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La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, anunció este martes que no se presentará a ningún cargo en las elecciones generales de 2023, tras ser condenada a seis años de prisión al ser hallada culpable de fraude al Estado, con inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. “No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputados ni a presidenta de la nación”, dijo Kirchner en un mensaje por las redes sociales.
¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. https://t.co/5jDZk9oZJh
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 6, 2022
Su pronunciamiento es clave, pues, pese a que fue condenada, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros. Será un fallo en primera instancia que abre un largo camino de apelaciones antes de quedar firme, por lo que esto le permitiría presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023. “La condena tiene un fuerte impacto político”, sostuvo a la AFP el analista Rosendo Fraga, pero “la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente”.
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A la vicepresidenta se le acusaba, junto a otras 12 personas, de haber cometido delitos de administración fraudulenta de fondos públicos. Por este, y otro delito, el 22 de agosto la Fiscalía pidió una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Fue absuelta, en cambio, por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada.
Específicamente, la Fiscalía acusó a la vicepresidenta de adjudicar de manera fraudulenta contratos de obras públicas entre 2007 y 2015. El esquema de sobornos, según la acusación, ocurrió en la provincia de Santa Cruz durante los 12 años en los que los Kirchner estuvieron en el poder.
Cristina Fernández aseguró que la condena tiene su origen en una “mafia judicial paraestatal” y reiteró su inocencia en este proceso por irregularidades en la concesión de obras viales. En una intervención desde su despacho en el Senado, minutos después de conocerse el veredicto, Fernández aseveró nuevamente que la condena en su contra, la cual confirmó que apelará, ya “estaba escrita”.
“La idea era condenarme como finalmente lo hicieron”, sostuvo Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015. Fernández rechazó ser responsable por defraudar a la Administración pública pues, como presidenta, no tuvo manejo en las leyes de Presupuesto donde se incluyeron las obras públicas que fueron objeto de este juicio ni administró ni ejecutó esos Presupuestos, una responsabilidad en cabeza del jefe de Gabinete de ministros.
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La vicepresidenta aseguró que ninguna de las acusaciones formuladas por los fiscales que intervinieron en este juicio eran ciertas y dijo que, más que un ‘lawfare’ (hostigamiento judicial), ella ha sido blanco de una “mafia”.
“Esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial, y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos”, sostuvo.
Con información de EFE y AFP*
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