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Perú está en compás de espera de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel, tras la decisión del Tribunal Constitucional, que ordenó su libertad inmediata, en restitución del indulto recibido en 2017. Los partidarios de Fujimori esperaban con gran entusiasmo la salida del exmandatario en la puerta del penal de Barbadillo, mientras que los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales el exgobernante fue sentenciado, protestaron por el fallo a las afueras del Palacio de Justicia.
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A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario el año pasado, este martes el Tribunal Constitucional emitió un auto que “ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori”.
La resolución, que fue firmada por tres de los actuales seis miembros del tribunal, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró “fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso”. El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al tribunal.
El presidente de dicha instancia, Francisco Morales, afirmó que las autoridades debían “proceder a la excarcelación inmediata” de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia”, declaró Morales, al aclarar un auto del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.
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El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el poder Judicial en 2018, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidiera al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que el expresidente fue condenado a 25 años de prisión.
El abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de estos casos, afirmó que Perú “se coloca en la lista de los Estados” que han decidido incumplir una sentencia de un tribunal internacional. “Estamos sumamente sorprendidos”, declaró al Canal N, al comentar la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la liberación de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló lo contrario el año pasado. “Nos estamos colocando en una situación de rebeldía”, enfatizó antes de considerar que la resolución es “un hecho grave, que termina de expresar un desmejoramiento de las condiciones del Estado de derecho en nuestro país”.
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El abogado recordó que Perú tiene plazo hasta este miércoles para responder a una petición que le hizo la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos de su resolución de cumplimiento de la orden que dio de no liberar a Fujimori. Señaló que, tras esto, la Corte “va a llamar a una audiencia de control de cumplimiento” y está “completamente seguro de que la Corte volverá a ratificar su resolución” y que, “en los próximos días, Fujimori tendrá que volver” a prisión.
La semana pasada, horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del Tribunal Constitucional llevara a la excarcelación de Fujimori. El organismo recordó que el 7 de abril de 2022 “estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto ‘por razones humanitarias’, en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta”.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide a Perú abstenerse de ejecutar la liberación de Fujimori
Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte, le requirió al Estado peruano no liberar al expresidente, al menos hasta que cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en una resolución emitida el 7 de abril del año pasado y recordó que en dicha ocasión el Tribunal Constitucional no analizó la compatibilidad del indulto “por razones humanitarias” con base en los estándares establecidos en la resolución de la corte del 30 de mayo de 2018. Además, precisó que, mediante resoluciones judiciales internas, emitidas en los años 2018 y 2019 por la justicia peruana, se declaró que la norma que concedió el indulto humanitario al expresidente “carece de efectos jurídicos”.
Del mismo modo, el presidente de la Corte IDH enfatizó que el requerimiento se realiza “dada la extrema gravedad y urgencia de la situación señalada como fundamento de la solicitud y con el propósito de que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”. Con respecto a eso, agregó: “Esta presidencia estima necesario ordenar al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional que dispone la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana pueda contar con todos los elementos necesarios para analizar si esta decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril de 2022″.
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