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El informe anual de drogas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de 2023 puso en la mira el peligro que representa la “narcodeforestación” en Latinoamérica, una práctica que afecta a países como Colombia, Ecuador, Brasil y México.
Según el documento, la narcodeforestación es una práctica producida por el nexo y la interacción entre el narcotráfico y los crímenes ambientales, a los que se unen delitos de extorsión, fraude y trabajo forzado que amenazan a las zonas selváticas y sus habitantes.
“La complicada interacción entre las economías de las drogas ilícitas y la degradación ambiental se ha convertido en una preocupación acuciante que requiere un examen exhaustivo y una acción concertada”, destaca la JIFE.
En el documento, se lee que las repercusiones de las actividades ilícitas relacionadas con las drogas en el medio ambiente adoptan distintas formas en los diferentes puntos del planeta, como la deforestación, la contaminación de ríos y suelos y la intoxicación de animales y seres humanos.
Indirectamente, la producción, la fabricación y el tráfico ilícitos de drogas también pueden vincularse con otras actividades perjudiciales para el medio ambiente, por ejemplo la minería ilícita. Y estas dinámicas van en aumento.
“Las organizaciones dedicadas al narcotráfico siguen ampliando sus operaciones, que han llegado a abarcar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres”, agrega el informe.
El cultivo ilícito de la coca, por ejemplo, ha llevado a la deforestación, la degradación del suelo y una pérdida de flora y fauna en los Andes. En países como Ecuador, el deterioro del medioambiente ha impactado a las personas que dependen de la pesca de cangrejos y se han visto familias víctimas de desplazamientos forzados debido a una mayor exposición de la violencia.
En toda la cuenca del Amazonas se registran con frecuencia disputas violentas entre las comunidades locales y los narcotraficantes, a menudo como consecuencia de quejas por la especulación con los terrenos y la ocupación ilegal de tierras. En la zona de la triple frontera entre el Brasil, Colombia y el Perú se concentra una intensa actividad ilícita de deforestación, la cual es impulsada por el comercio ilegal de madera así como por el tráfico de drogas
“Esa situación podría empujar a las poblaciones vulnerables de la zona a participar en la economía ilícita, por ejemplo, practicando el contrabando de cocaína o de gasolina subvencionada (que se utiliza para fabricar cocaína) para los traficantes de cocaína”, dice el documento.
Este problema también se presenta en otros lugares del mundo. Según la ONU, los bosques tropicales de Nigeria se han convertido en centros de cultivo ilícito de cannabis, lo que ha alterado profundamente su dinámica ecológica.
Por otro lado, en el Triángulo de Oro de Asia Sudoriental, el cultivo ilícito de adormidera ha desempeñado un papel fundamental en la degradación de los bosques. En algunas zonas del Afganistán, como la provincia meridional de Helmand, el cultivo de adormidera ha dado lugar a la salinización del terreno como consecuencia de un drenaje deficiente durante el riego.
Finalmente, la JIFE destaca que la huella de carbono de la producción de drogas ilícitas tiene consecuencias alarmantes para el cambio climático. Según los datos estadísticos facilitados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la fabricación de cocaína genera importantes emisiones de carbono, que se estiman en unos 8,9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
Para producir 1 kg de cocaína se necesitan más de 300 l de gasolina, sin olvidar otras repercusiones derivadas que van desde la contaminación del agua hasta la degradación del suelo y que afectan a la salud tanto de la fauna como de los seres humanos.
Y en este aspecto, también se resalta que “a menudo, las actividades dedicadas a erradicar los cultivos ilícitos para la producción de drogas tienen consecuencias ambientales no deseadas. La fumigación aérea de herbicidas como el glifosato puede dañar a especies que no son el objetivo y contaminar el suelo y el agua”.
Por esto se sugiere que a los tomadores de decisiones que se busque un equilibrio entre combatir la delincuencia relacionada con las drogas y reducir al mínimo los daños ambientales sigue planteando un reto complejo.
“Para hacer frente al impacto ambiental del tráfico ilícito de drogas se precisa un enfoque integral. La cooperación internacional es esencial, dado el potencial de la delincuencia relacionada con las drogas de perjudicar los ecosistemas y el bienestar de las personas. Para articular respuestas coordinadas, estas deben comprender actividades amplias de aplicación de la ley, medidas de protección del medio ambiente y estrategias de desarrollo sostenible”, resalta el informe publicado el martes.
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