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El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que había salido de prisión en la mañana del miércoles, fue enviado de regreso a la cárcel al negarse a ser “desterrado del país”, según le confirmaron fuentes a CNN y el medio El Confidencial. Su caso es uno de los más sonoros en Nicaragua, pues se trata del primer obispo en convertirse en preso político.
El pasado 10 de febrero, Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión por cargos de menoscabo en perjuicio del Estado de la República y propagación de noticias falsas. Fue enviado al Sistema Penitenciario Nacional, la prisión de máxima seguridad de Nicaragua, más conocida como “La Modelo”. Allí, el obispo estuvo recluido en una celda de máxima seguridad conocida como “El Infiernillo”, que, según expresos políticos, mide unos dos metros y medio de largo por dos metros de ancho y no tiene ventilación.
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El miércoles, tras negociaciones entre el Gobierno nicaragüense, el Vaticano y el Episcopado, el obispo fue excarcelado y puesto en resguardo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua mientras se definía si salía del país. En las conversaciones estaba la posibilidad de que el obispo Álvarez fuera enviado a Roma o al exilio, o que fuera devuelto a prisión en caso de negarse a alguna de estas opciones. Se desconocen cuáles fueron los términos de esa negociación, pero la libertad para Álvarez no duró mucho. Al negarse a ser desterrado de Nicaragua, el religioso fue regresado a prisión por orden del gobierno de Daniel Ortega.
Tras la detención del obispo Álvarez, el gobierno ha incrementado la represión en contra de la Iglesia católica a través de prohibiciones de actividades religiosas, congelamiento de cuentas bancarias, asedio en las parroquias y la expulsión de al menos 84 religiosos, entre sacerdotes y monjas. Según las cuentas de la investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina, citada por El Confidencial, se calcula que 44 religiosos y 40 monjas han salido del país en estos últimos cinco años, con mayor énfasis del 2022 al presente.
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