Nueva denuncia contra Vizcarra, expresidente de Perú, esta vez por Odebrecht
El expresidente y acusado, Martín Vizcarra, se declaró inocente y asegura que durante su mandato siempre actuó “con transparencia y en estricto cumplimiento de la ley”.
La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado. Los casos denunciados cuestionan los presuntos vínculos de la empresa de Vizcarra con Odebrecht, quien fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), del que era vicepresidente y al que sucedió luego de su renuncia, en marzo de 2018.
El Ministerio Público informó en la red social X que la denuncia constitucional, fórmula empleada para altos o exaltos cargos públicos, se hizo por “las declaraciones públicas presentadas por el denunciado en su condición de presidente de la República al momento de asumir el cargo”, en las que supuestamente negó sus vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra, Ingenieros y Contratistas.
La denuncia se realizó por intermedio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, y también comprendió la omisión de haber consignado en su declaración jurada de 2018 su condición de vicepresidente del directorio y gerente de operaciones de CyM Vizcarra.
La semana pasada, se informó que Vizcarra pidió al Tribunal Constitucional (TC) que anule la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que le impuso en 2022 el Congreso, para, de esa manera, poder “participar en la vida política” de su país. El Congreso aprobó esa sanción contra el exgobernante por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones de Kuczynski.
Otras sanciones contra Vizcarra
El poder judicial también evalúa una demanda de amparo presentada por el exmandatario para que se anule otra inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso por su presunta vacunación irregular contra el covid-19.
Esa decisión le impidió asumir el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021, por lo que el exjefe de Estado presentó, aun sin éxito, diversos recursos para buscar revertir la sanción.
A inicios de junio pasado, la Fiscalía General de Perú archivó una investigación contra Vizcarra por la compra de 1,4 millones de pruebas rápidas para el diagnóstico de covid-19, por considerar que no advirtió “ninguna acción dolosa”. Tras conocerse esa decisión, el exgobernante aseguró que durante su mandato siempre actuó “con transparencia y en estricto cumplimiento de la ley”.
Además de estos casos, el pasado 19 de marzo, el Congreso oficializó una acusación penal contra Vizcarra por la presunta comisión de cuatro delitos de corrupción, por la supuesta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.
Medios locales informaron este jueves que la Procuraduría General del Estado solicitó a la justicia peruana constituirse como parte agraviada en este proceso y que se le ordenó al exmandatario pagar una indemnización de 575.400 soles (US$150.628).
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La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado. Los casos denunciados cuestionan los presuntos vínculos de la empresa de Vizcarra con Odebrecht, quien fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), del que era vicepresidente y al que sucedió luego de su renuncia, en marzo de 2018.
El Ministerio Público informó en la red social X que la denuncia constitucional, fórmula empleada para altos o exaltos cargos públicos, se hizo por “las declaraciones públicas presentadas por el denunciado en su condición de presidente de la República al momento de asumir el cargo”, en las que supuestamente negó sus vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra, Ingenieros y Contratistas.
La denuncia se realizó por intermedio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, y también comprendió la omisión de haber consignado en su declaración jurada de 2018 su condición de vicepresidente del directorio y gerente de operaciones de CyM Vizcarra.
La semana pasada, se informó que Vizcarra pidió al Tribunal Constitucional (TC) que anule la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que le impuso en 2022 el Congreso, para, de esa manera, poder “participar en la vida política” de su país. El Congreso aprobó esa sanción contra el exgobernante por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones de Kuczynski.
Otras sanciones contra Vizcarra
El poder judicial también evalúa una demanda de amparo presentada por el exmandatario para que se anule otra inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso por su presunta vacunación irregular contra el covid-19.
Esa decisión le impidió asumir el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021, por lo que el exjefe de Estado presentó, aun sin éxito, diversos recursos para buscar revertir la sanción.
A inicios de junio pasado, la Fiscalía General de Perú archivó una investigación contra Vizcarra por la compra de 1,4 millones de pruebas rápidas para el diagnóstico de covid-19, por considerar que no advirtió “ninguna acción dolosa”. Tras conocerse esa decisión, el exgobernante aseguró que durante su mandato siempre actuó “con transparencia y en estricto cumplimiento de la ley”.
Además de estos casos, el pasado 19 de marzo, el Congreso oficializó una acusación penal contra Vizcarra por la presunta comisión de cuatro delitos de corrupción, por la supuesta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.
Medios locales informaron este jueves que la Procuraduría General del Estado solicitó a la justicia peruana constituirse como parte agraviada en este proceso y que se le ordenó al exmandatario pagar una indemnización de 575.400 soles (US$150.628).
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