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Chile se ha convertido en el destino final de las víctimas del Tren de Aragua, la pandilla local más grande de Venezuela. Un estudio de InSight Crime, fundación que analiza el crimen organizado, apuntó a que esta megabanda ya se ha asentado en varias naciones de América Latina para establecer un corredor de tráfico de migrantes, abriéndose paso ante el vacío que deja la falta de coordinación regional para atender la migración y enfrentar este delito. Comenzó en la frontera con Colombia y se fue abriendo paso por Ecuador, Bolivia y Perú, y continuará ampliando sus operaciones mientras sus delitos continúen invisibles.
“En ciudades como Cúcuta hay gente que organiza todo el viaje. Planifican las rutas a través de las fronteras que llegan a países como Perú. Ayudan a la gente a moverse por los senderos. Pero también secuestran (víctimas), particularmente menores de edad. Todas las denuncias que he recibido involucran al Tren de Aragua”, le dijo un experto a Laura Ávila, investigadora de InSight Crime a cargo del reporte.
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El modus operandi de la banda es inhumano: acechan principalmente a mujeres y niñas vulnerables, las acosan, las engañan o las secuestran y luego las explotan sexualmente. A las personas indocumentadas les ofrecen “ayuda” para transportarlas por las fronteras. Es por eso por lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el cierre de fronteras agudiza el riesgo para las personas migrantes de caer en sus trampas. Quienes no quieren tomar este “servicio” son obligadas a hacerlo. Algunas son libres de irse. Otras quedan secuestradas. En casos puntuales, hay un coctel de todo.
El diario El Deber reportó sobre un venezolano que limpiaba vidrios en Santa Cruz (Bolivia) junto con su esposa y su hija. El hombre se distanció por unas horas y cuando volvió por su familia ya no estaba. El Tren de Aragua se contactó con él después para decirle que las había secuestrado y enviado a Chile, y que si las quería ver de nuevo tendría que transportar cocaína a Chile en una maleta. Sin poder acudir a las autoridades por su condición de indocumentado, aceptó la extorsión, aunque fue atrapado con la droga más adelante.
Las fronteras cerradas no son el único elemento que empodera a esta organización delincuencial y a otras similares. La corrupción endémica también les permite estar activas. Hay varias bandas afiliadas al Tren de Aragua en Bolivia, Chile, Colombia y Perú, y en algunos casos estas parecen actuar bajo la complicidad de las autoridades locales. A comienzos de julio, una investigación de dos años, con ayuda de la policía colombiana y del Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI), encontró que políticos locales y miembros de las fuerzas de seguridad participaban de una red de tráfico de personas en Cúcuta. Según el diario La Opinión, funcionarios de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) sabían de la red y permitieron que operara.
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Las principales víctimas de los traficantes son menores de edad. A algunos se les secuestra, pero a otros se les engancha con promesas falsas de una carrera en el modelaje. Una vez fuera de su país, se les quitaban sus identificaciones y luego se les obligaba a grabar videos íntimos. En 2021, las autoridades en Cúcuta desmontaron otra red que ofrecía lo mismo en Panamá y Ecuador: una prometedora carrera como modelo. Por eso resulta tan peligroso la promoción de empresas que aseguran ser agencias de modelos en internet y son en realidad estudios de pornografía que funcionan gracias al tráfico de personas. Es el caso de Diamond Dreams Studio en Cúcuta, que les ofrece a las mujeres ingresos de hasta US$1.000 quincenalmente y el cubrimiento de todo el “traslado” desde Venezuela hasta Cúcuta. Las migrantes son mucho más vulnerables a la trata y los criminales se aprovechan de su situación precaria para llevarlas a otro país y explotarlas sexualmente.
El dominio del ciberespacio
Históricamente, la trata de personas ha sido un problema persistente en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el éxodo de más de seis millones de venezolanos por la crisis política, social y económica de su país ha exacerbado este problema. Según reportes del Departamento de Estado de EE. UU. sobre el tráfico de personas, para 2020 ya casi no se identificaba un país en el continente en el que no se encontraran casos de trata y explotación de migrantes venezolanos. Se veían casos sobre todo en Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Guayana, Haití, México, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago. También se observaron casos transcontinentales con relación a España, Islandia y Macao.
Para enfrentar este delito, por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. El objetivo de esta fecha es generar conciencia sobre las víctimas de este delito, el tercero más lucrativo en el mundo, capaz de mover anualmente más de US$39.000 billones. Según la Interpol, este negocio ya se acerca a otras formas más rentables de comercio ilícito como el narcotráfico y la venta de armas, impulsado por las diferentes crisis migratorias que hay en las distintas fronteras del mundo.
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Para este año, el tema central de las campañas en el Día Mundial contra la Trata de Personas es el “uso y abuso de la tecnología”, con la que se busca centrarse en el papel de internet como herramienta que permite este delito, y también como instrumento para evitarlo. Esto es clave, pues como se observó en los casos de las redes de tráfico en Cúcuta, las víctimas han sido abordadas a través de redes sociales en las que se les prometen oportunidades laborales en otros países, un modus operandi muy común en Europa. Con la pandemia y el aumento del uso de las plataformas en línea, el delito del tráfico está dominando el ciberespacio.
Pero las promesas falsas de carreras en modelaje, aunque son la trampa más común, no son el único método que están puliendo los criminales para capturar a sus víctimas. En la frontera es cada vez más común que las redes de tráfico estén usando a niños y niñas como anzuelos para atrapar a otros jóvenes. A los menores de edad que sirven de “enganche” se les ha bautizado como “arrastradores”, quienes son a su vez víctimas de la trata y reciben menos de US$300 ($1 millón) por un migrante arrastrado a la red. Una investigación del Diario de Los Andes y Connectas encontró varios casos de niños y niñas capturados por otros menores que los convencieron de salir de su casa sin avisar, ofreciéndoles dinero o lujos para entregarlos a las redes de trata.
Las organizaciones sociales les piden a los padres de familia estar pendientes del círculo social de sus hijos y estar alerta ante cualquier movimiento extraño que estos presenten. Uno de los grandes obstáculos para hacer frente a esta situación es el miedo a denunciar y las barreras que presentan las autoridades en el proceso. También se ha denunciado negligencia en las rutas de atención o peor, coacción para no formalizar la denuncia, como le dijo la Fundación Redes (Fundaredes) a Connectas y al Diario de Los Andes.
“Es un patrón por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc): los familiares acuden a denunciar e inmediatamente les dicen ‘no denuncie, quédese tranquila’; entonces, de alguna manera, intentan amenazar, amedrentar, a decirles que tendrán consecuencias si denuncian estas desapariciones”, dijo Clara Ramírez, directora de documentación y derechos humanos de Fundaredes, a Connectas.
Los traficantes se han adaptado a la nueva era. Internet no solo facilita las campañas para atraer víctimas a sus redes, sino que las monedas digitales han hecho más difícil el rastreo de las transacciones como destacó Raffael Milano, directora de los programas de Save the Children para Italia y Europa, en diálogo con el Vaticano. Y como si la era digital y la corrupción no fueran suficiente, aparece en el camino otro problema para las autoridades a la hora de enfrentar el tráfico de personas: la desconexión. El cierre de fronteras entre Colombia y Venezuela no solo hace que los migrantes sean presa fácil de los traficantes. El aislamiento internacional ha dejado a Caracas por fuera de la coordinación para combatir estas redes delincuenciales. Hace unas semanas, Estados Unidos incluyó a Venezuela en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para enfrentar el tráfico de personas. Del gobierno de ese país, por otro lado, tampoco se ha visto un plan de acción para combatir las redes de tráfico.
A pesar de que el panorama es oscuro, no todo está perdido. Empecemos por casa: varios departamentos y municipios de Colombia realizarán jornadas de capacitación entre el viernes y el sábado para que las autoridades locales conozcan cómo operan las redes delincuenciales y reconozcan las rutas de atención para actuar en estos casos. Que todos los funcionarios públicos, y en general toda la población del país, entiendan cuáles son las rutas de atención activas y los mecanismos para denunciar, es una gran manera de fortalecer la lucha contra el tráfico de personas. Migración Colombia tiene la aplicación Libertapp, que fue desarrollada con el apoyo de Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la que se puede denunciar reservando la identidad de la víctima y el denunciante.
Por otro lado, en Brasil, país que también lidera la respuesta al desafío migratorio, cuenta desde 2016 con la Ley Federal 13.444 de 2016, la cual además de definir la trata de personas garantiza la reinserción de las víctimas en la sociedad. Este es un aspecto importante, pues sobre esta batalla no solo hay que pensar en los criminales, sino también por quienes sufren por sus actos y necesitan asistencia. Por último, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó hace unos días la convocatoria “Gobernarte: el arte del buen gobierno”, la cual premiará a las mejores iniciativas de gobiernos locales en América Latina y el Caribe que respondan a la trata de personas. Este puede ser un incentivo importante para que alcaldías y gobernaciones comiencen a identificar, documentar y pensar estrategias para proteger las vidas de la población migrante.
El 30 de julio es una fecha importante para que la población migrante y de acogida reconozca los peligros en las fronteras. Se aproximan cambios importantes. Si el próximo gobierno de Colombia decide retomar sus lazos diplomáticos con Venezuela, esta será la oportunidad para que los ejecutivos de otros países del vecindario se aproximen a Caracas para construir un plan para contrarrestar las bandas criminales en zonas fronterizas. No será fácil. Como se ha visto en Chile, la presencia de los traficantes ha conllevado disputas violentas por el control territorial entre bandas. Que las fuerzas del orden lleguen a desmontar los negocios ilegales presenta un gran desafío, cuya única respuesta tiene que ser coordinada.