para abrir cuentas de ahorro”. Sin embargo, hay casos en los que los migrantes se acercan con su PEP a abrir su cuenta de ahorros y les piden el pasaporte. Y como este está vencido, si es que lo tienen, no les permiten continuar con el proceso. A pesar de que existe la resolución, las entidades financieras no tienen la educación y no se ha socializado lo suficiente para que se rompa definitivamente esta barrera.
La falta de documentación también afecta la afiliación a planes de salud y programas de educación, incluso el acceso a internet se ve limitado. “La regla general es que las personas que están indocumentadas solo pueden acceder a servicios de urgencia en este momento. Hay dificultades para las mujeres que están en estado de embarazo y requieren controles prenatales y no se los dan porque no es considerado una urgencia”, dice Ramírez.
Sumemos otro caso: los migrantes indocumentados que tienen VIH y necesitan tratamiento antirretroviral, el cual tampoco era considerado una urgencia. Eso es grave. Y aunque la Corte Constitucional hizo avances y señaló que los controles prenatales y el tratamiento antirretroviral deben incluirse entre los servicios de urgencia, en la práctica esto no está generalizado en todas las EPS. Sucede lo mismo que con el caso de las entidades financieras: no se ha hecho socialización de la información y algunas EPS continúan negando estos servicios a los indocumentados. Se necesita con urgencia una campaña de información.
Lo que cambia con el Estatuto, explica Ramírez, es que con este documento los migrantes podrán afiliarse al sistema de salud tanto contributivo como subsidiado, como sucede con los solicitantes de refugio. Quienes no puedan pagar un régimen contributivo de salud podrán presentarse al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
En cuanto a educación, el Estatuto trae cambios muy positivos. Con la identificación, un migrante podría graduarse del bachillerato. Este era un problema para los niños cuando llegaban al grado once. En muchas ciudades, advierte Dejusticia, no los dejaban graduar porque no estaban documentados. A algunos les daban título y a otros no, y esto es porque la información era difusa. Pero ya no habrá excusa para que los migrantes no puedan recibir su grado. Podrán, además ingresar a los programas del SENA, donde también se pedía una regulación para poder acceder a la educación superior y podrán acceder al Servicio Nacional de Empleo para que los orienten y ayuden a conseguir trabajo.
Así, entonces, el Estatuto ofrece que los migrantes puedan acceder a salud, educación y trabajo tal como usted y yo lo podemos hacer. Es lo justo.
Con la lupa en el Estatuto
Como señalamos en un principio, el Estado también necesita educarse sobre este tema. Por eso Dejusticia y otras organizaciones han sugerido poner la lupa a algunos procesos. Se hicieron más de 300 comentarios sobre el decreto mediante el cual se crea el Estatuto, de los cuales, en el caso de Dejusticia, solo se aceptaron tres.
Uno de los comentarios era sobre la recolección de datos biométricos de migrantes venezolanos que se acojan al Estatuto (como las facciones, el iris, la huella... todo lo que permita la individualización). La Ley 1581 de 2012 sobre datos personales dice que los datos biométricos no se deberían recoger salvo algunas excepciones. Para los fines que el Gobierno dice que utilizará estos datos, como la identificación de personas y la formulación de políticas, no es necesaria la recolección de estos datos. Con la información que se recoja de la encuesta sobre datos socioeconómicos a esta población es suficiente.
La recolección de datos biométricos, por el contrario, es inconveniente. Sería una carga extra para la administración, pues deberá tener unos protocolos de seguridad altos y, por lo tanto, costosos, para que no se filtre la información. En diciembre, la Cancillería tuvo una filtración de datos durante varios días, y si no hubiera sido por la alerta de La Silla Vacía esta información tan delicada habría continuado en línea. Tampoco se sabe qué uso se le dará a esta información en el futuro. Además, resulta ser una medida de discriminación por origen nacional, pues solo se le pide a una población determinada. Y esta condiciona a las personas a entregar los datos biométricos. Solo una vez entregados se obtiene el permiso de protección temporal.
“En mayo empezarían con el registro virtual, pero el decreto dice que esta parte de los datos biométricos tiene que ser presencial. Entonces piensa en todos esos recursos que implica montar ese sistema en todo el país. Y eso lo pagan los contribuyentes. ¿Por qué tenemos que pagar un sistema tan caro e innecesario?”, explica Ramírez. Costoso, poco práctico e inseguro.
Otro comentario parte sobre la presunción de inocencia y el debido proceso. Para que el Estado colombiano otorgue el permiso se resalta que el solicitante no puede tener procesos administrativos o judiciales en curso ni investigaciones. Esa definición puede ser muy amplia. Usted puede tener un proceso porque no pagó una multa de tránsito o puede tener una investigación penal. Pero una investigación en curso no indica su culpabilidad: está siendo investigado. Este requisito vendría siendo inconstitucional, pues se estaría prejuzgando a una persona y sancionando con no acceder a un beneficio cuando el Estado no sabe si es responsable o no.
Y pasa lo mismo con la cancelación. “Una de las causales de la cancelación del permiso temporal de protección es tener un registro de infracciones al ordenamiento jurídico. Una vez más, es una definición tan amplia que da lugar a discrecionalidad. Tanto en el otorgamiento como en la cancelación no hay la posibilidad de controvertir esa decisión. Una vez cancelado el permiso, no se puede apelar”, explica Ramírez.
El Estatuto de Protección permitirá que los venezolanos puedan abrir cuentas con más facilidad, eso es cierto. Pero si las entidades no socializan esta información, las barreras continuarán. Ahora, es necesario saber cuántos dígitos tendrá este documento. Al principio hubo problemas con el PEP, pues como tiene diez números, sobrepasaba el espacio permitido en los registros de entidades financieras. Se necesita adaptar el sistema tanto privado como público para una correcta implementación del Estatuto.
La homologación de títulos sigue siendo un problema, por la cuestión de los documentos apostillados. Se necesita flexibilizar estas exigencias para que las personas profesionales migrantes puedan convalidar sus títulos.
Querido migrante: debe saber que el Estatuto no tiene costo y no necesita un intermediario para este. Migración Colombia brindará acceso directo para todo venezolano en Colombia. “El proceso no se ha lanzado todavía, a finales de este mes se lanzarán campañas públicas de información”, resalta Anjalina Sen, coordinadora regional de la oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM).
Todos los grupos de migrantes son prioritarios. Sin embargo, definitivamente hay grupos que son más vulnerables: mujeres gestantes, familias con niños pequeños o quienes requieren un tratamiento urgente. También quienes hacen parte de la comunidad LGBTI, como destaca Hugh Aprile, director de País de Mercy Corps Colombia.
Hay una última recomendación, que les debe quedar clara a los colombianos y venezolanos para que no se malinterpreten las cosas. El Gobierno, ciertamente, está ofreciendo un estatus migratorio regular. Pero eso no quiere decir que el proceso vaya acompañado de una mejora en estos servicios. Apenas si es la “puerta de entrada”, como recalca Ramírez. Se eliminan las barreras legales para que puedan ser recibidos en los sistemas, pero aún se necesita inversión en estos sectores. Por eso el Gobierno colombiano le ha insistido a la comunidad internacional que necesita apoyo para implementar el Estatuto.
“El Estatuto da la posibilidad de estar legalmente en el país, pero no quiere decir que los migrantes van a recibir beneficios por encima de los colombianos. En las comunidades receptoras que tienen unas necesidades estructurales les venden la idea de que ya les garantizaron salud, educación y mercados a los migrantes, y eso no es cierto”, concluye Ramírez. “Este abrirá escenarios para la generación de planes y políticas más organizados y robustos”, concluye López.
Antes de que se vaya:
No se deje engañar: es gratis
Querido migrante: debe saber que el Estatuto no tiene costo y no necesita un intermediario para este. Migración Colombia va a brindar acceso directo para todo venezolano en Colombia. Además, el proceso no se ha lanzado todavía, a finales de este mes se harán campañas públicas de información. Muchas personas están siendo engañadas y las meten en listas fantasmas y les cobran por el proceso. No caiga en esas trampas.
Cuidado con la xenofobia
“Hay xenofobia, pero no es sorprendente. Es el miedo a la persona no conocida. En Colombia no es diferente a lo que se ve en otros países. Pero también hay que destacar la solidaridad de los colombianos, ese es el antídoto a la xenofobia”, explica Hugh Aprile.
“No olvidemos que el gran chivo expiatorio de la Alemania de Hitler fueron los extranjeros, los judíos”, recalca Ligia Bolívar. Los comentarios xenófobos tienen tintes de fascismo. Los gobernantes tienen mucha responsabilidad en el aumento del odio.
¿Qué es Lado a Lado?
Desde hace dos décadas Colombia está recibiendo migrantes provenientes de Venezuela; sin embargo, fue en 2015 cuando los efectos de la crisis humanitaria del vecino país comenzaron a sentirse en el territorio nacional, con la migración más grande en la historia colombiana: 1′729.537 venezolanos están hoy en territorio nacional, una situación que genera grandes presiones económicas, políticas y sociales en una nación sin experiencia migratoria.
Conscientes de la ardua tarea que enfrenta el país, El Espectador lanza a partir de este viernes la campaña Lado a Lado, que busca mostrar una visión positiva y acciones eficaces frente a un tema tan sensible para la opinión pública.
Con la presentación del El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, Colombia se posiciona en la escena global de la movilidad humana, pero los retos que se avecinan son gigantes. Lado a Lado será una herramienta que ayudará a promover la integración de esta población a la sociedad colombiana aportará para bien al futuro del país.