Ortega asegura que opositores presos en Nicaragua querían derrocarlo
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que los opositores detenidos en su país son “agentes” de Estados Unidos que querían derrocarlo, mientras la CIDH atribuyó los arrestos a “una nueva fase de la represión” en la nación centroamericana, a cinco meses de las elecciones.
Redacción Mundo y Afp
Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega. Pero, para el gobernante, no se trata de “candidatos” ni “políticos” sino de “criminales” que atentaron “contra la seguridad del país”, al tratar de organizar un “golpe de Estado”.
“Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento”, dijo. Los acusó de ser “agentes del imperio yanqui”, que “conspiran contra Nicaragua, para derrocar al gobierno”.
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“Que no vengan con el cuento de que son candidatos, aquí no hay ningún candidato inscrito, no ha llegado el tiempo para que haya candidato”, aseguró Ortega, quien había mantenido silencio desde que inició la ola de arrestos en el país. En medio de pedidos de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, el gobernante aseguró que “no hay un paso atrás, solo hacia adelante”.
“Criminales”
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos. Para el gobierno de Ortega esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado auspiciado por Washington.
“No estamos juzgando a precandidatos, sino a criminales que han atentado contra el país, que están buscando cómo organizar otro 18 de abril [en alusión a las protestas de 2018], eso es lo que se está investigando y se castigará tal y como lo mandan las leyes”, sostuvo.
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Las detenciones le han valido al gobierno sanciones de Estados Unidos y la condena de la comunidad internacional. Ortega aseguró que sus opositores están “de rodillas pidiendo sanciones, ante el imperio yanqui”.
“Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua”, agregó.
CIDH: Grave escalamiento
Antes del discurso de Ortega, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA sobre un “grave escalamiento” de la situación en Nicaragua con la detención de los opositores. “Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes”, afirmó.
Urrejola recordó que la CIDH señala el quebrantamiento del Estado de derecho en Nicaragua desde 2018, cuando la respuesta del gobierno de Ortega a multitudinarias protestas en su contra tuvo conductas que “deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
El “estado de excepción de facto” en Nicaragua no sólo se mantiene, sino que ahora se ha “intensificado”, aseguró. Urrejola señaló la “aprobación de leyes contrarias al derecho internacional”, “falta de garantías judiciales mínimas”, “arbitrariedad” del gobierno e “impunidad generalizada”.
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“Que no ose la CIDH (...) venir a cuestionar nuestra institucionalidad”, dijo el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, y consideró “falaz y mal intencionado” el reporte de Urrejola.
“El verdadero objetivo maquiavélico de estos informes no creíbles y vilipendiosos es facilitar condenas y linchamientos políticos en la OEA, presiones diplomáticas y la aplicación de medidas unilaterales violatorias del derecho internacional”, aseguró. Una resolución de condena de la OEA a los recientes hechos en Nicaragua fue aprobada el 15 de junio con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos.
Los detenidos
En redadas iniciadas el 2 de junio, la policía detuvo a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y favorita para enfrentar una posible candidatura de Ortega. También a los aspirantes Arturo Cruz, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y Félix Maradiaga.
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Chamorro, principal rival ante una posible candidatura del mandatario Daniel Ortega, quedó el miércoles 2 de junio bajo arresto domiciliario, tras una acusación de lavado de dinero formulada por el gobierno. “Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, los policías antimotines la dejan bajo ‘arresto domiciliar’, bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada por la Policía”, escribió en Twitter Carlos Fernando Chamorro.
La Fiscalía empezó a investigar a Chamorro luego de que el Ministerio de Gobernación la señaló sorpresivamente por supuestas irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre (FVBCH), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
Entre los opositores detenidos, Urrejola destacó la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos. La CIDH solicitó a la Corte IDH proteger con medidas provisionales a Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como a Violeta Granera (activista) y José Adán Aguerri (empresario). La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares para ellos en 2018 y 2019.
Las medidas provisionales de la Corte IDH, con sede en Costa Rica, se dan “en casos de extrema gravedad y urgencia” y su cumplimiento es obligatorio para los países miembros. Durante la sesión de la OEA, el representante de Estados Unidos, Bradley Freden, citando al secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que “es hora de que el régimen de Ortega-Murillo cambie de rumbo” y “permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos”.
Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega. Pero, para el gobernante, no se trata de “candidatos” ni “políticos” sino de “criminales” que atentaron “contra la seguridad del país”, al tratar de organizar un “golpe de Estado”.
“Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento”, dijo. Los acusó de ser “agentes del imperio yanqui”, que “conspiran contra Nicaragua, para derrocar al gobierno”.
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“Que no vengan con el cuento de que son candidatos, aquí no hay ningún candidato inscrito, no ha llegado el tiempo para que haya candidato”, aseguró Ortega, quien había mantenido silencio desde que inició la ola de arrestos en el país. En medio de pedidos de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, el gobernante aseguró que “no hay un paso atrás, solo hacia adelante”.
“Criminales”
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos. Para el gobierno de Ortega esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado auspiciado por Washington.
“No estamos juzgando a precandidatos, sino a criminales que han atentado contra el país, que están buscando cómo organizar otro 18 de abril [en alusión a las protestas de 2018], eso es lo que se está investigando y se castigará tal y como lo mandan las leyes”, sostuvo.
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Las detenciones le han valido al gobierno sanciones de Estados Unidos y la condena de la comunidad internacional. Ortega aseguró que sus opositores están “de rodillas pidiendo sanciones, ante el imperio yanqui”.
“Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua”, agregó.
CIDH: Grave escalamiento
Antes del discurso de Ortega, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA sobre un “grave escalamiento” de la situación en Nicaragua con la detención de los opositores. “Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes”, afirmó.
Urrejola recordó que la CIDH señala el quebrantamiento del Estado de derecho en Nicaragua desde 2018, cuando la respuesta del gobierno de Ortega a multitudinarias protestas en su contra tuvo conductas que “deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
El “estado de excepción de facto” en Nicaragua no sólo se mantiene, sino que ahora se ha “intensificado”, aseguró. Urrejola señaló la “aprobación de leyes contrarias al derecho internacional”, “falta de garantías judiciales mínimas”, “arbitrariedad” del gobierno e “impunidad generalizada”.
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“Que no ose la CIDH (...) venir a cuestionar nuestra institucionalidad”, dijo el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, y consideró “falaz y mal intencionado” el reporte de Urrejola.
“El verdadero objetivo maquiavélico de estos informes no creíbles y vilipendiosos es facilitar condenas y linchamientos políticos en la OEA, presiones diplomáticas y la aplicación de medidas unilaterales violatorias del derecho internacional”, aseguró. Una resolución de condena de la OEA a los recientes hechos en Nicaragua fue aprobada el 15 de junio con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos.
Los detenidos
En redadas iniciadas el 2 de junio, la policía detuvo a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y favorita para enfrentar una posible candidatura de Ortega. También a los aspirantes Arturo Cruz, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y Félix Maradiaga.
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Chamorro, principal rival ante una posible candidatura del mandatario Daniel Ortega, quedó el miércoles 2 de junio bajo arresto domiciliario, tras una acusación de lavado de dinero formulada por el gobierno. “Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, los policías antimotines la dejan bajo ‘arresto domiciliar’, bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada por la Policía”, escribió en Twitter Carlos Fernando Chamorro.
La Fiscalía empezó a investigar a Chamorro luego de que el Ministerio de Gobernación la señaló sorpresivamente por supuestas irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre (FVBCH), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
Entre los opositores detenidos, Urrejola destacó la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos. La CIDH solicitó a la Corte IDH proteger con medidas provisionales a Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como a Violeta Granera (activista) y José Adán Aguerri (empresario). La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares para ellos en 2018 y 2019.
Las medidas provisionales de la Corte IDH, con sede en Costa Rica, se dan “en casos de extrema gravedad y urgencia” y su cumplimiento es obligatorio para los países miembros. Durante la sesión de la OEA, el representante de Estados Unidos, Bradley Freden, citando al secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que “es hora de que el régimen de Ortega-Murillo cambie de rumbo” y “permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos”.