El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de 151 oenegés, que sumarían cerca de 5.400 organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano. Como otra medida para “destruir toda posibilidad de crear un pensamiento único dependiente del poder de la familia Ortega-Murillo”, dijo José María Tojeira, portavoz de los jesuitas, ahora el gobierno obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta.
Inmediatamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la decisión “del régimen de Daniel Ortega” como una acción que “intensifica la represión en Nicaragua, evidenciando el sostenido embate contra el pluralismo y el cierre deliberado del espacio cívico y democrático en el país”, dijo la CIDH en una declaración.
Como preludio, Nicaragua puso en vigor el pasado viernes 16 de agosto una polémica normativa que obliga a las oenegés a trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
Un día antes Venezuela, estrecho aliado de Ortega, aprobó una ley sobre oenegés que, según activistas de derechos humanos, “profundizará la persecución” de críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
“Ahogar a la Iglesia”
Con las reformas a la ley de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” y bajo la de “Regulación de Agentes Extranjeros”, fueron incluidos los cambios fiscales y ahora las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30 % de sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado a fin de año.
La experta en temas de la Iglesia, Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, dijo en su cuenta en la red social X que el gobierno busca “ahogar financieramente a la Iglesia para que caiga por su propio peso”.
José María Tojeira, portavoz de los jesuitas, cuya universidad fue confiscada en Nicaragua, dijo que “cada día es más evidente” que “hay un intento por destruir toda posibilidad de religión y de iglesia, y crear un pensamiento único dependiente del poder de la familia Ortega-Murillo”.
“Condenamos el injusto cierre de Ortega y Murillo esta semana de 1.500 ONG y el violento acoso, detención y represión de miembros de órdenes religiosas y comunidades de fe en Nicaragua”, escribió en X el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols.
La ONU calificó el pasado martes como “profundamente alarmante” el cierre de las 1.500 oenegés, en su mayoría religiosas, y la confiscación de sus bienes.
“Marca un nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega”, afirmó en X el excandidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga, en el exilio en Estados Unidos.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el círculo más cercano a Ortega, a cuyo gobierno acusan de graves violaciones a derechos humanos actualmente y durante las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de la O
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