Otro sexenio de impunidad: Ayotzinapa, el expediente inconcluso

El paso del tiempo sigue castigando severamente a las víctimas del caso Ayotzinapa, la investigación todavía abierta sobre la violenta desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, en México, el 26 de septiembre de 2014. En esta década, una madre y cuatro padres de los desaparecidos murieron sin encontrar verdad, reparación ni consuelo de ningún tipo.

El paso del tiempo sigue castigando severamente a las víctimas del caso Ayotzinapa, la investigación todavía abierta sobre la violenta desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, en México, el 26 de septiembre de 2014. En esta década, una madre y cuatro padres de los desaparecidos murieron sin encontrar verdad, reparación ni consuelo de ningún tipo.

En el marco de un nuevo aniversario de esta tragedia, el saliente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les aseguró a las familias que en su sexenio se “avanzó”, aunque “no como quisiéramos”, y que “se aclararon varias cosas”. Sin embargo, las palabras del mandatario han despertado escozor en las heridas aún abiertas de estas familias, que consideran que el mandatario, quien prometió resolver el caso cuando era candidato, ha tratado de exculpar a las Fuerzas Armadas de su presunta participación en el crimen.

“Creo que los militares ganaron la partida. Es cierto que cuando la investigación empezó a toparse con pruebas objetivas de la colusión militar con la criminalidad organizada, de elementos del Ejército muy en específico, la investigación fue perdiendo apoyo y creo que, en la mesa, ganó la posición militar”, aseguró Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, organización defensora de derechos humanos, al medio mexicano Proceso.

Aguirre agrega que esta posición de López Obrador responde a la necesidad que tuvo el presidente de apoyarse en los militares para llevar a cabo su proyecto político, y que por eso permitió que la investigación fuera congelándose de nuevo. Pero ¿cómo justificar esa hipótesis?

Todo empezó bien. El presidente le había encomendado la investigación del caso a Alejandro Encinas, quien estaba al frente de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa y hoy es subsecretario de Gobernación. Encinas formó equipo con el fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, y la ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, así como el médico español Carlos Martín Beristain.

Al inicio del sexenio, el equipo empezó a entregar resultados sorprendentes y aplaudidos por las familias de las víctimas. En primer lugar, se desacreditó la llamada “verdad histórica” —término adoptado por Jesús Murillo Karam, exprocurador general—, que entregó el expresidente Enrique Peña Nieto y aseguraba que los estudiantes habían sido asesinados y quemados por un grupo criminal.

Detrás de ese tremendo golpe, que hizo que el caso tomara otro rumbo, estuvo el propio Encinas, quien recibió la confesión clave de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, luego de haberle prometido cierta inmunidad. Zerón de Lucio dijo que Peña Nieto había fabricado esta teoría en su oficina en Los Pinos, con colaboración de sus secretarios de Defensa, Marina, Gobernación y el director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN). Todos los funcionarios habrían recibido la instrucción de difundir la hipótesis del asesinato e incineración de los estudiantes.

Pero en 2022, cuando Encinas y Gómez Trejo dejaron el cargo, se empezó a ver el cambio. El presidente había dado la instrucción de que se abrieran los archivos más sensibles de este caso, así como todos los archivos relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990. Pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no siguió la instrucción.

Según Aguirre, hubo una instrucción militar en conjunto para no acatar la decisión presidencial. ¿La razón? Había pruebas que indicaban que elementos del Ejército mexicano proveían de armas al grupo Guerreros Unidos, acusados de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. El Ejecutivo no recriminó a la Sedena porque, para entonces, el Gobierno había cerrado filas con los militares para ejecutar su proyecto político. Y entonces la investigación perdió el impulso que tuvo al principio del gobierno.

“Inicialmente, para evitar un poco estas situaciones de desconfianza con el Gobierno, volvieron a involucrar autoridades forenses internacionales, que también se quejaban de que no había suficiente información para hacer una investigación real con la administración anterior. Este Gobierno hace campaña con resolver este caso y al final les queda mal, casi que los traiciona, pues terminó haciendo exactamente lo mismo que el gobierno anterior: dando verdades a medias, entregando informes con más de la mitad de los datos tachados, y lo que queremos saber es la verdad. Hoy en día, no hay ninguna información que sea totalmente verídica y más bien solo rumores y percepciones. La más popular es que hay una coalición entre el Ejército, por cierto, muy socorrido por este Gobierno, que le encargó más tareas que las de uno tradicional, lo que fuerza esa especulación de que hay un encubrimiento”, comenta Laura Valencia Escamilla, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.

En el décimo aniversario de la tragedia, López Obrador volvió a exculpar al Ejército de responsabilidades en una carta a las familias de las víctimas y en uno de sus discursos matutinos. Indicó que los militares que “pudieran” estar involucrados en el caso ya enfrentan cargos penales y solo son culpables de omisión. Además, aseguró que la razón de involucrar a los militares en el crimen solo responde a una urgencia de desestabilizar al país desde el exterior.

“¿A quiénes les conviene que tengamos un Ejército debilitado, sin autoridad, no solo Fuerzas Armadas debilitadas, instituciones nacionales debilitadas, la institución presidencial? Pues a los poderes extranjeros, a las hegemonías. Porque una autoridad nacional sin fortaleza, pues es como una hoja seca; no puede defender los interese de la nación”, dijo el mandatario.

Sobre estas palabras, Fabián González, uno de los principales líderes del movimiento estudiantil que integra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, indicó que solo reflejan el desinterés de cualquier Gobierno en buscar la verdad. “Estos gobiernos no van a hacer nada, simplemente hacen cortinas de humo, inventan esto y lo otro, mas no hay ningún caso resuelto, cuando se toca al Ejército (...) ahí paran las investigaciones, por eso no confiamos en ningún Gobierno”, declaró a EFE.

La profesora Valencia indica que esta postura hace que, “una década después, el malestar siga vivo y muy presente en la comunidad estudiantil, tanto que acuden muchas veces a manifestaciones violentas, y esto se debe a que nadie les ha dado una respuesta fidedigna”. El martes, un grupo de manifestantes por el caso Ayotzinapa lanzó petardos al Senado mexicano, que tuvo que ser evacuado. La herida sigue abierta para las familias y la comunidad estudiantil de México y además dibuja un panorama pesimista en materia de derechos humanos en el país, donde las desapariciones siguen aumentando y la impunidad continuó siendo la norma. Ya no se podrá leer el caso Ayotzinapa sin la clave de la militarización de México durante el sexenio de López Obrador.

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