Ortega y Murillo quieren renovar el régimen, pero mantienen el control

En un año en el que el giro del sandinismo, que gobierna en Nicaragua, hacia el autoritarismo parece radicalizarse, el titular del gobierno, Daniel Ortega, incorporó a su plan un cambio en uno de los elementos claves de su régimen, el Ministerio Público.

En un año en el que el giro del sandinismo, que gobierna en Nicaragua, hacia el autoritarismo parece radicalizarse, el titular del gobierno, Daniel Ortega, incorporó a su plan un cambio en uno de los elementos claves de su régimen, el Ministerio Público.

A través de una resolución emitida por la Asamblea Nacional, se abrió la convocatoria para que diputados y los mismos gobernantes presenten candidatos para remplazar a la exguerrillera Ana Julia Guido Ochoa y Julio González, hasta este jueves fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente.

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Contar con la Fiscalía como brazo ejecutor de las decisiones de Ortega ha sido clave en la cruzada que ha intensificado en 2023 contra instituciones privadas como la Cruz Roja, varias ONG y la Iglesia católica. A esta última institución le arrebató el control de cuentas bancarias y centros educativos que manejaban, entre otras decisiones. A otras organizaciones simplemente las absorbió, dejando en manos de su gobierno el control de la operación que desarrollaban en Nicaragua.

Pero la Fiscalía ha sido clave para poder señalar del delito de “traición a la patria”, por el cual se ha valido el régimen para legitimar sus autoritarias movidas, como, por ejemplo, la expulsión de 222 presos políticos a los cuales se les revocó la nacionalidad bajo este pretexto.

No debe ser tarea fácil para Ortega remplazar a Guido, pues es una fiel escudera del binomio gobernante (Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta). Desde 2007 está ocupando cargos en el Ministerio Público y en 2014 se convirtió en la primera mujer en ostentar el cargo de fiscal general.

Como brazo jurídico, Guido legitimó la persecución de Ortega contra más de 700 manifestantes en contra del régimen que salieron a las calles en 2018. También se le acusa de presuntamente fabricar casos contra políticos opositores al sandinismo.

Por acusaciones de este tipo, Guido fue sancionada en 2020 por Estados Unidos por fabricar casos contra presos políticos y sus familias. De igual forma en 2021, al igual que la vicepresidenta Murillo y otros seis funcionarios, fue sancionada por la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos. Desde entonces tiene prohibido ir a países miembros, tener activos en los mismos y hacer negocios en territorio de la UE.

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¿Por qué Daniel Ortega quiere remplazar a Ana Julia Guido?

La pregunta natural que surge tras casi una década de servicio de Guido y al abrir una convocatoria que reciba candidatos que puedan mostrar su “idoneidad” para el cargo es si se alcanzaría a contemplar una intención de democratizar los poderes en Nicaragua. Sin embargo, Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, explica que obedece a todo lo contrario: “Es un relevo natural, por más que salga no hay cambios de fondo. Seguramente seguirá la persecución contra la oposición”.

En otras palabras, Ortega aprieta más la tuerca y aferra aún más el aparato represivo de su régimen a Nicaragua, continuando por la vía del autoritarismo. “Hay un relevo en el que el sandinismo busca renovar su imagen, pero se trata de más de lo mismo, de ninguna manera es un cambio democrático”, cuenta Jaramillo.

Ahora cabe preguntar si contra los candidatos sandinistas entrarán en competencia opositores que pretendan demostrar su idoneidad y traten de hacer un contrapeso a un Ortega cuya cúpula controla por completo el poder en Nicaragua.

Vale recordar que en un intento de hacer frente al régimen, el opositor Félix Maradiaga, candidato a las elecciones presidenciales de 2021, en las que Ortega salió reelecto, fue detenido por las autoridades acusado de “delincuencia organizada y financiación del terrorismo”. Maradiaga hace parte de los opositores apátridas que expulsó el régimen hacia Estados Unidos a inicio de 2023.

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“Entran en carrera (candidatos a la Fiscalía) para enviar señales de pluralismo y competencia limpia. Pero es fachada. La manera como Guido fue mantenida por el régimen es un premio por defender la revolución”, continúa Jaramillo.

De momento no se conocen los nombres en la baraja para sustituirla, mientras que de hacerse efectiva su salida del cargo, todos sus caminos conducirían a la Corte Suprema de Justicia. “No creo que la decisión sea descontento con ella, sino al revés. Hay que recordar que en este momento la Corte Suprema de Justicia tiene vacantes; solo tiene a 10 de sus 16 magistrados. Entonces, hay que esperar las propuestas que hagan para ocupar la Fiscalía”, afirmó una fuente judicial a El País.

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