ONU: Perú negó los derechos de menor que pidió un aborto seguro y la criminalizó
La menor fue abusada sexualmente por su padre durante años y el Estado le negó el acceso a información y a un aborto. La conclusión de la instancia de la ONU es que la niña fue víctima de discriminación y fue tratada de ese modo por su edad, su género, su origen y estatus social.
El Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños ha determinado que el Estado peruano violó los derechos de una niña de 13 años que fue violada durante años por su padre, al negarle información y acceso a un aborto seguro, además de criminalizarla por manifestar su voluntad de interrumpir el embarazo.
La víctima es una menor de una comunidad campesina de los Andes de Perú, en el departamento de Apurímac. Cuando se descubrió que estaba embarazada fue llevada por un familiar a un hospital, donde no se prestó ninguna atención al deterioro de su salud mental producto del trauma que había vivido, según los hechos relatados en la decisión jurídica emitida hoy por el órgano de Naciones Unidas.
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Una ONG local ayudó a la menor y, de acuerdo con la legislación nacional, solicitó un aborto terapéutico para ella. Al mismo tiempo, la niña pidió la terminación voluntaria del embarazo al fiscal que investigaba el caso, pero ninguna entidad o autoridad respondió a sus peticiones.
En cambio, los sanitarios insistían en que fuese a sus citas prenatales y cuando dejó de acudir fueron a buscarla hasta su casa, agravando el estigma que sufría dentro de su familia, su comunidad y su colegio, que luego tuvo que abandonar.
“Estoy consternada por la manera en que una víctima de violación e incesto de 13 años ha sido tratada por las autoridades”, dijo la presidenta del Comité, Ann Skelton, en un comunicado.
En sus conclusiones, el Comité estableció que la falta de información sobre la terminación voluntaria del embarazo y de un acceso efectivo a este servicio puso en peligro la vida y la salud de la niña, sin consideración de que ser víctima de violación por parte de su propio padre agravaba las consecuencias del embarazo para su salud mental.
Según las informaciones ofrecidas por el Comité, la niña tuvo posteriormente un abortó espontáneo, lo que llevó al fiscal a abrir una investigación en su contra y a acusarla de haberse provocado el aborto, llegando a obligar a la menor y a su padre a acudir a “la escena del crimen”.
En opinión del Comité, de ese modo el fiscal desviaba la atención de la investigación por violación y se centraba en reunir información sobre un supuesto aborto autoinfligido, a pesar de carecer de evidencias al respecto.
La conclusión de la instancia de la ONU es que la niña fue víctima de discriminación y fue tratada de ese modo por su edad, su género, su origen y estatus social.
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Asimismo, ha pedido al Estado peruano que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que garantice el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para niñas embarazadas, en particular cuando su vida está en riesgo o han sido víctimas de violación o incesto.
“Saludamos el coraje que Camila (seudónimo) mostró al perseguir que sus derechos se respetaran y haciendo llegar su caso hasta nosotros a pesar de todos los obstáculos”, señaló el Comité.
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El Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños ha determinado que el Estado peruano violó los derechos de una niña de 13 años que fue violada durante años por su padre, al negarle información y acceso a un aborto seguro, además de criminalizarla por manifestar su voluntad de interrumpir el embarazo.
La víctima es una menor de una comunidad campesina de los Andes de Perú, en el departamento de Apurímac. Cuando se descubrió que estaba embarazada fue llevada por un familiar a un hospital, donde no se prestó ninguna atención al deterioro de su salud mental producto del trauma que había vivido, según los hechos relatados en la decisión jurídica emitida hoy por el órgano de Naciones Unidas.
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Una ONG local ayudó a la menor y, de acuerdo con la legislación nacional, solicitó un aborto terapéutico para ella. Al mismo tiempo, la niña pidió la terminación voluntaria del embarazo al fiscal que investigaba el caso, pero ninguna entidad o autoridad respondió a sus peticiones.
En cambio, los sanitarios insistían en que fuese a sus citas prenatales y cuando dejó de acudir fueron a buscarla hasta su casa, agravando el estigma que sufría dentro de su familia, su comunidad y su colegio, que luego tuvo que abandonar.
“Estoy consternada por la manera en que una víctima de violación e incesto de 13 años ha sido tratada por las autoridades”, dijo la presidenta del Comité, Ann Skelton, en un comunicado.
En sus conclusiones, el Comité estableció que la falta de información sobre la terminación voluntaria del embarazo y de un acceso efectivo a este servicio puso en peligro la vida y la salud de la niña, sin consideración de que ser víctima de violación por parte de su propio padre agravaba las consecuencias del embarazo para su salud mental.
Según las informaciones ofrecidas por el Comité, la niña tuvo posteriormente un abortó espontáneo, lo que llevó al fiscal a abrir una investigación en su contra y a acusarla de haberse provocado el aborto, llegando a obligar a la menor y a su padre a acudir a “la escena del crimen”.
En opinión del Comité, de ese modo el fiscal desviaba la atención de la investigación por violación y se centraba en reunir información sobre un supuesto aborto autoinfligido, a pesar de carecer de evidencias al respecto.
La conclusión de la instancia de la ONU es que la niña fue víctima de discriminación y fue tratada de ese modo por su edad, su género, su origen y estatus social.
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Asimismo, ha pedido al Estado peruano que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que garantice el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para niñas embarazadas, en particular cuando su vida está en riesgo o han sido víctimas de violación o incesto.
“Saludamos el coraje que Camila (seudónimo) mostró al perseguir que sus derechos se respetaran y haciendo llegar su caso hasta nosotros a pesar de todos los obstáculos”, señaló el Comité.
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