Nicaragua en la oscuridad: así funciona la represión de Daniel Ortega
En una nueva redada policial, que empezó el 2 de junio, el régimen de Ortega ha capturado a 19 opositores. Dos periodistas nos cuentan lo que se vive en el país.
“A veces ni nosotros entendemos lo que pasa en Nicaragua, un país en el que se aplican las leyes a su manera, a espaldas de todo derecho humano y toda legalidad”, dice Rodrigo Peña*, un periodista nicaragüense que prefirió guardar su identidad para poder hablar con El Espectador. Y con toda la razón, el régimen Daniel Ortega ha capturado a 19 opositores, entre ellos a cinco aspirantes a la presidencia, políticos, banqueros y hasta a sus propios excamaradas de armas. Y si no es la cárcel, el gobierno opta por la persecución judicial, el hostigamiento contra civiles y la represión contra la prensa. Algunos dicen que la dictadura de Ortega es más cruel que la de Somoza, y todo parece que las cosas pueden empeorar.
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La nueva redada policial empezó el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, principal rival ante una posible candidatura de Ortega. “Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana, Cristiana Chamorro, los policías antimotines la dejan bajo ‘arresto domiciliar’. Su casa sigue ocupada por la policía”, escribió ese día en Twitter Carlos Fernando Chamorro, periodista y director del diario Confidencial, y quien tuvo que salir del país el 22 de junio luego de que más de 50 oficiales allanaran su casa. “Mi esposa Desirée Elizondo y yo salimos del país para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua”, dijo el periodista.
Durante los 15 años que lleva en el poder, Daniel Ortega ha hecho lo que ha querido en Nicaragua: cambió a su favor las leyes electorales para impedir que la oposición participe en los comicios presidenciales de 2021, puso seis magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), eliminó la segunda vuelta, prohibió a la Coalición Nacional participar en las elecciones y ha embestido a los medios de comunicación. La semana pasada acusó a las personas detenidas de ser “agentes del imperio yanqui que conspiran contra Nicaragua para derrocar al gobierno”, y frente a los capturados aseguró que “no hay un paso atrás, solo hacia delante”.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. aprobó la Ley Renacer, con la que se “propondrán iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno de Ortega y la de su familia”. Mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional. Pero a Ortega poco o nada le importa la comunidad internacional, porque su objetivo es mantenerse en el poder. En diálogo con este diario, dos periodistas nos contaron cómo es ejercer su labor en un país donde no existe la libertad de prensa.
“Estamos en una indefensión total ante el sistema”: Rodrigo Peña*
Ya no se sabe con qué van a salir los policías que están en las calles. Y no solo se trata de la policía, sino que también están funcionando, muy organizadamente, estructuras paramilitares del gobierno: son personas civiles que trabajan de la mano con la policía para capturar y reprimir. Entonces, si te escuchan decir que no eres partidario del gobierno te pueden denunciar, así de sencillo.
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El gobierno ha logrado meter el miedo en la piel de las personas. Antes los vehículos andaban con una bandera a modo de protesta. Eso ya no se puede hacer porque te meten preso o te pueden golpear. La semana pasada, por ejemplo, se metieron a un local de una agencia de viajes que le pertenece a un muchacho que era dirigente de uno de los partidos de las alianzas que surgieron a partir de 2018. Le desbarataron su negocio. En esas circunstancias uno solo tiene dos opciones: huir o quedarse callado, eso es a lo que está apostando el gobierno.
Hay miedo de contar lo que está pasando, porque Ortega no está jugando. Los mismos periodistas se están cuidando, hay autocensura. La mayoría de los que se han ido del país, a partir de las protestas de 2018, huyeron por amenazas a ellos y a sus familias, y eso está volviendo a pasar ahora. Además, la persecución policial es fuerte, y no solo de los oficiales, sino también de todas las estructuras que forman parte del gobierno.
También hay batallones de bots, gente manejando redes, creando perfiles falsos para hostigar y atacar. Esa es la gente que está amenazando en redes, y si lo hacen es porque les están cubriendo la espalda. También hay acoso judicial. El gobierno creó el año pasado la Ley de Ciberdelitos, que es una de las tantas herramientas que utilizan para atacar a los periodistas.
¿A quiénes está capturando Ortega? Aparte de Cristiana Chamorro y de varios precandidatos presidenciales, hay una captura muy particular: María Fernanda Flores, esposa del caudillo del Partido Liberal en Nicaragua, que ha sido el principal aliado del gobierno, la tienen detenida en su casa. Lo raro de este caso es que su partido ha hecho todo en el Parlamento para aprobar las leyes que le convienen al gobierno.
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Estas personas que hemos mencionado, los precandidatos, o periodistas y demás, son la cara visible del problema, pero en la cárcel Modelo, ubicada en un municipio de Managua que se llama Tipitapa, hay más de 120 presos que llevan más de un año de estar detenidos. Son personas, muchachos, que andaban en la protesta, y que en las redadas del gobierno en 2018 fueron capturadas. Son personas civiles, sin ningún tipo de liderazgo, y ya han condenado a muchos que también están enfermos. Incluso, de tanta golpiza que le dieron a uno de ellos terminó muriendo.
“Ortega tiene la ‘ley guillotina’ y el monopolio de la verdad”: Maynor Salazar
Ortega simplemente no está dispuesto a recibir críticas y solo espera que llegue noviembre para que en las elecciones, que obviamente son fraudulentas, pueda extender su tiempo en el poder. Todo este tiempo ha preparado el terreno para ganar con facilidad, desapareciendo a la oposición.
Después de la captura de Miguel Mora, que era candidato presidencial y también es periodista, vino el allanamiento a la casa de Carlos Chamorro y la captura del cronista deportivo Miguel Mendoza, quien era bastante crítico en sus redes con el régimen de Ortega. Tuvimos entonces un silencio incómodo en el que seguimos, una calma rara que tiene a los periodistas en alerta. No sabemos cuál va a ser el próximo. Fanáticos y allegados al régimen nos advierten que al anochecer va a haber algo, por lo que hay mucha zozobra, no nos sentimos seguros en nuestro país. Estamos esperando a ver si hay otra violación a nuestros derechos humanos o qué.
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Mendoza es el primero en ser condenado por sus comentarios en Twitter. Si bien él tenía su programa deportivo, al final lo que le disgustaba a la dictadura eran sus comentarios, los cuales creaban tendencia en las redes sociales. A él le aplicaron el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Soberanía de los Pueblos, que prácticamente es una ley que castiga a todo nicaragüense que pide sanciones o las aplaude. Esta ley punitiva fue aprobada en 2020, producto también de todas las protestas de 2018.
También hubo otras leyes que la acompañaron en una especie de tridente para castigarnos: la Ley de Agentes Extranjeros, que impide a toda organización no gubernamental o institución privada recibir dinero proveniente del gobierno estadounidense, porque supuestamente desestabilizan al país. Es básicamente un golpe a la operatividad de cualquier fundación que trabaje por la democracia. La otra es la Ley de Ciberdelitos, número 2535, que castiga a quienes publican “noticias falsas”. El gobierno siempre dice que los que hacen noticias falsas son los medios independientes. Son entonces ellos los que deciden qué es y qué no es una noticia falsa. Uno puede publicar una investigación con todas las pruebas, pero si el gobierno considera que es falsa te mandan a la cárcel. Están quedándose con el monopolio de la verdad.
¿Volverán las protestas si hay fraude en noviembre? Creo que no. La gente explotó en 2018 por todo el hartazgo y porque en cierta medida consideró que podía forzar un cambio. Sin embargo, la fuerza armada usada, los muertos, el terror, hace que las personas ya no quieran salir a marchar más. Es muy complicado esperar nuevas protestas. El 18 de abril de 2018 tuvimos un país que se volcaba en las calles, y eso continuó por varios meses. No descarto esa opción, pero es mínima.
Desde septiembre de 2018, Daniel Ortega impuso un Estado de sitio policial para evitar cualquier manifestación. De junio a julio ejecutó una operación de limpieza, en la que fueron asesinados más de 300 personas, según organizaciones internacionales. Ahorita si un ciudadano quiere ir por Managua con la bandera gritando “Viva Nicaragua libre”, es probable que una patrulla lo detenga y se lo lleve. No es, sin embargo, como en 2018, cuando había tanques, protestas y marchas. Todo está más controlado. Ortega tiene de su lado a los policías y a los militares. Entonces es como cuando vivías en la esclavitud, que nadie se puede rebelar, y quien se atreve es golpeado con violencia.
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La población está descontenta. Piensa que si va a votar no hay ni siquiera precandidatos, que el tipo está haciendo lo que quiere. Hay molestia y hartazgo. Aunque el mismo partido de oposición tiene una casilla en la boleta electoral, no hay garantías mínimas, observación electoral, para que podamos tener la certeza de que Ortega respetará los comicios.
“A veces ni nosotros entendemos lo que pasa en Nicaragua, un país en el que se aplican las leyes a su manera, a espaldas de todo derecho humano y toda legalidad”, dice Rodrigo Peña*, un periodista nicaragüense que prefirió guardar su identidad para poder hablar con El Espectador. Y con toda la razón, el régimen Daniel Ortega ha capturado a 19 opositores, entre ellos a cinco aspirantes a la presidencia, políticos, banqueros y hasta a sus propios excamaradas de armas. Y si no es la cárcel, el gobierno opta por la persecución judicial, el hostigamiento contra civiles y la represión contra la prensa. Algunos dicen que la dictadura de Ortega es más cruel que la de Somoza, y todo parece que las cosas pueden empeorar.
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La nueva redada policial empezó el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, principal rival ante una posible candidatura de Ortega. “Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana, Cristiana Chamorro, los policías antimotines la dejan bajo ‘arresto domiciliar’. Su casa sigue ocupada por la policía”, escribió ese día en Twitter Carlos Fernando Chamorro, periodista y director del diario Confidencial, y quien tuvo que salir del país el 22 de junio luego de que más de 50 oficiales allanaran su casa. “Mi esposa Desirée Elizondo y yo salimos del país para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua”, dijo el periodista.
Durante los 15 años que lleva en el poder, Daniel Ortega ha hecho lo que ha querido en Nicaragua: cambió a su favor las leyes electorales para impedir que la oposición participe en los comicios presidenciales de 2021, puso seis magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), eliminó la segunda vuelta, prohibió a la Coalición Nacional participar en las elecciones y ha embestido a los medios de comunicación. La semana pasada acusó a las personas detenidas de ser “agentes del imperio yanqui que conspiran contra Nicaragua para derrocar al gobierno”, y frente a los capturados aseguró que “no hay un paso atrás, solo hacia delante”.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. aprobó la Ley Renacer, con la que se “propondrán iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno de Ortega y la de su familia”. Mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional. Pero a Ortega poco o nada le importa la comunidad internacional, porque su objetivo es mantenerse en el poder. En diálogo con este diario, dos periodistas nos contaron cómo es ejercer su labor en un país donde no existe la libertad de prensa.
“Estamos en una indefensión total ante el sistema”: Rodrigo Peña*
Ya no se sabe con qué van a salir los policías que están en las calles. Y no solo se trata de la policía, sino que también están funcionando, muy organizadamente, estructuras paramilitares del gobierno: son personas civiles que trabajan de la mano con la policía para capturar y reprimir. Entonces, si te escuchan decir que no eres partidario del gobierno te pueden denunciar, así de sencillo.
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El gobierno ha logrado meter el miedo en la piel de las personas. Antes los vehículos andaban con una bandera a modo de protesta. Eso ya no se puede hacer porque te meten preso o te pueden golpear. La semana pasada, por ejemplo, se metieron a un local de una agencia de viajes que le pertenece a un muchacho que era dirigente de uno de los partidos de las alianzas que surgieron a partir de 2018. Le desbarataron su negocio. En esas circunstancias uno solo tiene dos opciones: huir o quedarse callado, eso es a lo que está apostando el gobierno.
Hay miedo de contar lo que está pasando, porque Ortega no está jugando. Los mismos periodistas se están cuidando, hay autocensura. La mayoría de los que se han ido del país, a partir de las protestas de 2018, huyeron por amenazas a ellos y a sus familias, y eso está volviendo a pasar ahora. Además, la persecución policial es fuerte, y no solo de los oficiales, sino también de todas las estructuras que forman parte del gobierno.
También hay batallones de bots, gente manejando redes, creando perfiles falsos para hostigar y atacar. Esa es la gente que está amenazando en redes, y si lo hacen es porque les están cubriendo la espalda. También hay acoso judicial. El gobierno creó el año pasado la Ley de Ciberdelitos, que es una de las tantas herramientas que utilizan para atacar a los periodistas.
¿A quiénes está capturando Ortega? Aparte de Cristiana Chamorro y de varios precandidatos presidenciales, hay una captura muy particular: María Fernanda Flores, esposa del caudillo del Partido Liberal en Nicaragua, que ha sido el principal aliado del gobierno, la tienen detenida en su casa. Lo raro de este caso es que su partido ha hecho todo en el Parlamento para aprobar las leyes que le convienen al gobierno.
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Estas personas que hemos mencionado, los precandidatos, o periodistas y demás, son la cara visible del problema, pero en la cárcel Modelo, ubicada en un municipio de Managua que se llama Tipitapa, hay más de 120 presos que llevan más de un año de estar detenidos. Son personas, muchachos, que andaban en la protesta, y que en las redadas del gobierno en 2018 fueron capturadas. Son personas civiles, sin ningún tipo de liderazgo, y ya han condenado a muchos que también están enfermos. Incluso, de tanta golpiza que le dieron a uno de ellos terminó muriendo.
“Ortega tiene la ‘ley guillotina’ y el monopolio de la verdad”: Maynor Salazar
Ortega simplemente no está dispuesto a recibir críticas y solo espera que llegue noviembre para que en las elecciones, que obviamente son fraudulentas, pueda extender su tiempo en el poder. Todo este tiempo ha preparado el terreno para ganar con facilidad, desapareciendo a la oposición.
Después de la captura de Miguel Mora, que era candidato presidencial y también es periodista, vino el allanamiento a la casa de Carlos Chamorro y la captura del cronista deportivo Miguel Mendoza, quien era bastante crítico en sus redes con el régimen de Ortega. Tuvimos entonces un silencio incómodo en el que seguimos, una calma rara que tiene a los periodistas en alerta. No sabemos cuál va a ser el próximo. Fanáticos y allegados al régimen nos advierten que al anochecer va a haber algo, por lo que hay mucha zozobra, no nos sentimos seguros en nuestro país. Estamos esperando a ver si hay otra violación a nuestros derechos humanos o qué.
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Mendoza es el primero en ser condenado por sus comentarios en Twitter. Si bien él tenía su programa deportivo, al final lo que le disgustaba a la dictadura eran sus comentarios, los cuales creaban tendencia en las redes sociales. A él le aplicaron el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Soberanía de los Pueblos, que prácticamente es una ley que castiga a todo nicaragüense que pide sanciones o las aplaude. Esta ley punitiva fue aprobada en 2020, producto también de todas las protestas de 2018.
También hubo otras leyes que la acompañaron en una especie de tridente para castigarnos: la Ley de Agentes Extranjeros, que impide a toda organización no gubernamental o institución privada recibir dinero proveniente del gobierno estadounidense, porque supuestamente desestabilizan al país. Es básicamente un golpe a la operatividad de cualquier fundación que trabaje por la democracia. La otra es la Ley de Ciberdelitos, número 2535, que castiga a quienes publican “noticias falsas”. El gobierno siempre dice que los que hacen noticias falsas son los medios independientes. Son entonces ellos los que deciden qué es y qué no es una noticia falsa. Uno puede publicar una investigación con todas las pruebas, pero si el gobierno considera que es falsa te mandan a la cárcel. Están quedándose con el monopolio de la verdad.
¿Volverán las protestas si hay fraude en noviembre? Creo que no. La gente explotó en 2018 por todo el hartazgo y porque en cierta medida consideró que podía forzar un cambio. Sin embargo, la fuerza armada usada, los muertos, el terror, hace que las personas ya no quieran salir a marchar más. Es muy complicado esperar nuevas protestas. El 18 de abril de 2018 tuvimos un país que se volcaba en las calles, y eso continuó por varios meses. No descarto esa opción, pero es mínima.
Desde septiembre de 2018, Daniel Ortega impuso un Estado de sitio policial para evitar cualquier manifestación. De junio a julio ejecutó una operación de limpieza, en la que fueron asesinados más de 300 personas, según organizaciones internacionales. Ahorita si un ciudadano quiere ir por Managua con la bandera gritando “Viva Nicaragua libre”, es probable que una patrulla lo detenga y se lo lleve. No es, sin embargo, como en 2018, cuando había tanques, protestas y marchas. Todo está más controlado. Ortega tiene de su lado a los policías y a los militares. Entonces es como cuando vivías en la esclavitud, que nadie se puede rebelar, y quien se atreve es golpeado con violencia.
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La población está descontenta. Piensa que si va a votar no hay ni siquiera precandidatos, que el tipo está haciendo lo que quiere. Hay molestia y hartazgo. Aunque el mismo partido de oposición tiene una casilla en la boleta electoral, no hay garantías mínimas, observación electoral, para que podamos tener la certeza de que Ortega respetará los comicios.