"No existe la palabra desacatar": Rafael Nieto Navia
Así lo asegura el integrante de la comisión designada por el presidente Santos para estudiar los compromisos internacionales de Colombia.
Diego Alarcón Rozo
Rafael Nieto Navia, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reunió en la tarde del lunes con la canciller María Ángela Holguín y los otros cinco expertos que convocó el Gobierno para analizar los compromisos de Colombia ante instancias internacionales de justicia. La Cancillería anunciaría después que estos seis abogados especialistas en derecho internacional colaborarían con “el estudio de los cursos de acción jurídicos en relación con la situación derivada del fallo proferido el pasado 19 de noviembre de 2012 por la Corte Internacional de Justicia” y “los recursos que se interpondrán para rechazar las inconsistencias y vacíos jurídicos del fallo en mención”. Dicha sentencia fue la que le otorgó cerca de 100.000 kilómetros cuadrados de mar a Nicargua que antes pertenecían a Colombia.
Ese mismo día de la reunión, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunciaba que su ejército ya ejercía soberanía en la porción de mar perdida por Colombia y su gobierno ratificaba la disposición para otorgar permisos de pesca a los pescadores de San Andrés, al tiempo que desde el Congreso colombiano se escuchaban voces que pedían a la Armada no retirar su presencia de la zona del litigio.
Rafael Nieto Navia, quien ahora forma parte de la comisión de expertos, habló con El Espectador acerca de su nuevo rol, de la ausencia de recursos para revertir el fallo del 19 de noviembre y lo equivocado que resulta decir que alguno de los dos países ejerce soberanía en ‘aguas internacionales’, una “majadería” en su opinión.
¿Cómo fueron los contactos con el Gobierno, cómo se definió la comisión de expertos y cuál fue la labor que se les encomendó?
Recibí una llamada de Presidencia y después conversé con la canciller Holguín. Hasta donde entiendo, porque no hemos tenido sino una reunión muy corta, lo que el Gobierno quiere es que haya un ‘pool’ de personas que pueda asesorarlo en una revisión de cierto tipo de tratados y de instrumentos en los cuales se compromete de alguna manera el Estado a ir a cortes internacionales. La tesis general es que este análisis se ha hecho con ligereza y que es bueno revisarlo. Ese sería el propósito de esta comisión y, por supuesto, la primera de esas revisiones tiene que ver con el pacto de Bogotá, que fue el que nos causó las pérdidas en el mar Caribe.
¿Pero en esa revisión se contempla la opción de poder encontrar una alternativa frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya?
Claro que no, porque estamos hablando de otros casos en los cuales Colombia se compromete a ir a instancias internacionales por problemas en tratados bilaterales o en tratados multilaterales. Esto nada tiene nada que ver con el fallo de La Haya.
¿Entonces el fallo no va entrar en discusión dentro de la comisión?
Vuelvo a decir. Vamos a revisar tratados e instrumentos internacionales que nos comprometen a ir a instancias como la de La Haya u otras similares. Dentro de estas está el Pacto de Bogotá, que fue el que nos llevó a la Corte.
¿Pero el tema del fallo se trató durante la reunión de la comisión?, ¿la opción de desacatar, por ejemplo?
Claro. Cada uno dio su opinión. Lo que hará el Gobierno es otro problema. Mi opinión es que no existe en el diccionario la palabra acatar o la palabra desacatar. Lo único que existe es la palabra ejecutar, que es la que usa Naciones Unidas. Digo que existiendo un fallo de la Corte Internacional de Justicia, que no es apelable, pues ese es un fallo que automáticamente se ejecutó.
¿Por eso el presidente Ortega dice que Nicaragua ya ejerce soberanía en el mar recuperado?
Nosotros no comentamos sobre eso. El punto es que esas son aguas internacionales, Nicaragua tiene derecho a mandar sus barcos a las aguas internacionales y nosotros también. Esas aguas no pertenecen ni teórica ni prácticamente a Nicaragua. Son los derechos económicos exclusivamente de explotación económica del agua, del suelo y del subsuelo. Esos son los derechos de Nicaragua, no tiene ningún otro.
¿Cuál es la postura inicial de la comisión frente al Pacto de Bogotá?
Yo doy mi opinión, porque cada persona de la comisión dio la suya. La canciller tomó nota y ella verá qué hace. Mi opinión es que nos hemos debido retirar por lo menos hace 15 años.
¿Qué beneficio tendría para el país retirarse del Pacto?
Que no nos vuelvan a demandar y no nos quiten porciones como las que nos quitaron.
¿Qué implicaciones podría tener el retiro del Pacto?
Ninguna en el orden actual. Implicaciones creo que habrá para el futuro, porque ya no nos podrán demandar por el Pacto de Bogotá. Pero en cuanto a efecto por la decisión ya tomada por la Corte, ninguna.
¿Salir del Pacto no podría ser mal visto por la comunidad internacional?
Podrían criticar la decisión, pero en la práctica no pasa nada. Esto tiene que ver con la soberanía de los Estados y si el Pacto de Bogotá contempla una cláusula de renuncia es porque se previó en su momento que algún país podría hacerlo. Estamos ejerciendo un derecho contemplado en el Pacto, nadie puede reclamarnos por eso.
Si Colombia resuelve estar por fuera del Pacto, ¿cómo se resolverían eventuales litigios limítrofes y ante qué instancia?
Creo que no hay litigios limítrofes distintos del que tenemos de delimitación de aguas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela y Venezuela no está en el pacto. Las soluciones de ahora en adelanta podrían darse por negociaciones, tratados y acuerdos directamente entre los países.
¿Colombia está suscrita a algún otro acuerdo internacional a parte del Pacto de Bogotá?
Eso es algo que no puedo decir porque no he estudiado el tema. Eso es parte de lo que va a hacer la comisión.
¿La comisión ya tiene un plan de trabajo?, ¿hay fecha para la próxima reunión?
No se ha definido todavía.
¿El Gobierno le dio a la comisión un plazo o una fecha para que emita un concepto?
No. Primero hay que hacer un plan de trabajo. Esto apenas está empezando.
¿Existe algún tiempo aproximado para hacerlo?
No tengo idea. No sé si meses, semanas, días, años u horas… no sé.
El Pacto de Bogotá y sus alcances
¿Qué es este acuerdo?
También conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, fue suscrito el 30 de abril de 1948 en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá. Su finalidad es agotar los mecanismos regionales de solución antes de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU y darle jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
¿Qué países están suscritos?
El tratado entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró ante la ONU siete días después. De los 21 países signatarios solamente 15 lo han ratificado, dos presentaron reservas y uno lo denunció.
¿Y si Colombia se retira?
Si Colombia se retira del Pacto de Bogotá estaría renunciando a un esquema jurídico de solución de controversias pacíficas con los demás estados de la región. Así mismo, al ser el que permite que Colombia acepte la jurisdicción de la CIJ, ésta quedaría sin efecto.
¿Cómo se haría el retiro?
En el momento en que Colombia decida denunciar el Pacto, la decisión debe pasar por el Congreso, porque la ratificación también pasó por ahí. Si hay consenso, entonces Colombia presenta su solicitud de retiro ante la Organización de Estados Americanos (OEA), un procedimiento que dura, en promedio, un año.
¿Y el fallo de la CIJ?
Para analistas consultados por El Espectador, a estas alturas el retiro no ayudaría a resolver la situación creada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente al diferendo con Nicaragua, que es irreversible. Sin embargo, dejaría sin jurisdicción a la Corte en futuras demandas contra Colombia.
¿Por qué ahora?
El retiro se pensó en 2002, demasiado tarde porque Nicaragua había demandado a Colombia en 2001. El tema se discutió varias veces al interior de la Comisión Asesora, pero no se llevó a cabo por el mensaje que el país podría enviar a la región y al mundo.
¿La culpa es del Pacto?
Expertos explican que este acuerdo no es la razón de la pérdida de Colombia ante la Corte de La Haya. De hecho, advierten que se deberán revisar otros acuerdos firmados por el país, pues consideran que la jurisdicción de la Corte podría estar incluida en uno de los tantos pactos firmados.
¿Afecta la imagen del país?
Colombia se ha caracterizado por ser muy respetuosa del derecho internacional. Analistas creen que el país podría retirarse como una forma de protestar ante la Corte por el fallo adverso, pero a su vez debe reconocer la sentencia, pues de otra manera incurriría en un acto abiertamente hostil frente a Nicaragua.
El equipo de expertos que designó Colombia
La comisión de expertos en derecho internacional creada por el Gobierno tiene seis integrantes: Rafael Nieto Navia, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Manuel José Cepeda, exmagistrado de la Corte Constitucional; Juan Daniel Jaramillo, exdiplomático; Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador general de la Nación; Joaquín Polo Montalvo, exsubdirector del Departamento de Seguridad, y el reconocido abogado Luis Ricardo Paredes.
Estos seis profesionales analizarán los compromisos adquiridos por Colombia en instancias internacionales, como el Pacto de Bogotá, y la pertinencia de que el país continuara vinculado, dado que a raíz de la suscripción a ese acuerdo la Corte Internacional de Justicia tuvo competencia para poner fin al diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, cuyo resultado al final fue adverso a los interese nacionales.
Rafael Nieto Navia, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reunió en la tarde del lunes con la canciller María Ángela Holguín y los otros cinco expertos que convocó el Gobierno para analizar los compromisos de Colombia ante instancias internacionales de justicia. La Cancillería anunciaría después que estos seis abogados especialistas en derecho internacional colaborarían con “el estudio de los cursos de acción jurídicos en relación con la situación derivada del fallo proferido el pasado 19 de noviembre de 2012 por la Corte Internacional de Justicia” y “los recursos que se interpondrán para rechazar las inconsistencias y vacíos jurídicos del fallo en mención”. Dicha sentencia fue la que le otorgó cerca de 100.000 kilómetros cuadrados de mar a Nicargua que antes pertenecían a Colombia.
Ese mismo día de la reunión, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunciaba que su ejército ya ejercía soberanía en la porción de mar perdida por Colombia y su gobierno ratificaba la disposición para otorgar permisos de pesca a los pescadores de San Andrés, al tiempo que desde el Congreso colombiano se escuchaban voces que pedían a la Armada no retirar su presencia de la zona del litigio.
Rafael Nieto Navia, quien ahora forma parte de la comisión de expertos, habló con El Espectador acerca de su nuevo rol, de la ausencia de recursos para revertir el fallo del 19 de noviembre y lo equivocado que resulta decir que alguno de los dos países ejerce soberanía en ‘aguas internacionales’, una “majadería” en su opinión.
¿Cómo fueron los contactos con el Gobierno, cómo se definió la comisión de expertos y cuál fue la labor que se les encomendó?
Recibí una llamada de Presidencia y después conversé con la canciller Holguín. Hasta donde entiendo, porque no hemos tenido sino una reunión muy corta, lo que el Gobierno quiere es que haya un ‘pool’ de personas que pueda asesorarlo en una revisión de cierto tipo de tratados y de instrumentos en los cuales se compromete de alguna manera el Estado a ir a cortes internacionales. La tesis general es que este análisis se ha hecho con ligereza y que es bueno revisarlo. Ese sería el propósito de esta comisión y, por supuesto, la primera de esas revisiones tiene que ver con el pacto de Bogotá, que fue el que nos causó las pérdidas en el mar Caribe.
¿Pero en esa revisión se contempla la opción de poder encontrar una alternativa frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya?
Claro que no, porque estamos hablando de otros casos en los cuales Colombia se compromete a ir a instancias internacionales por problemas en tratados bilaterales o en tratados multilaterales. Esto nada tiene nada que ver con el fallo de La Haya.
¿Entonces el fallo no va entrar en discusión dentro de la comisión?
Vuelvo a decir. Vamos a revisar tratados e instrumentos internacionales que nos comprometen a ir a instancias como la de La Haya u otras similares. Dentro de estas está el Pacto de Bogotá, que fue el que nos llevó a la Corte.
¿Pero el tema del fallo se trató durante la reunión de la comisión?, ¿la opción de desacatar, por ejemplo?
Claro. Cada uno dio su opinión. Lo que hará el Gobierno es otro problema. Mi opinión es que no existe en el diccionario la palabra acatar o la palabra desacatar. Lo único que existe es la palabra ejecutar, que es la que usa Naciones Unidas. Digo que existiendo un fallo de la Corte Internacional de Justicia, que no es apelable, pues ese es un fallo que automáticamente se ejecutó.
¿Por eso el presidente Ortega dice que Nicaragua ya ejerce soberanía en el mar recuperado?
Nosotros no comentamos sobre eso. El punto es que esas son aguas internacionales, Nicaragua tiene derecho a mandar sus barcos a las aguas internacionales y nosotros también. Esas aguas no pertenecen ni teórica ni prácticamente a Nicaragua. Son los derechos económicos exclusivamente de explotación económica del agua, del suelo y del subsuelo. Esos son los derechos de Nicaragua, no tiene ningún otro.
¿Cuál es la postura inicial de la comisión frente al Pacto de Bogotá?
Yo doy mi opinión, porque cada persona de la comisión dio la suya. La canciller tomó nota y ella verá qué hace. Mi opinión es que nos hemos debido retirar por lo menos hace 15 años.
¿Qué beneficio tendría para el país retirarse del Pacto?
Que no nos vuelvan a demandar y no nos quiten porciones como las que nos quitaron.
¿Qué implicaciones podría tener el retiro del Pacto?
Ninguna en el orden actual. Implicaciones creo que habrá para el futuro, porque ya no nos podrán demandar por el Pacto de Bogotá. Pero en cuanto a efecto por la decisión ya tomada por la Corte, ninguna.
¿Salir del Pacto no podría ser mal visto por la comunidad internacional?
Podrían criticar la decisión, pero en la práctica no pasa nada. Esto tiene que ver con la soberanía de los Estados y si el Pacto de Bogotá contempla una cláusula de renuncia es porque se previó en su momento que algún país podría hacerlo. Estamos ejerciendo un derecho contemplado en el Pacto, nadie puede reclamarnos por eso.
Si Colombia resuelve estar por fuera del Pacto, ¿cómo se resolverían eventuales litigios limítrofes y ante qué instancia?
Creo que no hay litigios limítrofes distintos del que tenemos de delimitación de aguas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela y Venezuela no está en el pacto. Las soluciones de ahora en adelanta podrían darse por negociaciones, tratados y acuerdos directamente entre los países.
¿Colombia está suscrita a algún otro acuerdo internacional a parte del Pacto de Bogotá?
Eso es algo que no puedo decir porque no he estudiado el tema. Eso es parte de lo que va a hacer la comisión.
¿La comisión ya tiene un plan de trabajo?, ¿hay fecha para la próxima reunión?
No se ha definido todavía.
¿El Gobierno le dio a la comisión un plazo o una fecha para que emita un concepto?
No. Primero hay que hacer un plan de trabajo. Esto apenas está empezando.
¿Existe algún tiempo aproximado para hacerlo?
No tengo idea. No sé si meses, semanas, días, años u horas… no sé.
El Pacto de Bogotá y sus alcances
¿Qué es este acuerdo?
También conocido como el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, fue suscrito el 30 de abril de 1948 en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá. Su finalidad es agotar los mecanismos regionales de solución antes de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU y darle jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
¿Qué países están suscritos?
El tratado entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró ante la ONU siete días después. De los 21 países signatarios solamente 15 lo han ratificado, dos presentaron reservas y uno lo denunció.
¿Y si Colombia se retira?
Si Colombia se retira del Pacto de Bogotá estaría renunciando a un esquema jurídico de solución de controversias pacíficas con los demás estados de la región. Así mismo, al ser el que permite que Colombia acepte la jurisdicción de la CIJ, ésta quedaría sin efecto.
¿Cómo se haría el retiro?
En el momento en que Colombia decida denunciar el Pacto, la decisión debe pasar por el Congreso, porque la ratificación también pasó por ahí. Si hay consenso, entonces Colombia presenta su solicitud de retiro ante la Organización de Estados Americanos (OEA), un procedimiento que dura, en promedio, un año.
¿Y el fallo de la CIJ?
Para analistas consultados por El Espectador, a estas alturas el retiro no ayudaría a resolver la situación creada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente al diferendo con Nicaragua, que es irreversible. Sin embargo, dejaría sin jurisdicción a la Corte en futuras demandas contra Colombia.
¿Por qué ahora?
El retiro se pensó en 2002, demasiado tarde porque Nicaragua había demandado a Colombia en 2001. El tema se discutió varias veces al interior de la Comisión Asesora, pero no se llevó a cabo por el mensaje que el país podría enviar a la región y al mundo.
¿La culpa es del Pacto?
Expertos explican que este acuerdo no es la razón de la pérdida de Colombia ante la Corte de La Haya. De hecho, advierten que se deberán revisar otros acuerdos firmados por el país, pues consideran que la jurisdicción de la Corte podría estar incluida en uno de los tantos pactos firmados.
¿Afecta la imagen del país?
Colombia se ha caracterizado por ser muy respetuosa del derecho internacional. Analistas creen que el país podría retirarse como una forma de protestar ante la Corte por el fallo adverso, pero a su vez debe reconocer la sentencia, pues de otra manera incurriría en un acto abiertamente hostil frente a Nicaragua.
El equipo de expertos que designó Colombia
La comisión de expertos en derecho internacional creada por el Gobierno tiene seis integrantes: Rafael Nieto Navia, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Manuel José Cepeda, exmagistrado de la Corte Constitucional; Juan Daniel Jaramillo, exdiplomático; Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador general de la Nación; Joaquín Polo Montalvo, exsubdirector del Departamento de Seguridad, y el reconocido abogado Luis Ricardo Paredes.
Estos seis profesionales analizarán los compromisos adquiridos por Colombia en instancias internacionales, como el Pacto de Bogotá, y la pertinencia de que el país continuara vinculado, dado que a raíz de la suscripción a ese acuerdo la Corte Internacional de Justicia tuvo competencia para poner fin al diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, cuyo resultado al final fue adverso a los interese nacionales.