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Panamá se enfrenta a la mayor crisis política desde la transición a la democracia, con manifestaciones y concentraciones masivas y cierres en las principales vías por toda la geografía del país, lo que está generando desabastecimiento en comercios y gasolineras, cierres de colegios y universidades, y grandes pérdidas económicas, según la Cámara de Comercio. También han emergido piqueteos ante la mina y escraches a representantes políticos, incluyendo en la residencia del presidente de la República, en la provincia de Colón.
El pasado viernes 20 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó, en tercer y último debate, el contrato con Minera Panamá (filial perteneciente a la empresa canadiense First Quantum Minerals), sancionando la Ley 406. Este proceso de aprobación fue relámpago, en dos días, y haciendo caso omiso de diversos sectores de la población, lo que ha generado el rotundo rechazo popular. La respuesta fue rápida, con la convocatoria de una protesta nacional el domingo 22 de octubre, organizada por colectivos como Suntracs (el mayor sindicato de trabajadores de la construcción), Asoprof (gremio docente) y Sal de las Redes (organización juvenil), además de decenas de otras organizaciones, con el objetivo de que se derogara la Ley 406 y se aprobara una moratoria minera.
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Las protestas denuncian el impacto ambiental de la actividad minera a cielo abierto en el país y señalan que el contrato contiene ventajas arbitrarias para la empresa, como la posibilidad de expropiar terrenos dentro y fuera del área adjudicada, exenciones fiscales, manejo de puertos y aeropuertos y la falta de fiscalización estatal, entre otras. Ante una gran parte de la ciudadanía, dichas ventajas hacen entender este proyecto minero como un enclave colonial controlado por un poder extranjero, lo cual tiene claros ecos de las luchas del siglo pasado por la recuperación del Canal. Frente al rechazo masivo, el Gobierno planteó que el contrato minero es una oportunidad para hacer el pago de las pensiones, en un contexto de problemas financieros de la Caja del Seguro Social.
Un país caracterizado por su estabilidad política y la ausencia de grandes conflictos, al cual Ricardo Arias Calderón, exvicepresidente de la República, definió en los años 90 como “un país no confrontacional”, en 16 meses ha sufrido dos de las mayores movilizaciones de su historia. El auge de las protestas no es ajeno a las largas cuarentenas por el covid-19, unas de las más estrictas de la región, lo que influyó en un retroceso del 17,9 % del PIB. Según el informe del BID “Impacto social de la pandemia en Panamá y análisis de eficiencia de los programas de transferencias monetarias”, la pobreza aumentó en el país un 12,5 % y la pobreza extrema creció un 6,8 % en 2020; la clase media se desplomó, encogiéndose en casi un 11 %, al tiempo que el índice de Gini aumentó en 3,8 puntos, dejándolo en 54,1. Sin embargo, más allá de los efectos socioeconómicos, algo parece haberse roto en el orden social durante las cuarentenas: como una especie de terremoto, las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia exacerbaron otros déficits, como la suspicacia frente al mal manejo de los fondos públicos. En la II Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS (2021), la corrupción pasó a ser percibida como el principal problema del país. La pandemia tuvo un efecto desestabilizador en el orden social panameño, dificultando su normal reproducción y dificultando que determinadas inercias y funcionamientos continuaran operando.
En julio de 2022, por el alza de los precios, se desataron protestas por todo el país y se establecieron las grandes alianzas de profesionales, maestros, doctores, trabajadores de la construcción, indígenas y ciudadanos anónimos. Pero en el caso de las manifestaciones de octubre de 2023, a estas alianzas se unieron incluso sectores más acaudalados, realizándose manifestaciones en barriadas de alto estatus socioeconómico, como Clayton. Y no solo existen estas irrupciones inesperadas, sino que incluso gremios como los médicos y abogados han realizado concentraciones contra el contrato minero, dotando las movilizaciones de un carácter transversal. A su vez, es destacable el rol de los jóvenes que han liderado muchas de las marchas y manifestaciones. La juventud panameña manifiesta en los estudios de opinión un alto grado de desvinculación con la democracia, las instituciones y los mecanismos tradicionales de participación política, pero expresan un alto grado de conciencia medioambiental, priorizando en mayor medida que el resto de los grupos etarios la protección de la naturaleza por encima del crecimiento económico, teniendo en cuenta que es masiva esta conciencia en todos los grupos de edad, según la Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS.
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Además de una mayor transversalidad en las protestas, la presencia de nuevos actores o del destacado rol de los jóvenes, la principal diferencia entre las movilizaciones de julio de 2022 y las de octubre de 2023 es que en el primer caso el objetivo era afirmativo propositivo, con la demanda de medidas como la rebaja del combustible, la canasta básica y la energía, la petición de cumplir con la inversión educativa comprometida y la mejora de la accesibilidad a los medicamentos, entre otras medidas. A diferencia de aquellas, las nuevas protestas se caracterizan por la oposición, el rechazo del contrato minero, la objeción al extractivismo y la impugnación a una forma de gobernar que sigue intereses espurios; es decir, contienen un gran no. Este tipo de negación hace difícil que operen los permanentes arreglos particulares y aislados que han protagonizado las fórmulas de solución de los conflictos, una lógica transaccional que ha entrado en crisis y no es operativa, ya que no es capaz de atender a la solución colectiva y general que pide la población.
Antes de la pandemia, Panamá tenía un exitoso modelo económico en términos de crecimiento que pivotaba sobre la ampliación del Canal y las externalidades que este generaba, pero concluida la ampliación, tras la muerte de la gallina de los huevos de oro, ¿cuál debería ser el siguiente modelo? Las fuertes protestas apuntan a que la población no quiere la minería, pero si no es el extractivismo el modelo que dará respuesta a la demanda de un desarrollo económico sostenible, la necesaria atención a las deudas sociales históricas y al imperativo de una gobernanza transparente, sin intereses espurios y que genere confianza, entonces una de las preguntas más importantes que la sociedad panameña debe responder, en especial en vísperas de las elecciones generales de 2024, es cuál sería la alternativa.
* Investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP (Panamá). Doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Experto en estudios de opinión pública.