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Según la resolución emitida el jueves por el juez de distrito J. Campbell Barker, la administración Biden “carece de autoridad legal” para aplicar su programa “parole in place”, en un fuerte golpe a la política migratoria del mandatario demócrata, quien dejará el cargo en enero de 2025.
El plan de Biden, “Keeping Families Together” (Mantener a las Familias Unidas), fue lanzado en junio y busca beneficiar al menos a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos.
Pero el fiscal general de Texas y aliado de Trump, Ken Paxton, junto a un grupo de colegas republicanos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional por aplicar esta medida. Paxton dijo en aquella ocasión que se estaba “recompensando” a quienes “violaron las leyes”.
“Se detiene el intento de la administración Biden/Harris de eludir las leyes de inmigración”, dijo en la red social X el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador.
Mientras los demócratas buscaban un equilibrio entre sanciones a los arribos ilegales y reformas migratorias, Trump aseguró que Estados Unidos está sometido a una “invasión” y, tras vencer el 5 de noviembre en las elecciones presidenciales a Kamala Harris, reiteró sus promesas de “deportaciones masivas” de migrantes irregulares.
El juez Campbell, nominado durante el primer mandato de Trump, ya había acogido el pedido de Paxton y suspendido temporalmente el programa en agosto. Una apelación lo reactivó pero el juez volvió a bloquearlo, hasta que este jueves dio su veredicto final. El gobierno de Biden puede apelar.
El programa permite que inmigrantes sin estatus legal que estén casados con estadounidenses y que califican para una residencia permanente puedan iniciar sus trámites sin necesidad de dejar Estados Unidos.
Las reglas se aplican a quienes estuvieron en el país durante al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, y también se extienden a aproximadamente 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Se les otorgaría una autorización para trabajar y el derecho a permanecer en el país por hasta tres años mientras solicitan una “green card”. Anteriormente, quienes deseaban realizar ese trámite debían hacer sus gestiones fuera del país, en un proceso que toma años y separa familias.
“Esta decisión es un revés profundamente decepcionante e injusto para las familias que viven todos los días bajo el peso de la incertidumbre”, dijo Harold A. Solís, representante de Make The Road New York, organización que trabaja con migrantes.
“Debemos y seguiremos apoyando la unidad familiar a pesar de esta peligrosa decisión”, agregó.
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